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La cuestión de las excarcelaciones de presos en medio de la pandemia ha dado lugar a una agitación política cuyo significado excede por mucha al problema de origen.
La oposición derechista ha salido a denunciar una “liberación masiva de presos peligrosos”. Los liberados en la provincia de Buenos Aires serían entre 500 y 1.500, según la fuente que se considere, una cifra que representa entre el 1 y el 3% de la población carcelaria del distrito, que llega a la friolera de 50.000 detenidos. La información también difiere respecto de la composición de los liberados: dirigentes opositores han denunciado la inclusión de condenados por delitos violentos, algo que desde la justicia niegan. En el caso del penal de Devoto, un motín de los presos terminó con un acuerdo dirigido a estudiar la situación de 400 casos que tienen condenas inferiores a 3 años y no incluyen delitos violentos.
Según los especialistas, la propagación del coronavirus en las cárceles tendría una intensidad de entre 8 a 10 veces superior a la de la circulación corriente, lo que convierte a los presidios en una verdadera bomba sanitaria. La cuestión de la evacuación parcial de las cárceles ha estado a la orden del día en todos los países afectados por la pandemia. En Argentina, se agrava por el estado de hacinamiento y superpoblación de las cárceles. Una infección masiva en ellas terminaría por colapsar a la débil estructura sanitaria del país, y convertiría a la cuarentena en papel mojado. La cuestión de una salida parcial de presos -aquellos con condenas menores o razones de riesgo- se impone como necesidad sanitaria.
Pena de muerte no declarada
Aunque la crisis parece oponer al gobierno con la oposición seudorepublicana, la voz más recalcitrante contra cualquier liberación parcial partió de las filas oficiales, en la figura de Sergio Berni. “Por mí, que se queden todos adentro”, sentenció. Naturalmente, ni Berni ni todos los que piensan como él ignoran el destino de los detenidos en medio de un contagio masivo.
La oposición principista a la salida de los presos comporta un endurecimiento no declarado del régimen penal y, en cierto modo, la introducción de facto de la pena de muerte en ese régimen. Por la vía sinuosa de un debate sobre los presos, se introduce una crisis política que involucra al conjunto del aparato estatal. El bloque político que se está articulando en torno de “abrir la economía”, levantar la cuarentena, llegar a un rápido arreglo de deuda con los fondos internacionales y alinear continentalmente a la Argentina con sus vecinos del Mercosur, también quiere colocar en la agenda al reforzamiento punitivo de un Estado que debería dar cuenta de las contradicciones explosivas de ese rumbo. En este fragote, se volvió a anotar Sergio Massa, con una amenaza a los jueces que liberen presos. La fractura en la coalición oficial -que ya se ha expresado en torno de la cuarentena o la deuda- alcanza con este punto otro episodio fuerte.
La liberación de presos y el aparato judicial es también el escenario velado de otro campo de disputas -las causas que involucran a ex funcionarios kirchneristas, entre las cuales se cuenta la propia vicepresidenta. El elenco de jueces federales es un botín que se disputan las diferentes fracciones capitalistas, desde el gobierno hasta una oposición que no renuncia a dirimir una futura crisis política a través de una escalada de causas y un golpe parlamentario-judicial. El principal bocado del debate sobre causas, procesos, excarcelaciones y fueros continúa siendo Cristina Kirchner. En esta lucha sorda, la cuestión de la salud y la seguridad en las cárceles importa un bledo. La crisis carcelaria ha sido tomada como pretexto para atizar el fuego de una crisis política de carácter general.
Descomposición
Para agitar las aguas, la oposición derechista ha manipulado a una población abrumada por las consecuencias de la descomposición social, desde la violencia de género hasta los crímenes que se cometen en ocasión de robos. Pero esa descomposición, qué duda cabe, es también estatal. No es un secreto que el ladrón y eventual homicida es el último eslabón de una cadena que incluye a mafias capitalistas, al aparato de justicia y a la policía. Las liberaciones “arregladas”, por cierto, no son una invención del coronavirus, incluso si fuera cierto que se dieron ahora. Los que gobiernan o ya gobernaron suelen utilizar de mano de obra o masa de maniobra a los mismos barrabravas o delincuentes que hoy colocan en la picota, para despegarse de su posible liberación.
La descomposición de la justicia y del Estado, y su entrelazamiento con el delito, sólo tiene remedio encarando una lucha contra ese propio Estado, nunca con su reforzamiento represivo. La política del encierro compulsivo -que parece imponerse después de la escalada reaccionaria- ni siquiera logrará los objetivos de las víctimas: sólo elevará el “precio” de los arrestos domiciliarios, para que salgan los que tienen recursos y se queden adentro – no los más peligrosos, sino los que no tienen nada.
En este punto, el gobierno FF ha vuelto a mostrar su cobardía política frente a las conspiraciones derechistas. A pesar de las recomendaciones sanitarias para avanzar en una política de descompresión de las cárceles, en las últimas horas ha resuelto desembarazarse del problema y endilgárselo a la justicia, con un mensaje favorable a sostener los encierros. El hacinamiento y el peligro de un contagio masivo en las cárceles seguirán en pie.
Es necesario denunciar los verdaderos alcances de la campaña derechista en curso, sin por ello depositar la menor confianza en el corrupto aparato de justicia. Las prisiones domiciliarias deben avanzar, bajo control de una comisión especial integrada por organizaciones de derechos humanos y sanitarias – habilitando los arrestos domiciliarios a detenidos por delitos menores y con factores de riesgo, e impidiendo los enjuagues judiciales en favor de violadores o genocidas. La misma comisión debe auditar la situación sanitaria de las cárceles, para que los presos que permanecen lo hagan bajo condiciones adecuadas de aislamiento.
