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A la desvalorización del 38 % de los salarios y bastante más de las jubilaciones, el Gobierno ha sumado ahora el racionamiento del gas a la industria y el gas comprimido al transporte.
No por eso ha dejado de avanzar en un nuevo tarifazo en el gas, la luz y las naftas.
La falta de gas obedeció a que canceló la compra de las plantas compresoras necesarias para poner en marcha el Gasoducto del sur. “Priorizó”, dice La Nación, “cuidar el superávit fiscal y frenar la obra pública” (La Nación, 29/5).
En otras palabras: “priorizó” el pago a los acreedores de la deuda pública a costa de un colapso energético en el comienzo del invierno. El capital internacional reclama la prioridad para un superávit fiscal de 80.000 millones de dólares.
La ‘motosierra’ alcanzó a la importación de gas licuado de Brasil, que retuvo la carga porque el Gobierno no ha podido reunir los 500 millones de dólares de la compra.
En estas horas, 300 industrias deberán parar su producción, incluso cuando la demanda industrial de gas es muy inferior a la de hace un año por causa de la recesión.
En el estribo del avión, para borrarse por enésima vez de Argentina, Milei firmó el decreto que pone fin a los subsidios a la energía.
A los tarifazos ya soportados en los primeros meses del año, se vienen aumentos superiores al 200 % para la población de menores ingresos.
Por esta vía, los ajustadores cumplirán con el propósito de dolarizar el petróleo, el gas y la luz, que deberán pagar salarios pesificados. En esta clase de confiscación consiste “la competencia de monedas” que propugna el régimen protofascista.
La CGT mira, sin embargo, para otro lado. La burocracia tiene paralizado el sindicato metalúrgico, cuando han pasado seis meses sin convenio colectivo.
Abajo los tarifazos. 100 % de aumento salarial y 200 % de las jubilaciones. Ningún despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
Huelga general.
