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La ley de narcomenudeo, una de las medidas del paquete legislativo que hizo aprobar el Gobernador Maximiliano Pullaro a inicio de su mandato, debutó con un escándalo. El comisario Juan Ochoa, jefe de la Unidad de Microtráfico de la Policía de Investigación de Santa Fe (PDI), fue apartado del cargo y pasado a disponibilidad.
La reprimenda llegó luego que de que la fiscal, Karina Bartocci, comenzara a investigar una causa en la que Ochoa está acusado de “haberse apropiado ilegítimamente de parte de un secuestro que tenía en la esfera de su custodia, consistiendo en la suma de US$2600, y haber depositado en el banco a la cuenta de la investigación dinero falso a cambio del dinero apropiado con el fin de ocultar el hecho”.
La causa había comenzado a partir de una denuncia anónima que ingresó a la Subsecretaría de Control por “faltante en un secuestro realizado el 7 de enero pasado, cuando personal policial realizó un procedimiento por violencia de género en un domicilio donde se secuestró material estupefaciente, pesos, dólares y euros”. De acuerdo con lo que trascendió en los medios, los materiales secuestrados los trasladaron a la sede de PDI, con actas de procedimiento y cadena de custodia con la correspondiente firma de testigos. Pero, posteriormente, se detectó que la bolsa donde se encontraban los dólares se encontraba violentada. Tareas investigativas y pericias determinaron el faltante de un monto de dólares del secuestro y que habían sido sustituidos por fotocopias de billetes.
Sin embargo, tras un allanamiento en el domicilio del imputado, no se pudo encontrar el dinero. Es por eso que esperará el juicio en libertad.
El zorro cuidando a las gallinas
Más allá de si Ochoa cometió o no el delito, cómo hemos señalado en Política Obrera, estamos ante una verdadera impostura política. Con la sanción de la ley de narcomenudeo, cada vez que se encuentra un búnker de drogas, algún sujeto con pequeñas dosis para la comercialización deja de ser un asunto federal para pasar a ser de la órbita provincial.
Es decir, el mismo Estado que organiza y ampara el narcotráfico es quien ahora debe “combatir” la comercialización de drogas y la tenencia de estupefacientes. En un montón de causas está comprobado que la policía de Santa Fe está metida hasta las narices, no solo en el narcotráfico sino en otras asociaciones ilícitas. Tanto es así que el polémico exministro de Seguridad, Marcelo Saín, había mencionado en su momento que “las organizaciones (delictivas) controlan sectores de la policía y dan órdenes. Los policías están subordinados a los líderes de las bandas criminales, no establecen las reglas del juego”. Por otro lado, el Ministerio Público de la acusación tiene antecedentes de fiscales depuestos de sus cargos por cohecho involucrados en asociaciones ilícitas. La ley de narcomenudeo es poner al zorro a cuidar a las gallinas.
Al momento, Maximiliano Pullaro, a pesar de su declaración de guerra al tráfico de drogas no puede dar cuenta de ninguna victoria. En el Gran Rosario, la violencia narco está que arde. Tiroteos a sedes policiales, escuelas, centros de salud y comerciales, asesinatos al voleo o intentos de homicidios, para dejar mensajes intimidatorios son el resultado de una política de seguridad totalmente errada.
Pullaro busca cortar el hilo por lo más delgado. Mientras tanto, en los puertos privados de Rosario y el cordón Industrial de San Lorenzo, entra y sale droga casi sin ningún tipo de control. El capital inmobiliario y financiero, sumado a los casinos que han proliferado en la provincia, ha hecho negocios estupendos lavando el dinero de esta acción delictiva. Como se ve, el Estado mira para el otro lado, en vez de atacar la verdadera palanca del narcotráfico.
