La “rebelión fiscal” de Milei-Espert contra Kicillof

Escribe Emiliano Fabris

La crisis la están pagando los trabajadores, no la oligarquía.

Tiempo de lectura: 4 minutos

Ante la suba de una serie de impuestos provinciales, como el inmobiliario y el automotor, el diputado “libertario” José Luis Espert llamó a una “rebelión fiscal” contra lo que tildó de “impuestazo”. El presidente Javier Milei avaló en declaraciones públicas este boicot. En este sentido, un grupo de ruralistas del interior de la provincia están convocando a una movilización contra el aumento de los impuestos inmobiliarios rurales.

El paquete fiscal de Kicillof

La Legislatura bonaerense aprobó la actualización de las alícuotas de una serie de impuestos, los cuales no se actualizaban desde diciembre del 2022. El impuesto inmobiliario de la planta rural presenta subas que van, para la mayoría de las partidas, desde el 140 hasta el 200% de aumento, lo cual significa que siguen estando por debajo de la inflación acumulada en ese periodo. También se eliminaron beneficios por pago anticipado, que significa un descuento del 75%. Según el gobierno, solo 2.000 partidas rurales (propiedades con bases imponibles superiores a $198.940.000) tendrán aumentos que llegarán al 315%, también por debajo de la inflación. En los últimos años, el impuesto rural decreció en la provincia en términos reales, un claro beneficio para la oligarquía agraria. Por el momento no se ha procedido a modificar la valuación fiscal de los inmuebles -se debería hacer en los próximos meses- sobre los cuales se aplican estas tasas, que también comportan otro beneficio especialmente para los grandes terratenientes, que se han favorecido exponencialmente con la última devaluación del peso. La valuación fiscal representa un porcentaje mucho menor que el valor de mercado –la relación puede llegar a ser de 1 a 60. En este sentido, llamarlo al impuesto “confiscatorio” es una habladuría.

También se consumaron aumentos para el impuesto inmobiliario de la planta urbana -impuesto a la vivienda- que paga una familia trabajadora, aunque tenga un único hogar a su nombre, y mismo caso para patentes de automotores. El gobierno también estableció que 254 empresas paguen casi 640 millones de pesos en concepto de anticipo del impuesto a los Ingresos Brutos, pero aquí no se trata de una suba en la alícuota.

No estamos en presencia, entonces, de ningún aumento progresivo en la tributación a los grandes capitales rurales de Buenos Aires, sino apenas una tenue actualización de impuestos por inflación que afectará, mucho más, al bolsillo de los trabajadores. Para docentes y estatales, Kicillof cerró paritarias de 2023 por decreto y con actualizaciones que corren por detrás de la inflación. La burocracia sindical acató, señalando que entendía la “comprometida situación de la provincia”.

Kicillof ha expuesto reiteradas veces que la provincia está siendo afectada por una merma en la coparticipación federal y se ha presentado en la Justicia para reclamar el envío de fondos nacionales. Afirma que Buenos Aires aporta el 37% de los recursos nacionales, pero solo recibe el 22%. Esta suba de impuestos no compensaría la merma en la recaudación producida por la recesión económica. Los gravámenes en cuestión representan al 16% de la recaudación bonaerense.

“Rebelión fiscal”: ¿La 125 de Kicillof?

A pesar de que el paquete fiscal fue pactado con la oposición en la Legislatura bonaerense, Espert llamó a no pagar los impuestos inmobiliarios y de patentes automotores, incluso dijo que él mismo, “productor agrario”, no lo iba a hacer, lo cual fue desmentido luego por lapoliticaonline.com –Espert tiene sus cuentas al día en la provincia de Buenos Aires. Luego, Milei dijo que “El aumento de impuestos es una violación a la propiedad. Es expropiatorio. Es una locura, pone al borde de la quiebra al sector agropecuario”, al tiempo que su política plantea llevar a 5 milloones de jubilados a la muerte por inanición. Guillermo Francos, por su parte, afirmó que con este paquete de impuestos, Kicillof “busca su propia 125”.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) anunció su decisión de “emprender acciones en la ciudad de La Plata, ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia de Buenos Aires, como respuesta al excesivo aumento del impuesto inmobiliario y automotor”. Luego, un grupo de ruralistas autoconvocados de Azul, Cachari y Chillar, anunciaron que harán una movilización a principios de abril en rechazo al “impuestazo” que se suma a las consecuencias de las recientes inundaciones. Según TN, “En pocas horas, la movilización logró atraer a productores de otros distritos de la provincia de Buenos Aires, quienes se unen en defensa de sus derechos y exigen un trato justo por parte de las autoridades provinciales”. También se informa que otras asambleas de ruralistas tuvieron lugar en Salto y Salliqueló y que las próximas que están convocadas contarán con la presencia de legisladores oficialistas como Guillermo Castello, Luciano Bugallo, Florencia Arietto, Maximiliano Abad, José Luis Espert y Javier Iguacel. Por el momento, las organizaciones de la oligarquía mas representativas, como la Sociedad Rural, no se han pronunciado.

La agencia de recaudación fiscal de la provincia (ARBA) señaló que no verificaron ninguna disminución en el pago de los impuestos apuntados, es decir, los grandes capitalistas agrarios no estarían acompañando las bravatas de Milei-Espert, quienes están negociando con los gobernadores la reimplementación del impuesto a las ganancias para los asalariados. En el caso de la clase obrera, en cambio, la confiscación es la regla.

La propia respuesta de Kicillof ante las provocaciones libertarias fueron más que moderadas. Llamó a Milei a que “respete la Constitución”. Recientemente, formó parte de una “mesa de trabajo” con Milei y todos los gobernadores del país, hacia lo que el Gobierno llamó el “Pacto de Mayo” y que supone acuerdos impositivos y, especialmente, políticos: la vigencia de los aspectos esenciales del DNU y ley de bases.

Kicillof ha emergido como vocero del pejotismo y, asimismo, el gobierno lo ha colocado como ´interlocutor´ de la oposición. Ninguno de los dos, sin embargo, se han planteado llevar la sangre al río.

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