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Aumentan el hacinamiento, la precariedad y las fugas de presos de las comisarías en la CABA. Desde la pandemia de Covid-19, la sobrepoblación carcelaria no detiene su crecimiento en la Ciudad de Buenos Aires y hoy está cercana al 200 %. Uno de las razones es que Nación no da cupo en las cárceles federales, donde los presos que están procesados deberían ser alojados a la espera del juicio. Ante este cuadro, el gobierno porteño ensayó una solución provisoria con los “módulos de detención” que se instalarán en tres barrios.
No obstante, el anuncio no les dio ningún alivio a numerosos vecinos, sobre todo de Barracas, que a través de protestas callejeras y en las redes sociales expresaron su descontento y temor. Aseguran que con la medida se va a incrementar la inseguridad, en base a diversos argumentos con los cuales manifiestan sus preocupaciones. Los containers con materiales con asbesto representan un serio peligro. En la zona hay colegios, dos clubes de barrio y hay mucho movimiento de chicos desde las 7 hasta las 21.
Además, recalcan su temor en cuanto al lugar donde van a colocar a los presos ya que no solo es una zona altamente urbanizada, sino que también tiene vías de acceso a Provincia de Buenos Aires. En lo que va del 2024 hubo 13 fugas de presos en distintas comisarías de la Ciudad, un promedio de una fuga cada nueve días. También aseveran que la inseguridad está latente debido a la situación de los Centros de Inclusión Social (CIS) que se fueron instalando en la zona, ya que conviven con gente con pedido de captura, tobilleras electrónicas, y tienen muchas denuncias por amenazas, rotura de cristales y otros episodios violentos.
Los vecinos del mencionado barrio porteño han expresado su descontento por la decisión del Gobierno con diferentes manifestaciones. En el interior del playón de la Comisaría Comunal 4D de Barracas se instalarán, a mediados de julio, 19 contenedores que serán capaces de albergar a 70 presos. Además de ese lugar, instalarán los módulos en la Comisaría Comunal 12, ubicada en la calle Ramallo al 4300, en Saavedra, y en la Comisaría Comunal 15, en Avenida Guzmán al 300, Chacarita.
La decisión de Jorge Macri de instalar “módulos de detención” tiene antecedentes. En 2002 Felipe Solá, por aquel entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, anunció el traslado de presos (que sumaban 7600) en comisarías, a contenedores que fabricaría la Gendarmería Nacional. A su vez, la medida de Solá tuvo otro antecedente. En mayo de 2001 la Agrupación Salta de Gendarmería anunció que utilizaría un contenedor-celda para albergar presos federales ante la superpoblación que sufrían las cárceles en esa provincia. La propuesta generó fuerte polémica y se evitó, finalmente, mediante un hábeas corpus, que 25 detenidos pasen a los contenedores. A cambio la provincia logró la promesa de que se construiría una unidad penitenciaria en la ciudad de Güemes, que a su vez aliviaría también la crítica situación de los presos de Jujuy. El sistema carcelario es una cruda expresión del régimen actual. El aumento de la pobreza, el vaciamiento de la educación pública, las zonas liberadas al narcotráfico, el aumento de los aparatos represivos y las cárceles abarrotadas de presos por delitos menores -como robos simples- en su inmensa mayoría pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad.