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A pesar de denunciar el recorte de fondos a la provincia por parte del gobierno nacional, el gobernador jujeño Carlos Sadir es fiel concurrente a las reuniones de gobernadores del NOA con funcionarios nacionales. Recientemente declaró, frente al anuncio del ‘Pacto de Mayo’, que “queremos que al gobierno nacional le vaya bien. Siempre vamos a apostar al dialogo el respeto y el consenso” (Todojujuy 2/3).
Fuera de la disputa por las partidas, el gobierno jujeño aprovecha los recortes nacionales para ajustar a nivel local, especialmente sobre los trabajadores. A fines del año pasado anunció un superávit cercano a los 20 mil millones de pesos; sin embargo, no ha sido utilizado para mejorar los salarios de los trabajadores estatales (el 90% bajo la linea de pobreza), ni las condiciones de vida general de la población.
A este cuadro se suma que este año el gobierno provincial debe empezar a pagar la deuda de capital por el Parque Solar de Cauchari, aproximadamente 65 millones de dólares, lo que preanuncia un impago como ha ocurrido en La Rioja.
El intento de continuar con la política represiva ha sufrido un gran revés, con la exposición nacional por la detención arbitraria de dos ciudadanos por “tuitear” contra el ex gobernador, quienes finalmente tuvieron que ser liberados en medio de una andanada de reclamos de juristas, abogados de DDHH y la prensa. La campaña fue impulsada por familiares, conocidos y organizaciones que llevaron el caso hasta a nivel internacional.
‘Paritarias’
El gobierno anunció una paritaria del 30% en tres cuotas, que finalmente “concedió” en un solo pago, aunque no remunerativo, que no impacta en el básico ni en otros ítems. La burocracia de ADEP (Docentes) aceptó esta propuesta, pero el recorte del incentivo docente lo ha convertido en nulo. Situaciones similares la tuvieron UPCN, ATE y Sanidad.
En este marco la docencia de CEDEMS paró el 4, junto a los municipales del SEOM. Los enfermeros y enfermeras de la Maternidad realizaron medidas de fuerza rompiendo el cerco de la burocracia de ATSA. Los enfermeros denuncian que los salarios no llegan a $300 mil, siendo una actividad esencial y en plena emergencia sanitaria.
También han manifestado los trabajadores del CDR de Jujuy, frente al anuncio del gobierno nacional de cerrar y dejar en la calle a cientos de trabajadores. La semana pasada los municipales fueron a un paro de 48 horas reclamando la reapertura de paritarias, los docentes denunciaron el cierre de cursos y el vaciamiento educativo, los autoconvocados de la salud siguen realizando medidas de fuerza.
La UOCRA, cuya directiva apoyó e hizo campaña provincial por Milei, se ha declarado en estado de alerta por la paralización de las obras: hay 8.000 puestos de trabajo cesantes en la construcción.
La licuación de salarios afecta a todo el mundo obrero, y dentro de ellos los más golpeados son los estatales, porque el problema de fondo está en los pisos salariales. En Jujuy, el piso salarial de un trabajador estatal es de $200 mil pesos y de un docente $250 mil.
Se suman varios conflictos
Sumado a este cuadro de paritarias estatales, se desarrolló la jornada de paro nacional de la docencia universitaria, paros de 24 y 48 horas por parte de los choferes de colectivos, que aunque las patronales han aumentado 3 veces el boleto en dos meses, todavía no tiene propuesta paritaria salarial a nivel provincial. El bloqueo de rutas y accesos a las principales ciudades de la provincia, en el marco del Piquetazo Nacional, puso de manifiesto los reclamos de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de la provincia.
La trágica muerte del cosechero ‘Penano’ Centeno, tercerizado de Ledesma, volvió a poner en debate las condiciones laborales y la eventual reforma laboral precarizadora que agitan el gobierno y las patronales.
Nuevo tarífazo del transporte
La crisis del transporte de pasajeros ha puesto en jaque las paritarias. El Concejo Deliberante habilitó el aumento mensual del boleto de colectivo -por una ley de emergencia del transporte-, sin embargo los aumentos se producen prácticamente cada 20 días: a partir del 18 de marzo pasó de $480 a $670 el boleto mínimo. Con esta ultima suba, el viaje diario a los lugares de trabajo para los estatales se “come” todo el aumento paritario de los estatales, ni que hablar de los obreros que tienen horario comercial.
Algunos gremios están reclamando un Boleto Social Obrero para poder ir a los lugares de trabajo.
Aún con este nuevo aumento, la cámara de transporte no concurrió a las audiencias de conciliación obligatoria -la ultima fue el miércoles 28 de marzo-, por lo que los choferes de UTA analizan nuevas medidas de fuerza ante la negativa patronal de discutir una paritaria.
Una ley antiobrera preacordada
El gobierno presento un proyecto de Ley “Plan de Acción Gubernativa en Emergencia de la Provincia de Jujuy”, que refuerza la ley de Emergencia económica votada el 21 de Diciembre pasado. Bajo el argumento de los recortes de partidas de parte del Gobierno nacional, el proyecto busca especialmente suspender obra publica , crear nueva deuda y avanzar en el ataque al régimen laboral de los estatales y sus conquistas.
El Proyecto establece la reasignación de personal, traslados, cambio de funciones, la suspensión de nuevas contrataciones y la evaluación de los que deben renovar su contrato, la eliminación de horas extras y activar el tramite jubilatorio apenas se cumpla la edad, entre otros.
El proyecto ya cuenta con la venia del PJ para ser aprobado. El Presidente del Bloque del PJ, Ruben Rivarola, propuso que se discuta el proyecto en un plenario de comisiones este 3 de abril y así evitar el tramite que demora en pasar de comisión a comisión.
Margen achicado
El gobierno amenaza con una ley de emergencia. Sólo el anuncio de la suspensión de las recategorizaciones supone un ataque efectivo a los trabajadores estatales; después el cambio de funciones o reasignaciones ya es practicado hace rato en el ámbito del Estado, máxime cuando la mayoría de los trabajadores están bajo la Figura de PSG (Personal de Servicios Generales), la evaluación de los empleados contratados también es una regla que también se aplica hace rato, y finalmente la eliminación de horas extra cuando el estado no las paga hace años, sino que da compensatorios.
El gobierno utiliza la política del garrote y la zanahoria: convoca a paritarias para darle algún tipo de rol a la burocracia sindical, aunque abre la posibilidad de un debate en todos los lugares de trabajo sobre las condiciones laborales y las reivindicaciones. La fenomenal huelga general educativa del año pasado torció el brazo a un gobierno ajustador, y lo obligó a hacer concesiones que en su momento fueron históricas.
