Escribe Raquel Grassino
Asamblea General para organizar el no inicio.
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En la provincia de Tucumán, la docencia está convocada por el gobierno a retomar la concurrencia a las escuelas para el 14 de febrero. El comienzo de las clases está previsto para el 1° de marzo. El inicio de clases, sin embargo, está cuestionado. El salario básico docente es de 67 mil pesos; un básico de extrema indigencia. Todos los ítems que tienen precisamente como punto de referencia al básico (aguinaldo, antigüedad, zona, etc.) no se modificaron. El salario de bolsillo para el docente que recién se inicia alcanza a los 245 mil pesos. Esto cuando oficialmente se ha señalado que el ingreso de una familia en diciembre para no caer en la pobreza debía ser de 500 mil pesos.
Frente a esa realidad, ya con Jaldo como gobernador a partir de noviembre y teniendo el balotaje por delante, el gobierno provincial otorgó un bono no remunerativo de 40 mil pesos para noviembre y diciembre. La dirigencia del principal gremio docente de Tucumán (ATEP) en ese momento saludó esa medida. Es más, la dirigencia docente durante todo el 2023 estuvo de furgón de cola de las políticas salariales y educativas del gobierno Manzur-Jaldo. Durante el proceso electoral que consagró a Jaldo como nuevo gobernador, los principales dirigentes docentes festejaron el triunfo jaldista. Se sacaron fotos y, en paralelo, paralizaron todas las inquietudes de la docencia que veía cómo la inflación creciente hundía el poder adquisitivo de los salarios.
Ahora, según las propias afirmaciones del secretario general de ATEP, Hugo Brito, la situación salarial de los docentes es crítica. Sostuvo que “hay que elegir entre comer, pagar los servicios o el transporte. Subieron el boleto y el combustible. Vemos muy difícil comenzar las actividades si no hay una recomposición salarial por estos días”. Según Brito, con la última suba salarial, que fue en octubre, se acumuló en el año un incremento del 78% en el básico y de alrededor del 110% con las sumas fijas. Debido a que la inflación del año pasado estuvo cerca del 211%, la dirigencia gremial plantea un aumento del 100% para que “se cierre el año pasado según la inflación para poder discutir sobre 2024”.
Esta misma dirigencia, sin embargo, levantó “el plan de lucha” que inició en los primeros días de agosto de 2023 con un paro y una movilización que superó los 20 mil docentes. Estaban dadas las condiciones para arrancar el reclamo salarial en curso. En lugar de ello, la dirigencia aceptó la conciliación obligatoria y luego, con mil maniobras, fue bloqueando cualquier reacción de la docencia.
Frente a la inflación desbordante de enero y febrero, el gobierno extendió el pago del bono de 40 mil para enero, que se hará efectivo después del 10 de febrero, y planteó que la discusión paritaria se iniciará el 19 de febrero pero que llevará tiempo hasta que se defina la situación fiscal del país y los ingresos que tendrá la provincia.
La FUDE (Frente de Unidad Docente Estatal) integrada por ATEP (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales); APEMyS (Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior); y la UDT (Unión Docentes Tucumanos), pidieron una reunión al gobierno para la próxima semana, planteando que “resolver el cierre del acuerdo paritario de 2023 es condición necesaria para comenzar a discutir las condiciones laborales y salariales de la docencia para el año en curso”.
La dirigencia sindical ha radicalizado su discurso, pero no ha dado ningún paso efectivo para encarar una lucha en serio. En oportunidad del paro de la CGT del 24 de enero, solo se hicieron presentes con un pequeño grupo de dirigentes. Ahora, no han dado ningún paso para convocar a la docencia a deliberar y resolver los pasos a seguir. Ya han demostrado que, frente a las decisiones del Ministerio de Trabajo, están dispuesto a acatar todas sus resoluciones de conciliación.
Todo el escenario que se ha creado plantea la necesidad de realizar asambleas escolares y fijar claros mandatos de reclamos y de lucha a partir del propio 14 de febrero: por aumento de emergencia del 100% del básico, indexado mensualmente, aumento presupuestario para poner las escuelas en condiciones, asamblea general que designe los paritarios con mandatos y no inicio de las clases hasta que respondan a los reclamos.
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