Chaco: la Legislatura da vía libre a los desmontes

En una cesión entre gallos y media noche, la Legislatura Provincial del Chaco aprobó una rezonificación que quita la protección de territorios. Los beneficiarios son las explotaciones tanineras y el sector de los agronegocios.

El martes 30 de abril por la madrugada, al mismo tiempo que se trataba la ley Bases en la Cámara de Diputados Nacionales, los diputados provinciales de Chaco aprobaron una reconfiguración del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. La ley en cuestión habilitó que más de 1 millón de hectáreas sean desmontadas, por ende, se reduce la protección de los bosques nativos y da vía libre para avanzar sobre propiedades de indígenas y campesinos de la provincia. También ataca especies como el Yaguareté, el Quebracho Colorado y otros, que se encuentran en peligro de extinción, como consecuencia de estas prácticas que arrasan con todo a su paso. El desmonte aumenta la presión erosiva sobre la tierra y modifica los ciclos del agua y de los acuíferos. Luego del Amazonas, el Bosque Chaqueño, que abarca Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina, es el segundo ecosistema boscoso más importante del continente. Recientemente, portales especializados han apuntado que la inundación que acaba de sufrir el sur brasilero, elevada a la categoría de desastre natural, está fuertemente relacionada al desmonte a gran escala de los ecosistemas boscosos de América Latina.

La cesión del escándalo estuvo precedida por idas y vueltas entre los bloques de la Legislatura. El 25 de abril el bloque oficialista de Juntos por el Cambio, secundado por el Justicialismo y la CER (Corriente Expresión Renovadora), pidió una sesión extraordinaria a celebrarse el 29 de abril para tratar tres temas en el orden día. Uno de ellos era el Proyecto de Ley 423/24 de actualización del OTBN y la reforma del Decreto 2157/24, que se encontraba judicializado por no cumplir reglamentaciones de la Ley Nacional de Bosques.

Los ediles provinciales, para darle un marco “democrático”, constituyeron una comisión encargada de evaluar todos los proyectos de OTBN que se habían presentado y sumar a diferentes actores involucrados, como técnicos, comunidades indígenas, organizaciones ambientalistas, campesinos y empresarios. La comisión funcionó en las sombras el mismo 29 de abril a las 16:00 (¡cuatro horas antes del inicio de la sesión!). Un fraude total que dió paso a una bochornosa sesión de la cámara, que a las 2:40 del 30 de abril, terminaría aprobando la rezonificación. Quiere decir que la Legislatura planificó una sesión exprés -10 hs. de tratamiento entre comisión y sesión en cámara- e ilegal, sin las consultas y los estudios de impacto ambiental que requiere el marco legal ambiental, con la venia del PJ. La irregularidad fue tan manifiesta, que solo podía ser ocultada por la atención que concentró el tratamiento de la ley de Bases, en ese mismo momento.

En noviembre de 2007 fue sancionada la Ley N°26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y fue puesta en vigencia por CFK en 2009. Los diferentes gobiernos hasta la actualidad han llevado adelante un desfinanciamiento sobre los montos que se deben asignar por ley, es así que desde 2014 el Congreso de la Nación le asignó menos del 10 % de lo que debería recibir por presupuesto preestablecido. Lo cierto es que, desde su entrada en vigencia, la ley ha estado al servicio de los negociados que se mueven alrededor de los desmontes. Los procesos de Ordenamiento Territorial de Bosques (OTBN) no se han cumplido con su actualización, de esta manera se da vía libre a la deforestación ilegal. Es así como en 2021 el 54% de los desmontes se dio en zonas prohibidas por la ley. La connivencia política, judicial y empresarial queda plasmada en las faltas de control y en la ausencia de un registro de infractores actualizado permanentemente. De hecho, en las zonas en las que está prohibida la deforestación hace más de 10 años, se continúan con las practicas depredatorias sin consecuencias para los empresarios responsables y los funcionarios cómplices. De esto se desprende que la prohibición total (como piden algunos sectores ambientalistas) no es el camino a seguir, en la medida que los controles no estén en manos de los trabajadores y comunidades campesinas e indígenas golpeadas por este flagelo.

