Escándalo del Tai An y la Merluza Negra

Escribe Patricia Urones

La corrupción libertaria pone de manifiesto la crisis con los gobernadores y con el ejército.

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Días atrás, salió a la luz un hecho de corrupción que tiene como protagonistas principales a funcionarios de la cancillería, dirigida por Diana Mondino, y de la subsecretaría de Pesca, a cargo de Antonio López Cazorla.

Un buque pesquero de Tierra del Fuego (TAI AN), con bandera nacional y cuyo dueño es un empresario chino-taiwanés radicado en Argentina hace más de 20 años, capturó 175 toneladas de Meluza Negra joven, una especie protegida en Argentina y a nivel internacional. La pesca, que fue intencional según un informe del INIDEP (1), se produjo en un área protegida, dónde se encuentra prohibida por resolución de la misma subsecretaría la captura de esa especie a menos de 800 metros de profundidad (donde viven los juveniles). Esto con el agravante de que se utilizó un arte de pesca prohibido: el uso de una red de arrastre de fondo, que barre con todo a su paso. Las redes de arrastre son muy criticadas en la pesca por tratarse de “técnicas predatorias”. El buque, que realizó una faena de más de 40 días en el mar, desde el 4 de febrero hasta el 20 de marzo, hizo 7 incursiones en el área protegida de Merluza Negra con intervalos de entre 4 y 5 días entre una y otra. Sin embargo, y a pesar de llevar a bordo un Asistente de Investigación Pesquera, el estado intervino solo cuando un marinero del mismo buque publicó una foto en sus redes de la faena. Como el Tai AN no posee cuota de pesca de Merluza Negra (adulta), fue denunciado, según medios el 8 de marzo, por las empresas competidoras ante la Dirección de Coordinación y Fiscalización Pesquera, a cargo de Julián Suarez. Según el comunicado publicado en la página del Ministerio de Economía de Luis Caputto, se le ordenó al buque el alejamiento del área protegida, permitiéndole terminar su faena y volver al puerto en la fecha planificada. Producto del escándalo, renunció Julián Suárez, denunciando que su orden primera había sido que el buque vuelva a puerto para su control y que había recibido presiones del representante de la Cancillería en el Consejo Federal Pesquero, Pablo Ferrara, para que rectifique su resolución. Ante el pedido de Cancillería, el subsecretario de pesca intervino en el caso y solo se le ordenó al Tai An alejarse del área protegida. La renuncia posterior de Ferrara, aceptada por la canciller Mondino, corroboró los dichos de Suarez.

En un primer momento, el pánico que generó en la burguesía la escalada internacional del escándalo hizo que enmarcara el problema en la corrupción política: mientras algunos medios le pegaban al libertario Ferrara, otros le apuntaban al exfuncionario de Alberto Fernández, Suárez. Cuando la renuncia de Pablo Ferrara, sobrino de Diana Mondino y reconocido lobista de los intereses chinos, corroboró sus responsabilidades, los medios comenzaron un operativo de encubrimiento pasando a hablar del problema de la irregularidad de la pesca y de la necesidad de la reglamentación de alta mar. Es cierto que la irregularidad en la actividad pesquera es una constante en todo el mundo. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema que desde hace años se viene tratando en los foros internacionales. La ONU arribó el año pasado a un Acuerdo de Alta Mar que debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Pero ni la irregularidad ha sido siempre un problema para el capital ni el acuerdo tiene como principal objetivo la conservación de las especies marinas. Esto último porque la depredación está en la esencia del capitalismo, toda vez que este es un sistema de producción a gran escala y que genera necesidades por encima de las estrictamente necesarias para la supervivencia y el desarrollo intelectual de la sociedad. En el caso concreto que tratamos aquí, la pesca de Merluza Negra es totalmente innecesaria y solo es consumida por un selecto sector de la sociedad que puede pagar sus altos precios, provocando a cambio un dislocamiento de la cadena alimentaria y del ecosistema biológico marino. Por otro lado, la reglamentación de la depredación pesquera, en realidad, deriva de la imposibilidad del capital pesquero norteamericano y europeo de competir con los capitales chinos. Cuando la clase obrera británica conquistó derechos laborales y políticos, los capitales ingleses corrieron en desventaja con los norteamericanos, comenzando la campaña internacional de abolición de la esclavitud y de “reglamentación de las relaciones laborales”, a mediados del siglo XIX. Las “reglamentaciones internacionales” en torno de estándares de explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, buscan establecer condiciones medias de explotación y ganancias para todos los capitales. La burguesía le llama a esto “competencia leal”. Pero, concretamente, en el marco de la guerra comercial, ya devenida en guerra militar, entre Estados Unidos y China, el Acuerdo de Alta Mar, busca quitar ventajas al capital chino. Ventajas que China justifica invocando su “derecho a ser un país desarrollado”.

