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El gobierno de Jorge Macri está ejecutando una política enérgica para bajar la proporción de pobres -31 %-: los expulsa. El método es que una dotación uniformada con el logo del BAP -Buenos Aires Presente–, acompañada por dos o tres patrulleros, les quite a las personas que duermen en la calle el colchón, las mantas, la ropa y en algunos casos hasta los documentos.
Dicen que les proponen ir a los paradores y, si no aceptan, los echan. Nadie dice dónde. Según Waldo Wolff, hay 400 policías involucrados en el desalojo de los sintecho (LN, 5/5). Estamos frente a un operativo de terror contra el sector más pauperizado de la sociedad, que según los censos de las organizaciones populares ya superó las 10.000 personas.
“No vamos a dejar que se armen ranchadas o que cada uno duerma donde quiera. Los minicampamentos los estamos sacando todos los días. Usás los paradores o te vas a otro lado. La calle no es el lugar para dormir”, declaró delante de cuanto micrófono tuvo cerca el secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravetz. En la misma línea, el ministro de Seguridad, el sionista Waldo Wolff, ratificó que “no se va a permitir más gente durmiendo en la calle. Primero, porque está mal, y segundo porque es peligroso para todos”.
Para el gobierno, los “vecinos” son solo los que tienen casa. Su campaña intenta atemorizarlos mintiendo que los sintecho son drogadictos, enfermos mentales y ponen en riesgo la integridad porque les secuestraron facas. El ministro, que se jacta de su paso por el ejército israelí, declaró: “Cobramos impuestos a los vecinos y no pueden tener a alguien durmiendo en la calle. Yo tengo que cuidar de que no vean a nadie haciendo sus necesidades en la calle” (LN, 6/5). Algo tan sencillo como baños químicos no cruza por su cabeza brutal.
La expulsión de la gente que vive en la calle tiene un antecedente inolvidable: en julio de 1977 el general Domingo Bussi ordenó a la policía de Tucumán que cazara mendigos durante tres días, los encerrara en una comisaría y después los subiera a un camión que los llevó hasta Catamarca, donde los tiraron. La mayoría murió de hambre y de frío en una ruta por la que no pasaba nadie.
El criterio es idéntico. Hace 10 días Jorge Macri publicó en su cuenta de Instagram varios videos y fotos de una campaña para "limpiar" de basura a la Ciudad de Buenos Aires. Los posteos titulados “Operativo especial de orden y limpieza en Recoleta y Palermo” combinaban dos fotos. La primera mostraba a una persona o una familia sin techo, interpelada por un grupo de hombres con uniformes del BAP. En la otra, las personas ya no estaban, el lugar había quedado “limpio” de humanos y la patota se estaba llevando las pertenencias mientras “desinfectaban” la vereda con una hidrolavadora. La “limpieza del espacio público” es un desalojo y los desalojados equiparados con basura.
Los posteos recibieron fuertes críticas y entonces el gobierno porteño arguyó que se había tratado de “un error de comunicación”. Macri borró las fotos de Instagram y las reemplazó por la de un Centro de Integración Social, los paradores a donde supuestamente les ofrecen ir. Pero un relevamiento de la UBA ya en 2021 reveló que “el 85% de las personas en situación de calle prefiere dormir a la intemperie antes de ir a un parador por temor a situaciones de violencia” (Tiempo 10/6/21).
“El modelo de los paradores surgió en los 90 como un lugar en el que la gente come, se baña, duerme y se va. Son lugares muy expulsivos, discriminatorios a la hora del ingreso”, dice Horacio Avila, referente de la Organización Proyecto 7, que recibe unas 400 personas diariamente.
En los paradores de la ciudad o “conveniado” solo reciben personas con DNI de entre 18 y 59 años, y a las 6 de la mañana los devuelven a la calle. Son para hombres o para mujeres y niños menores de edad, lo que implica que las familias se dividen. En el único “mixto” solo admiten familias si un integrante tiene certificado de discapacidad. Por supuesto, deben abandonar el perro, una compañía frecuente de quienes han perdido todo. En los refugios, los sintecho son tratados como delincuentes: hay más policía que trabajadores sociales y las bandas “permanentes”, asociadas a la burocracia del SUTECBA, muchas veces los maltrata y despoja de sus cosas.
Durante su campaña Macri ya había arremetido contra los indigentes, acusándolos de usar los cajeros de los bancos como monoambientes (sic). Ahora se justifican diciendo que aplican el protocolo “Cero niños en la calle” y el de “Atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”, lanzados este año.
Esto significa que están separando a los niños de sus hermanos y de sus madres y padres por el solo hecho de que carecen de vivienda y de trabajo, un crimen social que es exclusiva responsabilidad del Gobierno y de los que lo precedieron. Los sintecho son víctimas de la crisis habitacional, de la pauperización galopante. La inmensa mayoría ni está loco ni se droga ni agrede a los demás. Y si así fuera, lo que corresponde es que el Gobierno le brinde atención médica y psicológica, un lugar donde vivir y recuperar su capacidad laboral.
Un informe reciente arrojó que el 36 % de las personas que viven en la calle estaba residiendo en una vivienda propia antes de quedarse sin techo, que el 32 % alquilaba y el 9 % vivía en un hotel o una pensión. Sólo el 6 % provenía de una institución. (Tiempo) Esto destruye el segundo protocolo (…padecimientos de salud mental) que se presenta como un programa de salud, cuando no es otra cosa que un operativo de desalojos y estigmatización contra los más pobres de la ciudad.
Hay que frenar los desalojos y exigir al gobierno antiobrero y antidemocrático de Jorge Macri que abra los cientos de casas propiedad del Estado porteño para quienes lo perdieron todo.
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