Estocada final para las concurrencias en CABA: un golpazo a la salud pública

El anuncio de los nuevos cupos para las residencias básicas y posbásicas por parte del gobierno nacional vino con un ajustazo contra la salud pública, y en especial contra la salud mental. La novedad es la amputación final de las concurrencias en CABA, eliminando los 145 cargos que se habían ofrecido el año pasado. Las concurrencias son un sistema de formación profesional en servicio, al que podían acceder graduados de las diferentes disciplinas del campo de la salud a través de un concurso público. Implicaba la asunción de tareas y responsabilidades en la asistencia y tratamiento de pacientes, de forma “ad honorem”. A diferencia de las residencias, los profesionales de las concurrencias no son considerados empleados del gobierno porteño, por lo que no tenían ficha municipal, no percibían salario ni contaban con ART. En esas condiciones precarias, su labor sostenía servicios enteros, en particular en los efectores especializados en salud mental.

Desguace y privatización

En el año 2019, la entonces ministra de Larreta, Bou Pérez, presentó una ley que desenganchaba el salario de las residencias del resto de los trabajadores de planta de los hospitales y que, en el caso de las concurrencias, reafirmaba su naturaleza “ad honorem” y el menor puntaje otorgado al momento de concursar por un cargo de planta. La ley provocó una rebelión de residentes y concurrentes: con una huelga general indefinida logramos que la Legislatura diera por muerta la nueva norma. La consecuencia fue la salida de Bou Pérez y su reemplazo por el actual ministro, Quirós. La llegada del hombre del Hospital Italiano implicó un cambio de frente respecto a las concurrencias: de la legalización del trabajo “ad honorem” se pasó a su lisa y llana eliminación, con el objetivo de ofrecerle el sistema formativo de posgrado a las universidades. Los concurrentes serían así transformados en “fellows” o “cursistas”, que no solo no cobran, sino que pagan un arancel por poder acceder a formarse en los hospitales.

La eliminación de los 145 cargos es la estocada final de un largo desguace. En 2019 había 1440 cargos de concurrencias, hoy quedan menos de un tercio. En cuatro años, cuando se reciban las actuales camadas, dejarán de existir. Desde la llegada de Quirós, la cantidad de cargos abiertos por año fue cayendo en picada libre. De los 519 cupos que se concursaron en 2019, se pasó a 344 en 2020, 192 en 2021 y así hasta llegar a los 145 del año pasado. Primero fue el turno de las especialidades médicas, rápidamente absorbidas por los cursos arancelados que ofrecen universidades públicas y privadas. En efectores de salud mental como el Ameghino y el centro 1 la resistencia fue masiva y obligó a que el plan de desmantelamiento de Quirós se hiciera de forma paulatina. El ministerio dice que amplió para esos efectores la oferta de residencias, pero se trata de 3 cargos de residencias frente a los 25 que había de concurrencias. Además, la cantidad total de residencias sigue estable, por lo que la “ampliación” es una redistribución a costa de otras especialidades.

Más sobrecarga y menos formación

La consecuencia será la reducción de espacios terapéuticos, de atención y acompañamiento en los hospitales y centros de salud públicos, justo cuando su demanda es más alta que nunca frente a la crisis social, el derrumbe de las condiciones de vida y los tarifazos que jaquean la permanencia en las prepagas. Esto reforzará aún más la sobrecarga del resto de los trabajadores de la salud, en un contexto de incremento de la presión patronal y de ajuste de clavijas sobre las condiciones de trabajo. A través del control centralizado de las agendas, la política de Quirós apunta a expropiar a los equipos de salud locales la capacidad de manejo de los turnos y ritmos de trabajo, imponiendo una sucesión frenética de consultas que desconoce las necesidades de pacientes y profesionales y los tiempos de la clínica y los tratamientos en salud. El ministerio envió intimaciones por lo que consideran “incumplimientos” en estas agendas imposibles y abrió sumarios contra médicas generalistas de los CeSACs 1 y 8, en un claro intento de disciplinamiento y persecución laboral.

Desde el punto de vista de la capacitación, las posibilidades de obtener una especialización de posgrado gratuita se reducen de forma drástica. En el caso de una disciplina crítica como Psicología, los cupos formativos del 2024 caerán un 50 % respecto a 2023. Esto plantea la necesidad de involucrar al movimiento estudiantil en esta pelea, ya que se trata de su futuro cercano y de defender una formación científico profesional integral contra el apetito de las camarillas privatistas que quieren convertir ese derecho en un negocio. Necesitamos seguir ampliando la rebelión de las universidades y colocar en su agenda la defensa de todos los cargos de las concurrencias en salud pública. Hagamos que esta rebelión llegue también a la salud pública, uniendo a sus trabajadores en la defensa de todos los cargos vigentes y su paso a condiciones de convenio, con salario y ART.

Organicemos la lucha

Lejos de entorpecer, la pelea por el salario y la ART para todos los compañeros que siguen en el sistema de concurrencias es clave para afianzar la lucha. La asamblea de residentes y concurrentes votó organizar un empadronamiento con este propósito. La política de la burocracia sindical y el kirchnerismo de evitar el reclamo salarial para no “dar argumentos” que favorecieran el cierre de las concurrencias terminó en un hondo fracaso: ahora no hay salario pero tampoco tenemos cupos. Quienes ayer recomendaban inhibir la reivindicación salarial, como las direcciones de Médicos Municipales y Federación de Profesionales, hoy se mantienen en un silencio cómplice frente a la eliminación de las concurrencias.

En estas condiciones, la lucha de los trabajadores de la salud debe ser una sola y autoconvocada. Organicemos asambleas y acciones de lucha por el fin de la precarización laboral, la ampliación real de las dotaciones, el control de las condiciones laborales por parte de los equipos profesionales, la defensa de todos los médicos sumariados y un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los trabajadores de la salud, incluyendo a todos los compañeros que siguen en las concurrencias. Unamos fuerzas para frenar esta política de desguace de la salud mental y de privatización de la formación profesional y de la salud pública.

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