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El gobierno municipal de Walter Cortés anunció -”de urgencia”- un 360 % de aumento sobre el valor del boleto de colectivo. De $320 que se pagaba, desde el 1° de febrero pasará a costar $980. Además, habrá un ajuste automático cada dos meses, atado a los aumentos de los salarios de los choferes, el combustible y el índice inflacionario. Los residentes tendrán un descuento del 25 % en el pasaje y pagarán ´solamente´ $735 el boleto. El tarifazo deberá pasar por el trámite de una audiencia pública no vinculante el próximo 3 de abril. El gobierno anunció que encontraba “razonable y oportuno” el pedido de aumento de la empresa.
La empresa reclamó un pasaje de $1.304, aduciendo la quita de subsidios nacionales. La comisión de Seguimiento del Transporte Urbano Público aceptó el aumento dispuesto por el intendente.
La nueva tarifa surge de una fórmula que calcula el costo de cada viaje según la siguiente proporción: 50 % por los salarios de los choferes, 25 % por el gasto en combustible y el 25 % restante atado al Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC cada mes. Esto no es verificado ni fiscalizado por nadie, pues los libros de la empresa -que recibió centenares de millones de pesos en subsidios durante los últimos años- son un secreto a cuatro llaves.
En Bariloche la canasta básica, sin considerar el costo de los alquileres, es de $900.000. Los salarios estatales alcanzan apenas los $500.000 y los de los gastronómicos no superan los $400.000. ¿Cómo se podría pagar esa tarifa “razonable” con esos salarios de pobreza?
En estos últimos días, el intendente tuvo que recular, momentáneamente, en su propósito de limitar el boleto estudiantil a dos viajes diarios para los alumnos de primario y secundario y eliminar el boleto para universitarios y terciarios, debido al repudio generalizado. Desde Política Obrera, entendemos que es necesaria una movilización masiva contra este régimen de tarifazo permanente que propone Cortés. Más que nunca exijamos la apertura de los libros contables de la empresa a cargo de una comisión independiente de trabajadores de la misma empresa, usuarios y profesionales para constatar los movimientos económicos de la misma. El costo del boleto debe ser acorde al salario de los trabajadores.
La Audiencia Pública, no vinculante, será lo que está destinada a ser: un trámite formal en la que los usuarios podremos expresarnos, pero nuestro rechazo al aumento no tendrá consecuencias. Es la organización masiva contra el tarifazo lo que torcerá el rumbo de los acontecimientos.
