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Al calor de los anuncios mediáticos relacionados con la crisis de Rosario, Patricia Bullrich ha relanzado un “Reglamento General para el Empleo de las Armas” destinado al accionar de los agentes federales. El mismo tiene como objeto determinar cómo, cuándo y en qué condiciones puede un miembro de las fuerzas de seguridad federales utilizar un arma de fuego. Durante su anterior estadía en la cartera de seguridad con Macri, entró en vigor una norma muy similar a la actual, la cual luego fue derogada por Sabina Frederic bajo el gobierno de los Fernández.
Al reeditar este reglamento, el gobierno declara que “no va a soportar un nuevo caso Chocobar”, en relación al policía condenado por matar por la espalda a un joven que había robado una cámara fotográfica a un turista en 2017. La cámara fue recuperada casi inmediatamente al arrebato, y el ladrón fue alcanzado por disparos de arma de fuego propiciados por Chocobar, sin que existiera ningún peligro ulterior para el agente policial. Cuando la ministra dice que “no quiere ningún Chocobar más”, está realizando una invitación a la impunidad.
El nuevo reglamento permite que el agente omita dar la voz en alto, en el sentido de identificarse y obligar al supuesto agresor a deponer su conducta. A su vez, el uso de armas de fuego es habilitado para impedir la fuga de un sospechoso y/o contra quienes faciliten la misma. Por último, también ante casos de “resistencia a la autoridad”, el delito por excelencia que endilgan los policías para habilitar su poder coercitivo y proceder a detenciones arbitrarias.
Los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el Estado Nacional entran en colisión con esta reglamentación. Bullrich, al igual que con el protocolo antipiquetes, vuelve a ponerse en el terreno de la ilegalidad. Como si esto fuera poco, también ha anunciado la compra de pistolas taser -picanas eléctricas- y aires comprimidos “no letales”, diversificando el poder de fuego policial.
En un cuadro político y social excepcional, la “respuesta” del Estado es reforzar su poder represivo contra la población trabajadora. Exigimos la inmediata anulación de “protocolo Chocobar”, campaña que es necesario desarrollar de cara al próximo 24 de marzo.
