Por una huelga general docente para derrotar la ofensiva antieducativa de Milei y los gobernadores

La docencia enfrenta una ofensiva histórica sin parangón. La motosierra de Milei apunta vertebralmente sobre los salarios docentes, sus derechos establecidos y la educación pública, con el acompañamiento del plantel completo de los gobernadores y la mayoría de legisladores que apoya la ley ómnibus y la vigencia del DNU. El capítulo educativo tiene acuerdo pleno de los bloques mayoritarios. La hiperinflación en curso continúa destruyendo los salarios y jubilaciones, Las provincias desconocen acuerdos paritarios ya vigentes o decretan aumentos miserables en un marco hiperinflacionario. La parálisis de la CTERA es proporcional a estos ataques.

Disolución de la paritaria nacional docente

La reforma del artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo elimina la paritaria docente nacional. El salario mínimo docente en todo el país -fijado en $250.000 por cargo a fines del 2023- sería definido ahora unilateralmente por el Consejo Federal de la Educación, integrado por los ministros de Educación de las provincias. Se acabarían los aportes nacionales –no remunerativos- que integran el salario docente (Incentivo Docente, Material didáctico, conectividad), y otros fondos compensadores. En la paritaria nacional se establecía un mínimo para todas las provincias, muchas de las cuales no lo alcanzaban sin la ayuda de fondos nacionales. Asistimos a la estocada final del desentendimiento completo del Estado nacional en la educación.

CTERA y otros sindicatos docentes nacionales de la CGT han decretado un “estado de alerta y movilización” ante la votación de esta ley ignominiosa en el Congreso, que se ha revelado completamente estéril. No han siquiera movilizado al Congreso cuando inició sesiones extraordinarias. .

Paritarias provinciales y lucha docente

Cuando comienza el año electoral 2024, todavía no se ha cumplido con lo dispuesto en las paritarias de 2023. Santa Fe y Córdoba han rechazado pagar las cláusulas de actualización por inflación. La UEPC de Córdoba convocó a una movilización. En Catamarca, una intersindical docente declaró una huelga. El CISADEMS de Santiago del Estero ha convocado también una movilización. En La Rioja, hubo manifestaciones de docentes y estatales contra el pago de salarios por medio de una cuasimoneda.

Las provincias siguen la pauta del 16% cerrada por Milei con ATE a nivel nacional. En Rio Negro, el pago en fue rechazado por el sindicato UNTER. En Buenos Aires, Kicillof clausuró las reuniones paritarias con un amento por decreto a la baja, con la complicidad de la burocracia del FUDB. Sáenz, en Salta, otorgó aumentos sobre salarios del año 2022.

Muchas provincias ya tienen su propio régimen unilateral para fijar el salario docente, incluyendo bonos en negro. En Santiago del Estero no hay paritaria sino una “mesa de diálogo”. Los gobernadores invocan una “asfixia presupuestaria” por la merma en la coparticipación. El gobierno nacional ha congelado presupuestos, entre ellos educativos y, recientemente, ha prohibido que el Banco Central adelante fondos para pagar sueldos a trabajadores estatales. Pero los gobernadores sí han movido cielo y tierra para que el gobierno retire el paquete fiscal que aumentaba los derechos de exportación. Para los trabajadores, y al igual que Milei, los gobernadores dicen “no hay plata”.

Las obras sociales docentes están cancelando prestaciones y coberturas. El FMI reclama la anulación de los regímenes previsionales, como el docente. Por todos lados proliferan contrataciones docentes fuera de los estatutos establecidos, incluyendo la adopción del régimen de monotributos.

En Buenos Aires se presenta el mayor lastre de la burocracia. Baradel quiere blindar a Kicillof que echó mano a su propio decreto contra docentes y estatales. Ha amenazado con la expulsión del sindicato a las seccionales que convocaron a paros generales al final del año.

La “esencialidad” de la educación

La educación como un “servicio esencial” está comprendido en el DNU y luego fue trasladado a la ley ómnibus, en represalia por el amparo otorgado al capítulo laboral del DNU. Cercenar el derecho de huelga, al obligar a garantizar el “servicio” en un 75% en los establecimientos.

Kicillof y Baradel han arremetido con descuentos y sanciones a las huelgas del 2023. Sáenz y Morales echaron mano a protocolos represivos luego de las huelgas docentes autoconvocadas. En Santa Cruz, ADOSAC ha sido objeto de multas millonarias por desconocer la “conciliación obligatoria” que llamaba a deponer las huelgas decretadas.

