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El gobierno provincial encabezado por Rogelio Frigerio (PRO) ha lanzado una afrenta abierta contra los docentes de la provincia. Con la intención de disciplinar y poner en jaque a las direcciones gremiales que no aceptaron su ´oferta´ paritaria, ha liquidado los sueldos de febrero sin ningún aumento y quitando los conceptos financiados desde el Estado nacional; principalmente Fonid, conectividad y movilidad. Dado que en enero también se había pagado un bono en negro y un ajuste retroactivo del aguinaldo, sumando todos los conceptos los docentes hemos sufrido recortes de hasta el 50 % en nuestros haberes. El Gobierno anticipó esta jugada poniendo a disposición los recibos de sueldo incluso antes de que fuesen abonados. Paralelamente, en el marco del no acuerdo en la paritaria, amenazó con descontar los días de paro en caso de que los gremios convocasen a nuevas medidas de fuerza.
Esta situación ha planteado una inflexión en el gremio, a partir de la fuerte indignación que generó el recorte entre los docentes, que han comenzado a replantearse su posición respecto a los paros y la movilización. Esto constituye un factor de crisis no sólo para el Gobierno, sino también para la burocracia sindical, comenzando por la de AGMER.
Desde la asunción de Milei, Entre Ríos no sólo ha sufrido el recorte de los fondos para obras públicas, que ha paralizado por completo la actividad, los subsidios al transporte o el Fonid, todos conceptos de peso en las transferencias “discrecionales” a la provincia. Desde diciembre, el nuevo gobierno nacional también tiene pisadas las transferencias para el financiamiento del déficit de la caja jubilatoria provincial. Como en otros distritos, este recorte de los ingresos de origen nacional se suma a la caída en los giros automáticos correspondientes a la coparticipación, que se han reducido por la suba del piso de ganancias, y en los últimos meses también debido a la recesión, que afecta a los principales rubros de la recaudación. Este año la provincia debe pagar vencimientos de deuda en dólares por unos 130 millones, lo cual ya ha obligado a tomar nuevo endeudamiento para cubrir los pagos de febrero. Finalmente, Entre Ríos se encuentra entre las deudoras -por cerca de 20.000 millones de pesos- a distintos fondos fiduciarios nacionales, incluido el Fondo para el Desarrollo Provincial que desató la crisis con Chubut.
Estas estrecheces financieras y la determinación de Frigerio de pagar las deudas incluso a costa del sudor y las lágrimas de los entrerrianos, explican que haya mandado un proyecto de reforma tributaria que propone un brutal impuestazo. Frigerio, en las elecciones como en la apertura de las sesiones legislativas, juraba que venía a bajar la “presión impositiva”. El eventual impuestazo provincial amenaza con desatar una crisis abierta con actores clave de la base social del Gobierno, como el Consejo Empresario de Entre Ríos y los productores agropecuarios.
El ataque contra los docentes surge en este contexto como un ensayo, por parte del gobierno de Frigerio, de hasta dónde puede tirar la cuerda del ajuste. Se revela también como una maniobra de presión sobre la burocracia sindical, a quien se le pretendería endilgar la culpa del recorte salarial por su obstinación en no aceptar una oferta que pasó sin chistar entre los gremios estatales. Lo cierto es que la política aplicada por el Consejo General de Educación también pone en crisis la línea de la burocracia docente, empezando por la de AGMER, que se había colocado desde el vamos en una posición de diálogo y colaboración con el nuevo gobierno. Frente a las bases la excusa era que Frigerio recién asumía y que mostraba gestos de querer ‘abordar los problemas’. Fue así que saludó el acuerdo paritario que cerró el reajuste salarial de 2023 lejos de la evolución anual del IPC, al tiempo que pactó un aumento para enero muy por detrás de la inflación (ya conocida) de diciembre. El rechazo a la oferta en la paritaria la última semana, de hecho, se produjo a pesar de su voluntad. En cualquier caso, la bronca entre la docencia ha dado las primeras señales de choque con esa orientación de la burocracia. La amenaza de descontar los días de paro ya había dado lugar a que en algunas escuelas se empezase a discutir la constitución de fondos de huelga. Este verdadero mazazo contra el salario docente habrá de radicalizar esas posiciones. Algo que ya comenzó a advertirse en las asambleas abiertas y las movilizaciones que la burocracia debió convocar, muy a pesar suyo, ante el nuevo cuadro de situación.
La guerra declarada del gobierno de Milei contra la clase obrera, más su presión sobre los gobiernos provinciales para que lo secunden, inauguran un período de cambios importantes en el gremio docente de la provincia. Luego de años de desmovilización y desarticulación impulsados por una burocracia definitivamente integrada al Estado -incluso más allá del color del gobierno de turno-, los docentes seremos puestos a prueba tanto por los ataques de los ajustadores, como por los intentos de contención de la burocracia.
En esta perspectiva, necesitamos recuperar las asambleas por escuela, los cuerpos de delegados, el paro y la movilización en contra del ajustazo, en defensa de nuestros derechos y por la reconstrucción de nuestras organizaciones sindicales.
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