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Un joven de 29 años fue detenido y liberado en menos de 24 horas por una conversación privada en Instagram donde dijo querer “fusilar o colgar (a Milei) como a Mussolini”. Su interlocutor lo denunció y finalmente quedó imputado por amenazas.
La transcripción del diálogo transmite la impresión de un desvarío entre dos personas con sus facultades alteradas. Ambos se desconocían previamente. La interacción comenzó a raíz de un posteo favorable al oficialismo por parte del denunciante. El episodio incluyó el allanamiento de la vivienda del denunciado, donde no se encontraron armas ni nigún elemento, a priori, que pudiera involucrarlo en alguna conspiración magnicida.
Si el hecho trascendió, en realidad, se debió al protagonismo asumido por la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad.
Un parte policial de la División Delitos Constitucionales, publicado en la página oficial de la cartera que conduce Patricia Bullrich, adornaba el episodio con la siguiente caracterización: “A partir de las investigaciones se pudo determinar que el agresor residía en el barrio porteño de Chacarita y, mediante el relevamiento de sus redes sociales, se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética. Además contaba con vínculos con grupos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público”. La Federal, además, caratuló prima facie el hecho como “intimidación pública”, un delito que prevé pena de prisión efectiva.
El episodio de la habladuría ha puesto de relieve una búsqueda frenética de conspiraciones islámico-comunistas que desborda el gabinete presidencial. Casi simultáneamente con este episodio, Milei abrumaba a los alumnos del colegio Cardenal Copello con un discurso desquiciado que refería a un mundo “contaminado de socialismo”.
En enero pasado, a pocos días de haber asumido, Bullrich anunció haber desbaratado un complot terrorista con blanco en instituciones de la comunidad judía en Argentina: habían sido detenidos un peluquero, un jugador de ping pong y un querulante que decía ser agente ´extraoficial´ de la embajada norteamericana. Fueron puestos en libertad diez días después por falta de mérito. Detrás de este altercado estuvo la mano del FBI. “De la mano del alineamiento del presidente Javier Milei a Washington, la Argentina se incorporó -a principios de mes- a la base de datos del FBI llamada Vanguard para intercambiar información en tiempo real sobre terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero (especialmente con criptomonedas) y otras formas de crimen organizado (…) El Vanguard funcionó para la Argentina, por primera vez, en el caso de los tres sospechosos de terrorismo detenidos por los juegos macabeos en Buenos Aires, pero que la jueza María Eugenia Capuchetti liberó la semana pasada por falta de pruebas” (Clarín, 27/1).
Más cerca en el tiempo, a finales de febrero, el gobierno anunció que estaba investigando el supuesto robo de información del sistema informático de las fuerzas armadas a través de un pen drive, reivindicada por el desconocido grupo “LulzSec Muslims” (“La luz que derrama el islamismo”). “El caso preocupó al ministro de Defensa en momentos en que los ciberataques están al día en todo el mundo, sobre todo desde el comienzo de la guerra de la OTAN contra Rusia y de Israel contra el pueblo palestino. Los medios, y en particular Clarín, nunca más volvieron a referirse al caso ni a la identidad de sus supuestos autores o a la marcha de las investigaciones en absoluto.
Lo que se observa detrás de esta aparente y recurrente torpeza es la instalación de una determinada hipótesis de conflicto en la inteligencia interna. “La perspectiva del descontento produce movimientos dentro del Gobierno. El jefe de Gabinete [Nicolás] Posse resolvió unificar las competencias de Inteligencia de las fuerzas de Seguridad en la sede central de la AFI, bajo el mando de su amigo Silvestre Sívori. Una medida sagaz, que tiende a unificar criterios y, sobre todo, evitar filtraciones. Es obvio: Posse y Sívori están buscando indicadores de tensión social”. Y el que busca, encuentra, reza el dicho popular. Los militares, recordemos, se han quedado con porciones significativas de la Agencia Federal de Inteligencia, la ex SIDE. Una salvedad: en el pasado (muy) reciente, el 'monitoreo' de la conflictividad social a través de los servicios de inteligencia era parte sustancial de la doctrina de la 'seguridad democrática' y su base de datos llevaba el pomposo nombre de Proyecto X.
El protocolo represivo de Milei-Bullrich, la pretensión de prohibir reuniones de más de 30 personas, la militarización del espacio público, el encarnizamiento de los despidos contra delegados sindicales en los lugares de trabajo, más la pretensión de asumir la delegación de poderes legislativos y el gobierno por decreto, configuran características de una dictadura civil, en el marco de la inserción de la Argentina en la 'geopolítica' de la guerra internacional que impulsa el imperialismo.
La movilización del 24 de Marzo será una jornada de lucha contra todo este andamiaje reaccionario.
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24 de Marzo: ganemos la calle contra los delfines de la dictadura y sus secuaces Vení a la marcha en la columna de Política Obrera. Nota de tapa de Política Obrera N°90 edición impresa, 06/03/2024.
