Docentes: la lucha por el salario plantea la huelga general

Escribe Mariano Hermida

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La reunión que se llevó a cabo entre representantes del gobierno nacional, de los gobernadores, las patronales de la educación privada y los sindicatos nacionales docentes terminó en la nada. El encuentro pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 5, es decir que se reanudará luego de que inicien las clases las provincias donde todavía no comenzaron. El gobierno nacional ya había advertido que el encuentro no iba a tener carácter paritario y así fue. Lo mismo ocurrirá en el próximo encuentro.

Participaron de la reunión el secretario de Trabajo, Omar Yasin; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y los cinco gremios docentes nacionales (CTERA, UDA, AMET, SADoP y CEA). También diez ministros de educación de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y asistieron como “invitadas” agrupaciones de las patronales educativas: Coordiep, Consudec, CAIEP y Aiepba. También estuvieron representantes de las iglesias católicas.

El gobierno ratificó la eliminación del FONID (Fondo de Incentivo Docente) -lo que representa una pérdida salarial en promedio del 10 %- y no efectuó ninguna oferta salarial. El salario nacional docente se encuentra congelado en $250.000 desde diciembre de 2023. Aunque no es ´vinculante´ -el salario se discute en cada provincia- está compuesto por cifras no remunerativas y por fuera del salario básico. Para establecer un piso salarial, el gobierno le pidió a las provincias que “hagan llegar su oferta para discutirla en la mesa” (Infobae, 27/2). Pero son los propios gobernadores justamente los que están llevando a cabo recortes salariales brutales. Por este motivo se llevan adelante huelgas en Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. En Córdoba, el gobierno impuso un premio por presentismo y el paro nacional del 26 fue acompañado por una movilización de más de 20.000 docentes.

Los planteos que los sindicatos llevaron a la reunión fueron olímpicamente ignorados. Los representantes de los gremios afiliados a la CGT acusaron al gobierno de “insensato” y de haber golpeado su “predisposición y buena fe” (ídem). Por su parte, CTERA difundió un escueto comunicado donde señala que volvieron a reclamar por el FONID, por el envío de fondos a las provincias y por discutir “un nuevo piso salarial a nivel nacional”, sin alusión a cuánto reclama el sindicato. La CTERA ha abandonado hace tiempo la lucha por un salario único nacional igual al costo de la canasta familiar por un cargo. Los salarios docentes han terminado entre los peores salarios mínimos del país y se conforman en más del 60 % con cifras en negro. En su comunicado, CTERA también destaca que “las y los ministros representantes del Consejo Federal de Educación también expresaron su preocupación” por la suspensión de los fondos educativos. En vez de denunciar el ajuste que está sufriendo la docencia en las provincias, los dirigentes de CTERA “valoran” esta “coincidencia” con los gobernadores peronistas, radicales y macristas. CTERA está dejando que los docentes de cada provincia se las arreglen como puedan en sus conflictos provinciales, aislándolos de una lucha de conjunto nacional.

La CTERA anunció que se reunirán los secretarios generales en un plenario para “darle continuidad al plan de lucha”. En el acto en Palacio Pizzurno del lunes pasado, Sonia Alesso habló de organizar una marcha nacional educativa, a la cual no le puso fecha. Los gremios de la CGT anunciaron una conferencia de prensa. Algunos medios indican que lanzarán un nuevo paro nacional. El 1 de marzo comienzan las clases en provincia de Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego y Tucumán. En tanto, el lunes 4 de marzo sería el turno de Catamarca, Chaco, Chubut, Jujuy, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Santiago del Estero. El 11 de marzo se sumará Río Negro.

Los desafios que plantea la ofensiva antieducativa del gobierno nacional y los gobernadores del ajuste demandan una respuesta de conjunto, unificando la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, de la mano de las que se llevan adelante en las provincias, por medio por un plenario nacional de delegados de base con mandato.

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