Tilcara: nuevo desalojo a medida de un fenomenal negociado inmobiliario

Escribe Iñaki Aldasoro

Tiempo de lectura: 3 minutos

El lunes 15 de enero se produjo un violento desalojo policial de varias familias en el barrio Radio Estación de Tilcara que culminó con la detención de nueve personas. Las familias se encontraban instaladas en los terrenos del viejo ferrocarril que ahora el gobierno busca reflotar con fines turísticos y asociado a un gran negociado inmobiliario. Este desalojo se suma a otros que se sucedieron en las inmediaciones de Purmamarca y en Maimara, estaciones intermedias entre el primer tramo que va de la ciudad de Volcán a Tilcara.

Se trata de familias que viven hace 15, 20 o 30 años en esos terrenos, luego de la privatización del ferrocarril y del cierre de los ramales. En esos terrenos en desuso el propio Estado provincial dispuso en su momento instalar oficinas de gobiernos y habilitó iglesias, mercados, etc. Se habló de oferta de reubicaciones y de la construcción de viviendas para las familias damnificadas pero las promesas se fueron disolviendo hasta llegar a este desenlace provisorio.

El tren de la discordia

La vuelta del Tren de la Quebrada fue anunciado por Gerardo Morales apenas asumió. Recién ocho años después, al finalizar su segundo mandato, pudo inaugurar un recorrido mínimo para la prensa.

La reactivación del tren que debía servir para conectar a los pueblos de la Quebrada, y su extensión posterior a La Quiaca y eventualmente también para abaratar los costos de fletes a todo el norte, ha culminado en una millonaria compra a China de un tren solar de sólo dos vagones y 70 plazas con fines únicamente turísticos. El precio estimado será de 40 dólares el tramo, completamente ajeno a las posibilidades de la población local.

Con el argumento del paso del tren, el gobierno ha ordenado desalojar los terrenos lindantes a las vías en todas las ciudades de la Quebrada. Este corredor es un bocado de cardenal para el gran capital vinculado al turismo. Se proyecta la instalación de confiterías, hoteles boutique y centros comerciales.

Otro tanto ha ocurrido con el anuncio de la construcción de la nueva terminal de ómnibus en Tilcara, donde el gobierno ha desconocido la titularidad de terrenos linderos por parte de familias establecidas hace décadas en el lugar.

La explotación y usurpación de las tierras por parte del gobierno provincial ha sido premeditado y planificado. El gobierno emitió un decreto declarando la suspensión de todo proceso para regularizar trámites por prescripción adquisitiva sobre inmuebles de propiedad del Estado provincial, sean estos de índole pública o privada (Boletín Oficial de Jujuy Nro. 106, 20/9/23) de cara a esta avanzada que busca armar un gran negociado inmobiliario empezando por terrenos en la Quebrada de Humahuaca -declarado patrimonio cultural de la humanidad por UNESCO en 2003- pero extensivo a toda la provincia. El gobierno de Sadir ha decidido continuar con la política de favorecer estos grandes emprendimientos.

El gobierno ha propuesto, luego de largas negociaciones, la reubicación de las familias, pero en condiciones más gravosas: Del anuncio de vivienda terminadas con todos los servicios han pasado a ofrecer casa alejadas sin terminar y sin los servicios básicos, un lote del Plan Mejor Vivir o directamente material para que sean las propias familias quienes se hagan cargo de la construcción de su vivienda.

La explotación inmobiliaria y turística ha profundizado la expulsión de las familias originarias de los pueblos de la Quebrada, acrecentando la pobreza y creando divisiones en todos los pueblos. Las familias pierden su vivienda y se tienen que retirar a zonas alejadas del pueblo.

Los vecinos reubicados de Purmamarca, por ejemplo, han reclamado que al menos sean contratados para los emprendimientos que se van a realizar en las inmediaciones de las vías, planteo que no ha sido tomado en cuenta por las autoridades ni por los capitalistas que piensan invertir en la zona.

La represión y desalojo del gobierno provincial están al servicio de un gran negociado inmobiliario con tierras que han quedado dentro del eje urbano de ciudades con fuerte explotación turística en la Quebrada,

Desde Política Obrera reclamamos la inmediata liberación de todos los detenidos, el cese de los desalojos y la represión, la devolución de la tierra y las viviendas a los habitantes originarios y denunciamos la complicidad de los partidos del régimen en esta operación de apropiación ilegal de tierras en beneficio de grandes capitales que se van a apropiar de un botín incalculable, con una explotación comercial que es completamente ajena a las necesidades de sus pobladores originarios.

LEER MÁS:

Jujuy: nueva avanzada represiva contra las libertades y derechos democráticos El Regimen de Morales incorpora el delito de opinión. Por Iñaki Aldasoro, 06/01/2024.

Jujuy: la Corte Suprema avala la reforma reaccionaria de Morales Por Iñaki Aldasoro, 27/12/2023.

Suscribite a Política Obrera