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Gustavo Fiad, sobrino del exministro de Salud, exsenador nacional y actual legislador por la UCR, fue condenado a 30 meses de prisión en suspenso por abuso sexual simple de una menor de 4 años, hija de su expareja. El fallo se dio en primera instancia y luego la Cámara de Casación ratificó la condena. Sin embargo, la defensa del acusado apeló al Superior Tribunal de Justicia, máximo órgano provincial copado por el oficialismo, quien decidió absolver a Gustavo Fiad, en un fallo no sólo aberrante, sino también omitiendo la mayor parte de la prueba con la que había sido condenado y ratificado en segunda instancia.
La abogada de la menor, Elizabeth Gomez Alcorta -exministra de la mujer-, junto a la abuela de la niña, la abogada Ivone Haquim (hermana del ex vicegobernador de Jujuy), presentaron un recurso extraordinario federal para elevar el reclamo a la Corte Suprema de Justicia, alegando manifiesta discrecionalidad del tribunal provincial. En un comunicado, los abogados aseguran que se trata de un caso «con connotaciones políticas» y detallan: «No se descarta que la absolución de Fiad haya respondido a compromisos políticos, dada la vinculación entre el acusado de este grave delito y el exgobernador de la provincia» (el Submarino 9/5).
Los "hijos" del poder y Justicia a la carta
La causa contra el sobrino de Fiad no es la única denuncia de encubrimiento a los “hijos” del poder en la provincia de Jujuy, quienes han resultado impunes y cubierto sus hechos. Uno de los mas resonantes es el asesinato del joven Matías Puca, atropellado por un automóvil mientras caminaba volviendo de los desfiles de carrozas en la semana del estudiante. Misteriosamente, esa noche hubo un ‘atentado’ al sistema de cámaras de seguridad vial por lo que se borraron todas las filmaciones de lo que pasó.
Recientemente, la justicia jujeña tomó una medida escandalosa de detener preventivamente por 60 días a Roque Villegas y Nahuel Morandini por tuitear sobre una supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador Morales, donde intervino todo el aparato del Estado: Justicia, Secretaría de la Mujer, de la Niñez, llegando a imputarlo de supresión de identidad, que terminó en una rotunda derrota por la movilización popular para exigir la liberación y contra la persecución política. Una vez más, vemos cómo actúa la justicia a la carta en la provincia de Jujuy.
Un caso testigo
Estamos frente a un caso testigo, porque si bien no se trata de un disputa ’entre familias del poder’, la víctima tiene los recursos económicos y también políticos para llevar el caso hasta las últimas consecuencias y denunciar todas las maniobras por el conocimiento del manejo de la justicia. Este caso ya hubiera caído de no tratarse de una familia con estos recursos para reclamar justicia.
La denuncia por el abuso de la menor se realizó en 2019 y luego de tres años recién llegó a juicio, luego de varias maniobras dilatorias para que Gustavo Fiad quede impune. Entre tantas denuncias, la abuela de la menor apuntó contra el Fiscal General del MPA (Ministerio Público de la Acusación), Sergio Lello Sanchez, por encubrir al acusado (Jujuy Dice 9/5).
La Secretaría de la Niñez y la de la Mujer, que actuaron de oficio como denunciantes cuando el poder político se lo reclamó (caso tuiteros), en esta ocasión no sólo no han intervenido, sino que ni siquiera han manifestado una posición en este caso.
Nuevamente queda demostrado que en Jujuy las instituciones que deberían bregar por los derechos de todos responden únicamente las órdenes del Poder Ejecutivo provincial.
La lucha por justicia para la menor y para todos los casos impunes en la provincia requiere de una gran movilización popular, de la denuncia sistemática de todas las intuiciones y de una lucha a fondo contra el poder político que pretende utilizar la justicia como una herramienta de regimentación política y de encubrimiento.
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