Un intento por quebrar la marcha del 23

El aparato de propaganda del gobierno liberticida salió a difundir la versión de un “acuerdo” con las universidades nacionales, en relación a la crisis presupuestaria que ha conmocionado a las casas de estudio. Según el gobierno, “consensuó” con los rectores un aumento del 70 % para marzo y de otro 70 % en abril para los ´gastos operativos´ de las universidades, los cuales sólo afectan a la décima parte de sus erogaciones. El otro 90 % lo conforman los salarios docentes y no docentes. Si la versión del gobierno fuera cierta, estaríamos ante una recuperación de apenas el 14 % de los recursos confiscados, cuando correspondería un aumento del 300 %. En cualquier caso, el Consejo de Rectores niega que incluso esa ínfima partida de fondos se hubiera transferido, y que sólo se trató de un “ofrecimiento informal”. Hace un mes, el gobierno había reboleado un “aumento del 70 %” para los gastos de las universidades, que nunca se concretó. Las “ofertas oficiales” son una improvisación con un solo objetivo: golpear la asistencia a la marcha del martes 23, haciendo correr la versión de que la crisis de las universidades ya estaría solucionada.

Ascenso estudiantil y docente

La operación del gobierno sólo se explica por la magnitud que ha alcanzado la convocatoria: en los últimos días, el movimiento de clases públicas –convertidas en verdaderos piquetes- ha ganado a las principales universidades de la UBA, como pudo verse en Psicología, Filosofía, Sociales, en los abrazos al Hospital de Clínicas y a los pabellones de Exactas. El ascenso universitario, por otra parte, ha llegado a las principales casas de estudio del país. Entre otras, en Tucumán, en el Comahue y en las universidades del conurbano bonaerense. La concurrencia al 23 ha sido tomada por la docencia y el estudiantado de colegios secundarios, e incluso por centros de estudiantes de universidades privadas –como la UADE-. Es que la liquidación y privatización de la universidad pública refuerza la voracidad de los capitalistas de la privada, cuyos estudiantes están siendo golpeados por aranceles insostenibles. La marcha del 23, a esta altura, reviste un carácter definidamente político, incluso con independencia –y hasta con la oposición- de muchos de sus convocantes. Quienes han resuelto concurrir ven en ella la oportunidad de asestarle un golpe al gobierno antiobrero. La juventud que ocupará las calles el 23 es la punta del iceberg de una crisis social que se extiende al conjunto de sus propias familias, golpeadas por la miseria salarial y jubilatoria, los tarifazos, la disparada de los alimentos y los alquileres.

A la luz de esta realidad, la operación de Milei y de sus “Goebbels” en frasco chico contra la marcha del 23 supera largamente al regateo de porcentajes y cifras con las autoridades universitarias. Es un intento por menguar la fuerza de una gran demostración política contra el gobierno, que podría ser la punta de lanza de una reacción de alcance general.

Rectores

El comunicado de los rectores ante la “fake” oficial ha sido, en el mejor de los casos, ambiguo. Aunque desmiente la existencia de un acuerdo, reivindica la apertura de un “diálogo”, o sea, da cuenta de una negociación en curso cuyos términos la comunidad universitaria desconoce. Los rectores no destacan el carácter ultralimitado de los ´anuncios´, sino que no se han concretado aún. No denuncian la intención de dejar afuera de los reajustes a los docentes y no docentes. En simultáneo a la “fake” oficial, las centrales sindicales universitarias informan que el gobierno ha dispuesto ¡un 8 %! de reajuste salarial a marzo, lo que consolidaría una pérdida en los salarios docentes universitarios del orden del 50 % en el lapso de los últimos cuatro meses. La destrucción del salario de los profesores no solamente constituye el grueso del ajuste presupuestario de la universidad en términos numéricos. Es también el hilo conductor de un proceso de vaciamiento de la educación superior, por un lado, y de privatización de su estructura interior, por el otro. La pulverización salarial empujará a muchos docentes e investigadores a la emigración o, en su defecto, a buscar alternativas en la universidad privada. Al interior de las universidades públicas, mientras tanto, se reforzará la presión para complementar esos salarios miserables con los ingresos que provengan de contratantes privados. Así, se reforzará la sujeción de la investigación científica a las corporaciones capitalistas, algo que se encuentra vigente bastante antes de Milei. Las ambigüedades del Consejo de Rectores delatan por dónde pasa la ruta de un eventual acuerdo con la camarilla de Milei-Caputo: conseguir unas migajas para los “gastos operativos”, mientras se entierran los salarios y las jubilaciones docentes.

Al igual que Milei, el Consejo de Rectores también mira más allá de la Universidad: en definitiva, sus integrantes responden en su mayoría a los partidos que están articulando en el Congreso los términos del paquete antiobrero del DNU y la ley Bases. Ello vale en primer lugar para Emiliano Yacobiti, el vicerrector de la UBA y diputado radical. En definitiva, el acuerdo reaccionario de la Ley Bases, que incluye una reforma laboral, la restitución del impuesto al salario, la confiscación del Fondo de Garantía del ANSES y la privatización de empresas estatales es incompatible con la sobrevivencia de la Universidad Pública. El arco político que se mueve detrás de los rectores también le teme como la peste a un “estudiantazo” y a una rebelión popular, la cual no solo colocaría en el banquillo a Milei sino también a su amplio arco de complicidades.

Con todo a la marcha del 23

Las maniobras de los rectores son un severo llamado de atención a las federaciones sindicales docentes, pues delatan la intención de erigirse como negociadores “en bloque” del presupuesto universitario, incluyendo -y eventualmente a expensas de- los salarios. De conjunto, se plantea que el activismo universitario multiplique las acciones para movilizar e interesar a la gran masa del estudiantado y de la docencia, que vive en estas horas un despertar político. Parte de ese esfuerzo reside en clarificar los problemas políticos planteados en torno de la crisis universitaria. Terminar con el gobierno golpista y privatizador, que es la voluntad que se pondrá de manifiesto este 23, exige autoconvocarnos e impulsar una lucha independiente del Estado y de los múltiples socios y cómplices de la camarilla libertaria.