Además, la “irregularidad” en la explotación del recurso ictícola tiene en el Mar Argentino una particularidad que funcionarios y medios omitieron por igual: el carácter de territorio ocupado de las Islas Malvinas. Desde que Domingo Cavallo iniciara como canciller la política de entendimiento con Margaret Tatcher y reconociera, por medio de la cooperación científica en el campo de las ciencias del mar, la zona económica exclusiva de facto creada por la primera ministra en 1986, Gran Bretaña consolidó su control de 150 millas alrededor de las islas. Todo esto con el conocimiento del entonces secretario de agricultura, ganadería y pesca, el inefable Felipe Solá. Según un informe presentado en la Cámara de Diputados en 2015 (2), un importantísimo número de buques licenciados por el RU, que controla las islas, realizan pesca furtiva al borde de la milla 200 y, muchas veces, ingresando a la ZEE argentina. La mayoría de estos buques portan bandera de Taiwán, Corea y España. Esta omisión es una concesión a la ocupación británica de las islas, pues la actividad pesquera es uno de los dos pilares del sostenimiento financiero de la ocupación; el otro proviene de las arcas de la corona. La otra omisión es la relativa al avance de la explotación petrolera de la plataforma marítima argentina, de la mano de una empresa israelí.

La pelea entre Nación y provincias

La corrupción libertaria arrojó luz también sobre la pelea entre Milei- Caputo y los gobernadores, en este caso, los patagónicos. Es que la intervención, según algunos medios inédita, de Cancillería en asuntos de pesca, además de estar motorizada por la compra de voluntades, responde a los intentos de la cartera nacional de controlar la gestión de los recursos de las provincias, uno de los puntos que mantiene trabada la discusión acerca del Pacto de Mayo con los gobernadores patagónicos. La ley ómnibus, que los gobernadores mandaron momentáneamente al archivo por el veto que la burguesía agraria hizo a las retenciones, contenía también reformas estratégicas de la Ley 24.922 de pesca. Las reformas, fundamentalmente, quitaban potestades al Consejo Federal de Pesca para la autorización de permisos de explotación. Es un primer paso para monopolizar las tasas y aranceles que el estado cobraría en un futuro para la licitación de las cuotas de pesca. Los gobernadores criticaban la anulación de las cláusulas de la ley que priorizan a empresas nacionales y a la contratación de proveedores y trabajadores argentinos en nombre de la “defensa de la patria”, pero nada hicieron para impedir cientos de despidos y cierres de empresas pesqueras, quebradas por la competencia del capital extranjero. Tampoco fiscalizan las condiciones y régimen de trabajo de los obreros de la pesca y de los barcos que salen al mar, como quedó de manifiesto con el hundimiento de El Repunte. Volvemos a repetir que uno de los dos principales factores del saqueo del “recurso nacional”, el permiso de un estado ocupante como lo es el Reino Unido, tampoco es denunciado por los estados provinciales ribereños, que se autoproclaman patriotas. Además de una pérdida estratégica de posiciones en el control del recurso, los gobernadores pierden una preciosa caja paralela generada por las coimas de las empresas pesqueras que no declaran todo lo capturado. El dueño del buque Tai An denunció que él había tramitado el pedido de una cuota de Merluza Negra en enero, y que se encontraba a la espera por la falta de los nombramientos de los integrantes del CFP. Quiere decir que coimeó a la Cancillería para que le garantice la impunidad en la faena ilegal. Algo que finalmente sucedió, porque el empresario chino solo pagará 56 mil dólares de multa y aún tiene la posibilidad de recomprar la carga decomisada al valor del mercado (20.000 dólares la tonelada). No se han abierto investigaciones sumarias administrativas a todos los funcionarios implicados y no se ha procedido a un informe sobre los daños ambientales ocasionados con la perspectiva de una denuncia penal por delito ambiental. En cuanto el gobierno nacional se ponga de acuerdo con las provincias en la cuestión presupuestaria, el slogan “La patria no se vende” será archivado.

El realineamiento internacional con la OTAN y Malvinas

Hay algo cierto, sin embargo, en eso de que uno de los puntos de disputa respecto de la cuestión pesquera, es el problema del reclamo de la soberanía sobre Malvinas, sobre todo, dentro del ejército. Es que la vieja ley 24.922, establecía un registro de buques que tiene, principalmente, el objetivo de limitar las flotas de bandera británica en el Mar Argentino. La reforma que el gobierno de Milei pretende quitar este registro y, complementariamente, permite a los barcos que pesquen en las costas nacionales, descargar en puertos extranjeros, lo que reforzaría la actividad de Puerto Argentino y, por ende, la ocupación inglesa de las islas. Las reformas mencionadas obligarían al gobierno a reconocer institucionalmente la ZEE de las Islas Malvinas, blanqueando una actividad que se desarrolla hoy de facto, y que obstaculiza la entrada a las islas de más inversiones, porque la ONU no ha reconocido la ocupación ni la ZEE. Esto no ha sido denunciado por el senador radical Lousteau, como tampoco el avance petrolero de mano de empresas israelíes, lo que pone de manifiesto el carácter demagógico de su interpelación frente al rabino Wahnish, cuyo pliego de todos modos autorizó sin garantías. Este realineamiento con la OTAN, que no tiene nada de principista y todo de pragmático (el salvataje del imperialismo al gobierno de Milei y el reinicio de un nuevo período de financiamiento/endeudamiento de la economía nacional) traerá choques hasta con el mismo ejército.

En lo inmediato, el escándalo de corrupción libertario, ha dejado de manifiesto que la famosa “batalla cultural” de Milei consiste en el pasaje de los privilegios y prebendas de unos capitalistas hacia otros capitalistas.

1.Leer informe completo aquí: text 2.text ; text

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