Tiempo de lectura: 3 minutos
El pleno de Juntos por el Cambio aprobó este jueves la Ley de Emergencia Económica que otorga superpoderes al jefe de Gobierno porteño. Hasta el 31 de diciembre, Horacio Rodríguez Larreta podrá disponer del erario público; suspender la vigencia de las leyes, modificar contratos de bienes y servicios (por ejemplo, los de 18.000 trabajadores con contratos de locación), permisos, concesiones, compras reguladas. También puede reasignar partidas y revisar programas “no esenciales”. Todas estas atribuciones para un hombre que liquidó 208 hectáreas de tierras públicas de la Ciudad solo en el primer mandato.
Los superpoderes no tendrán más limite que la supervisión de la Auditoría General y de una comisión de seguimiento y control en la que el oficialismo se reservó la presidencia y la mayoría.
Una de las áreas que sufrirá un hachazo formidable es el Instituto de la Vivienda, que pierde la mitad de los recursos que obtenía del juego. Eso, en la semana en que la explosión del coronavirus en las villas corrobora que el derecho a una vivienda digna es cuestión de vida o muerte.
El ataque a los trabajadores es enorme: sigue vigente la posibilidad de “cancelar” los contratos de los precarizados. Cancela los aumentos de sueldo mientras dure la emergencia. Prohíbe nuevas incorporaciones de personal, excepto en Salud. El Ejecutivo además puede reasignar tareas, algo que de hecho ya está haciendo. Por ejemplo, con los empleados del IVC y otras reparticiones que trabajan en hoteles para asistir a quienes están en cuarentena.
Aunque el Frente de Todos no votó -ni era necesario que lo hiciera porque Juntos por el Cambio tiene los 31 votos suficientes-, y porque la legislación vigente lo autoriza a fraccionar el pago de salarios, esta semana Rodríguez Larreta se reunió cordialmente con el jefe del bloque del FdT, Claudio Ferreño (un hombre del presidente), con Javier Andrade (La Cámpora) y con María Rosa Muiños (PJ Capital). No faltó nadie. Los voceros de la burguesía le reprocharon a la ´oposición´ porteña no haber acompañado la “emergencia” de Larreta, como sí lo hizo el bloque de JxC en el Congreso Nacional, a favor de AF.
La burocracia de los sindicatos estatales (ATE, UTE, UPCN) no pasó de algunos plañidos, aunque eso no impide que se adjudiquen el retiro del artículo 19, que permitía pagar el salario en cuotas. No es para tanto: “El Ejecutivo lo puede hacer (escalonar los sueldos), no necesitamos ponerlo en una ley. Si no hay plata va a pasar, pero antes que en la Ciudad, se va a dar en las provincias”, advirtió una fuente a Clarín (6/5). La ley crea un antecedente que puede ser muy útil “para el resto de las jurisdicciones y estamentos del Estado”, celebró La Nación (29/4).
Mientras la Legislatura votaba la emergencia, Rodríguez Larreta estaba en Olivos, discutiendo con Alberto Fernández cuánto flexibilizan la cuarentena. Navegan a dos aguas: la feroz presión patronal que quiere a todo el mundo trabajando cueste lo que cueste, y la posibilidad de que los contagios precipiten una catástrofe.
El oficialismo porteño quiere habilitar las actividades comerciales. Abrir la construcción, el comercio, locales gastronómicos -en el formato “para llevar”- y autorizar algún paseo a los chicos. Según dice La Nación, uno de los argumentos fue "si sacamos los contagiados en las villas, te quedan unos 30 a 40 por día. No es motivo para no abrir”.
Qué fallido, señores. Se sabe que un gobierno que tiene en su gabinete a los especuladores inmobiliarios sueña con “sacar a los de la villa”, contagiados o no. En esta situación, ¿a dónde pensarán “sacarlos”? Dónde se supone que viva la inmensidad de trabajadores de la construcción, comercio, gastronomía que hacen la riqueza de esta ciudad si no es en el conurbano o en la villa.
La ley generó gran malestar entre los trabajadores del Estado municipal. Enfermeros y residentes manifestaron en las puertas de los hospitales, una delegación de Ademys y Juntas Internas de ATE convocaron a la Legislatura. Hay que garantizar la atención médica y la comida en las villas. Hay que garantizar un salario igual a la canasta familiar para todo el mundo. Hay que garantizar la centralización de la salud para que llegue a todos los que la necesitan.
