Dengue: el Gobierno ratifica su política criminal frente a la epidemia

En su primer comunicado del año, el ministro de Salud de la Nación, Miguel Russo, ha planteado, en relación a la incorporación de la vacuna contra el dengue en el calendario nacional de vacunación, que “no avalará que la política y los medios sumen miedo”. Afirma que no ha sido completamente testeada. La vacuna, sin embargo, ya se vende en farmacias y se aplica en vacunatorios privados, para lo cual se debe abonar 100.000 pesos (su precio se va indexando de acuerdo a la inflación) por cada dosis (son dos aplicaciones separadas como mínimo por tres meses).

Anteriormente, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había sostenido que la vacuna no estaba avalada por los especialistas expertos. Para ello, ocultó y luego distorsionó el planteo de los especialistas expertos agrupados en la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones) que, a principios de marzo, aconsejaron al gobierno su implementación en las zonas de mayor densidad de casos, teniendo en cuenta la franja etaria que más está sufriendo el dengue en el pais. Los funcionarios, públicamente, se vieron obligados a rectificar la interpretación maliciosa que había realizado el gobierno para sostener su oposición a la vacuna.

A esta altura, la epidemia ya ha batido todos los récords históricos de contagios registrados y muertes, cuando aún faltan dos meses, se estima, para que alcance el pico. Que el gobierno se niegue a utilizar esta herramienta de salud pública es una muestra de su política criminal, una política que los gobiernos libertarios y ultraderechistas de varios países sostuvieron durante la pandemia del COVID-19, con el resultado de millones de muertos y centenares de millones contagiados, un porcentaje de ellos con secuelas a largo plazo.

Para el Gobierno, el tema no es la epidemia ni la vida de las personas, sino las cuentas fiscales y el cumplimiento de las exigencias impuesta por el FMI. Para el gobierno de Milei es incompatible que el Estado gaste en vacunas que se aplicarán gratuitamente, porque ello alteraría las cuentas fiscales que pretende presentar como superavitarias.

El resultado de todo esto es que la aplicación de la vacuna, que puede evitar la enfermedad grave y la muerte por dengue, deberá seguir esperando.

Para darle alguna consistencia a los argumentos del gobierno, sostuvieron que a pesar de que la ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga, en abril del 2023, en aquel momento ni los infectólogos, ni algunos organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia e incluirla en el calendario nacional de vacunación. En este proceso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) tampoco la autorizó en ese momento. Apoyado en ello, el ministro de Salud insistió en que la vacuna no es una herramienta que esté validada para controlar la transmisión de la enfermedad en el contexto del brote, tal como lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El comunicado del Ministerio de Salud oculta las recomendaciones actualizadas de la CoNaIn. El Gobierno sostiene que la vacuna Qdenga ha atravesado recién la fase III, pero no la fase IV y que se espera los resultados de la misma para ver cuáles son los factores adversos que puede producir y qué alcance y efectividad puede tener en menores de 4 años y mayores de 60. La CoNaIn, el día 7 del mes pasado, indicó que la evidencia más consistente y robusta sobre eficacia y seguridad del antígeno se obtuvo en la población de niños de países considerados endémicos, en el rango de edad de 4 a 16 años. Y, mediante estudios “inmunopuentes”, se concluyó que puede ser usada en adultos hasta los 60 años.

El gobierno de Milei apela a argumentos inconsistentes. Con esta política durante la pandemia de COVID-19 no se debería haber aplicado ninguna vacuna, pues ninguna había atravesado la fase IV. Su efectividad se verificó en tiempo real debido a la situación de emergencia que se estaba produciendo.

Por otro lado, sobre las recomendaciones de organismos internacionales, el Grupo Técnico Asesor en Vacunación de la Organización Mundial de la Salud (OMS-SAGE) menciona que se podría considerar la incorporación de la vacuna en escenarios de alta carga de enfermedad y alto índice de transmisión. En cuanto a aquellos que deseen aplicarse la vacuna en el sector privado, la infectóloga Ángela Gentile, presidenta de la CoNaIn, indicó que la disposición de la ANMAT es que pueden aplicársela personas de 4 a 60 años, hayan padecido o no la enfermedad, aunque es “más eficaz en seropositivos” (es decir, en personas que ya atravesaron la infección).

Gentile explicó que, si bien los análisis se han hecho sobre chicos de hasta 16 años, se hicieron estudios “inmunopuentes” que compararon datos de inmunogenicidad de niños con los de adultos de una zona no endémica, y se llegó a la conclusión de que los niveles de esa variable eran los mismos. “Uno puede usarla en poblaciones de adultos. De hecho, la ANMAT usó estos inmunopuentes para aprobar la vacuna desde los 4 años en adelante. En coronavirus, por ejemplo, se usaron, pero a la inversa, los datos del adulto para la población pediátrica”.

Reforzando esta postura, Daniela Hozbor, directora de grupo del Laboratorio Vacsal de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del Conicet y miembro de la CoNaIn, resaltó que la vacuna es segura y eficaz para mayores de 4 a 60 años.

El ministro Russo argumenta que la letalidad del dengue es muy baja comparada con la de COVID-19. Sin embargo, todos los especialistas coinciden en que la multiplicación de casos expone a la población afectada a las reinfecciones y con ello a que la enfermedad se desenvuelva como dengue grave, con todos los agravantes que ello significa, incluido el aumento de riesgo de muerte del paciente.

El Gobierno insiste en que la política acordada por el conjunto de los ministros de Salud de las provincias es eliminar el mosquito y, por lo tanto, el descacharreo, y que ello es tarea fundamental de las familias. En otras experiencias internacionales, en cambio, se formaron brigadas que recorrían manzana por manzana, comenzando por aquellas donde se identificó la mayor cantidad de casos, para ´descacharrerizar´.

Russo le echó la culpa al gobierno de los Fernández por no haber implementado una política para impedir la proliferación del mosquito, cuando la política actual consagra al país como zona liberada para que el dengue se desenvuelva sin oposición, un cuadro agravado por el congelamiento de los presupuestos de salud, el recorte de fondos a las provincias y de estas a los municipios, que restringe los márgenes para que se pueda implementar una política pública para combatir al mosquito.

El desastre sanitario ha obligado incluso a algunos ministros de Salud de gobiernos aliados al bando libertario, como en el caso de CABA, a contrariar las posturas del Gobierno nacional, señalando que “se ha demostrado técnicamente la eficacia y seguridad” de la vacuna contra el dengue y que debe usarse de forma focalizada y segmentada: “Focalizada significa en las zonas endémicas de alto tránsito. Segmentada es decir para los grupos de edad que más sufren la enfermedad”.

Todos los especialistas destacan que la vacuna no impide que una persona pueda contagiarse y, por ello, se sigue recomendando el uso de los repelentes. En relación a esto, el ministro Russo se lavó las manos con respecto a las denuncias de falta de stock y precios exhorbitantes, atribuyéndolo a las leyes de la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, el Gobierno nacional descartó producir un repelente efectivo nacionalmente para su distribución gratuita entre la población y en todos los centros sanitarios del país. Algunas provincias han explorado iniciar la producción propia.

Ante la política criminal del gobierno de Milei frente a la epidemia de dengue, los trabajadores y la población en general deben tomar el toro por las astas, en las escuelas, universidades, las barriadas, los lugares de trabajo y especialmente aquellos que lo hacen en el campo, a autoconvocarse para reclamar un protocolo de medidas de saneamiento, provisión de repelentes diarios, pago de jornales en caso de enfermarse y, de conjunto, impulsar una lucha por la vacunación obligatoria y gratuita de toda la población.

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