La legislación que entró en vigencia en 2009 otorgaba un año, a las provincias para llevar adelante un ordenamiento territorial de sus bosques nativos y determinar en un mapa cromático cuales eran las zonas en las que se podía llevar un desmonte (color verde), las regiones donde no se podían intervenir la vegetación (roja) y las zonas intermedias (amarilla). Los gobiernos provinciales dilataron el armado de dicho mapa o no hicieron cumplir la reglamentación, como consecuencias de las presiones del lobby maderero y de los agronegocios. A su vez, la Ley de Bosques, plantea una instancia de deliberación con las comunidades afectadas por estas prácticas depredatorias, cosa que nunca ocurrió. La provincia de Chaco efectuó su OTBN en 2009, cumpliendo con la Ley de Bosques, pero no realizó el relevamiento cada 5 años para ampliar las zonas protegidas. Muy por el contrario, y de manera inconstitucional, los diputados chaqueños realizaron una reversión de la ley con la aprobación de la tala de 1.250.000 hectáreas, violando de esta manera el Acuerdo de Escazú, la Ley General de Ambiente, la Ley de Bosques Nativos y los criterios de sustentabilidad establecidos por el Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). De esta manera se habilita el desmonte en zonas catalogadas como categoría II (zonas amarillas) que pasan a ser consideradas Categorías III (verde), lo que es violatorio de la ley nacional. Por ejemplo, se prevé que se desmonten áreas que el ordenamiento del año 2009, fueron catalogadas como de mayor nivel de conservación. En síntesis, el nuevo mapa de ordenamiento que se establece en la ley votada en el Chaco es el aval de los desmontes ilegales.

Las estimaciones dan cuenta que en la provincia del Chaco desde 1998 (año en el que se aprueba el uso de soja transgénica) hasta el 2022, 860.000 hectáreas de bosques nativos fueron desmontadas. Por consiguiente, el aumento de la zona cultivable creció casi un 200%, destinada a la sojización y actividades ganaderas.

Quien se puso a la cabeza de la rezonificación fue el propio gobernador Leandro Zdero, de Juntos por el cambio, contando con el apoyo de todo el arco de partidos patronales y los sectores de los agronegocios y tanineros, como es el caso de la pyme Unitan, quien a través de su Gerente de Relaciones Institucionales Antonio Gil, sentenció: “Lo que queremos y pedimos es algo muy necesario para el desarrollo del sector, que es tener pronto despacho del proyecto de ordenamiento territorial.” Unitan y Gil festejan la resolución de la trasnochada sesión de diputados. La empresa tiene una capacidad de producción de 40.000 toneladas anuales, exporta a más de 50 países y tiene plantas en Chaco y Formosa.

El tratamiento irregular y, valga la contradicción, ilegal, de la ley de rezonificación, tiene como objetivo primero, pavimentar el camino hacia el Pacto de Mayo en lo que respecta a la preparación del andamiaje legal para la explotación y rentabilización a gran escala de grandes ecosistemas naturales. De otro lado, la puesta a disposición de más de un millón de hectáreas de tierras para el agronegocio podría tener el fin de evitar, o al menos negociar, una baja de las retenciones por parte del gobierno de Milei, puesto que el capital agrario ampliaría su escala de explotación y aumentaría su masa de renta. La baja de los aranceles a la importación de herbicidas, una materia prima fundamental, pero no la única, en esta actividad, no ha convencido a las entidades agrarias, que sostienen a raja tabla la exigencia de la baja de retenciones y la devaluación.

Quiere decir, que ni aun entregando todo el bosque chaqueño y litoraleño, la camarilla libertaria se ahorrará un choque con estas patronales, que se encuentran reteniendo la liquidación de exportaciones a la espera de una devaluación, que el gobierno se resiste a ordenar, por miedo al estallido hiperinflacionario que la misma desatará. En el estallido de las contradicciones de la crisis capitalista mundial y en Argentina, se cruzan la depredación ambiental y de la fuerza de trabajo, cuyo precio es el único que no se indexa y que, por tanto, la empuja a su extinción.

Es necesario unir estos cabos sueltos dentro del programa de una Huelga General que debe tener como objetivo terminar con el gobierno antiobrero y depredatorio de la camarilla libertaria.