El carácter “esencial” de la educación ya había sido manifestado en ocasión de la pandemia. “Que se abran las escuelas” , fue el lema de las patronales educativas y de toda la clase capitalista que requería el funcionamiento escolar para volver a la “normalidad” económica, o sea a los negocios. Nuestra corriente docente enfrentó este ataque con la consigna: “nuestras vidas están primero”.

Como se ve, esta esencialidad es una farsa que supone que el trabajador de la educación es exactamente lo contrario: un elemento descartable, mal remunerado y obligado a trabajar en las peores condiciones sin derecho a protestar. En el ballotage, Massa presentó su compromiso de imponer un “presentismo” docente que CTERA avaló. Pullaro en Santa Fe extorsiona la paritaria invocando que los aumentos están condicionados por el “ausentismo” docente.

Reformas antieducativas y laborales

La ley ómnibus mantiene numerosos ataques a los docentes y la educación. Es el caso de la implementación de un “un examen censal obligatorio que mida los aprendizajes adquiridos y las capacidades” para los estudiantes que completen sus estudios secundarios puedan ejercer la docencia como un título “complementario” a los oficiales. La ley ómnibus “permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo”. Los parámetros de estas evaluaciones estarán a cargo de las empresas. Los padres podrán “comparar” el rendimiento que tienen los alumnos, lo cual sienta las bases para presupuestos diferenciados por escuela o, eventualmente, los vouchers educativos.

Las evaluaciones se implementarán también sobre la docencia, y los salarios se diferenciarían “por resultados”. Se abole el principio de igual tarea, igual remuneración. Constituiría de facto una modificación en el escalafón del Estatuto Docente, que sólo diferencia por antigüedad. Los meritocráticos y productivistas no asumen la responsabilidad de la crisis educativa, que ha sido sacrificada en el altar del pago de la deuda pública.

La necesidad de una huelga general educativa

La unión del gobierno nacional, en el propósito de liquidar la paritaria nacional y el derecho al convenio colectivo en todos los distritos, plantea la necesidad de organizar una huelga general.

La CTERA ha sido interpelada; su respuesta ha sido esperar el trámite legislativo y judicial del paquete libertario. “Esperar hasta que aclare”, decía Perón; “esperar al 2025", dice Cristina K. La burocracia de CTERA y de las provincias llega a este momento luego de un meticuloso trabajo de división de la docencia nacional y entre enseñanza pública y privada. Estamos en el tramo final de un ‘laborioso’ esfuerzo de liquidación del sindicalismo docente.

Con esta caracterización de la situación y con el señalamiento de una perspectiva de lucha victoriosa, exigimos que CTERA convoque a un congreso de delegados con mandato –como ocurre en Santa Fe. Llamamos, con este enfoque, a renovar los “encuentros nacionales” de los sindicatos que se delimitan de la burocracia sindical oficial, para coordinar acciones de agitación, organización y lucha. Para derrotar y enterrar a la ‘motosierra’ de la reacción política y oscurantista, es inevitable la huelga general. El inicio del año escolar se da en este contexto político y sindical. Sólo con un plan de agitación independiente será posible escuchar la voz, los planteos y la disposición de lucha del conjunto de la docencia de Argentina –la que trabaja en el Estado y en las escuelas y colegios privados y arancelados. La docencia ocupa la totalidad del territorio nacional –a través de ella se habrá de manifestar la tendencia de lucha del conjunto de las masas trabajadoras.

Nuestro programa

-Abajo la ley ómnibus y al DNU, por su retiro completo. No a la disolución de la paritaria nacional “testigo”. Por una paritaria nacional conjunta de todas las provincias con un pliego de reivindicaciones decidido por la base.

• Aumento de salario al básico del 100%, por cargo docente. Salario inicial igual al costo de la canasta familiar por cargo indexado por inflación quincenalmente. Defensa de los regímenes jubilatorios en términos y de los Estatutos del Docente. Paritarios electos por la base.

-No al vaciamiento de las obras sociales docentes. Que el Estado reponga integralmente las prestaciones, gravando al gran capital bajo control de trabajadores y jubilados docentes electos.

-Por la preparación de una huelga general.

-Por una educación abierta, laica, libre, internacionalista y socialista. Por un gobierno de los trabajadores.

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