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Un artículo de La Nación (03/05), señala que, “con tensiones en su gabinete, Axel Kicillof afronta varias crisis simultáneas”. Así, apunta a la negativa de Berni para excarcelar presos, aún en el cuadro de una pandemia, y su desacuerdo con flexibilizar las actividades recreativas, porque no podrían ser “controladas”. El ministro de Justicia Alak, en cambio, radicó en el poder judicial la decisión de las excarcelaciones, para luego posicionarse con Berni, con ayuda de unas declaraciones tardías de Kicillof. Un lector poco aficionado entendería estos “choques” al interior del gabinete como un principio de ruptura política entre los sectores del núcleo duro de Kicillof (Alak) y el núcleo cristinista (Berni).
Sin embargo, a todos ellos los une un acuerdo más general para liberar las actividades comerciales e industriales en varios municipios de la provincia, dejar pasar las violaciones a la cuarentena por parte de las patronales (como ser la pesquera Solimeno en Mar del Plata o el frigorífico El Federal, con varios casos de COVID en el municipio de Quilmes) y pactar con las burocracias sindicales y las patronales las rebajas salariales como es el caso de las textiles.
¿De qué se trata entonces la crisis política que describe La Nación? Hay un telón de fondo que es la crisis de deuda de la Provincia, que no pagó el vencimiento de 95 millones de euros y USD 10 millones, el viernes 1 de mayo, y el propósito de reestructurar toda la deuda, que es de US$7.148 millones. Kicillof reclama un período de gracia de tres años, con quita de intereses en el orden del 55 por ciento y una quita de capital del 7 por ciento. Una propuesta similar a la de Guzmán. La Nación fogonea una crisis política para que se presente un plan alternativo al gobierno Kicillof. El gobierno de Kicillof no piensa tocar los grandes intereses; los pooles de siembra tienen 9.000 millones de dólares acumulados en sus silo-bolsas a la espera de una mayor devaluación.
