El Congreso, ¿representa la “voluntad popular”? Solano dice que sí

Escribe Miguel García (San Juan)

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Un fiscal K, ex titular de la causa AMIA en tiempos de CFK y abogado de Boudou, Alejandro Rua, dio amplia difusión aprobatoria al siguiente tuit de Gabriel Solano: “El pedido de CFK a la Corte Suprema para habilitar las sesiones virtuales en el Senado es muy negativo. Es someter al Congreso a un órgano del Estado que no ha sido electo por la voluntad popular” (sic).

La satisfacción del fiscal no podría ser más obvia. Cuando la misma Constitución de Argentina declara que “el pueblo no delibera ni gobierna” en forma autónoma y directa, “sino por medio de sus representantes”, sólo un apologista del estado burgués puede sostener que el Congreso sea el órgano de la voluntad popular. Se trata, como ya lo habían señalado los descamisados (“sans-culottes”) de la Revolución Francesa, en un órgano de confiscación de la voluntad popular. Solano, para colmo, ensalza al Senado, que opera como un órgano de las oligarquías provinciales, al cual el PTS propone suprimir.

Para los marxistas la soberanía popular recae en órganos electos y revocables, en el marco de un régimen político asentado en la autonomía de la clase productora, los trabajadores. La declaración de Solano constituye un repudio al estado de los consejos o juntas obrero/as. A la dictadura del proletariado. Cuando un político revolucionario juzga inadecuada la circunstancia para hacer comprender este problema, debe dejarlo para otro momento, pero no defender al adefesio de la democracia capitalista. Como posdata se debe decir que el término democracia burguesa le queda grande a un sistema político que se rige por numerosísimas leyes dictadas por dictaduras, y que puede gobernar con DNUs.

Solicitar la venia de la Corte Suprema sigue la lógica del régimen presente, que está constituido por tres poderes. Sólo bajo el gobierno obrero la Justicia deja de ser un órgano político que puede interferir en las decisiones de la asamblea. El poder judicial es político porque tiene asignada la declaración de constitucionalidad de las leyes. Sólo entonces la Justicia es realmente independiente, y puede ser electa y revocable. Elegir a la Justicia, en cuanto, órgano político por el sufragio popular sufriría la contradicción de que el mismo pueblo designaría a la vez mediante el voto a dos órganos o tres, si se incluye al Ejecutivo, potencialmente rivales entre sí. Todos los tres responderían al mismo partido. La declaración de “certeza” que la vicepresidenta solicitó a la Corte, procuró evitar decisiones que luego podían convertirse en nulas por sentencia judicial.

Se escucha decir que las redes marean a quienes abusan de ellas. En este caso, sin embargo, no sirve de justificación, porque ningún socialista puede darle pasaporte de voluntad popular al régimen política del capital. Hecho esto: ¿quién podría llamar, con cierta coherencia, a su derrocamiento? Esta enésima ‘gaffe’ de Solano ilustra que la lucha de tendencias en el Partido Obrero es un asunto muy serio.

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