FUA: Un acuerdo por la deuda externa entre la UJS (oficialista), el FdeT y Franja Morada

El pasado 28 de abril, a través de plataformas virtuales, se reunió la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina. Una resolución, aprobada por unanimidad, expresa un “apoyo a la propuesta de gravar las grandes fortunas y a la renegociación de la deuda, diferenciando la legítima de la ilegítima”. El proyecto oficial acerca de las grandes fortunas es “por única vez”, afecta a doce mil individuos solamente y calcula recaudar tres mil millones de dólares. Hay una propuesta de descontarlo del impuesto a las ganancias, del orden de u$s15 mil millones, lo cual lo reduciría, evasión mediante, a cero. El “apoyo a la renegociación” omite que se ha pagado deuda, de diciembre a la actualidad, por cinco mil millones de dólares, que la quita sobre el capital es de apenas el 6 por ciento. Como una ‘renegociación’ implica encontrar la vía del medio entre acreedores y deudores, el planteo encaja en la política de los fondos internacionales. La distinción entre deuda ‘legítima’ y ‘no legítima’ esta fuera de la mesa de renegociación, y difícilmente podría ser discernida de aquí al 22 de mayo, cuando el no pago de un vencimiento de 600 millones de dólares desataría el default. En definitiva, las corrientes que integran la directiva de la FUA se pusieron de acuerdo en una farsa.

No debería sorprender a nadie que las agrupaciones estudiantiles que responden a las camarillas universitarias (peronistas y radicales) suscriban estos planteamientos. Lo inédito del caso es que fue acompañado por la izquierda, representada por dos agrupaciones del FIT-U, Izquierda Socialista y el Partido Obrero ‘oficial’.

La declaración recoge también un conjunto de reclamos y pedidos, que no entrañan ningún plan de acción, pero que es incompatible con la ‘renegociación’ de la deuda con BlackRock y compañía. El estudio que determinó la ilegitimidad de la deuda hace dos décadas fue muy útil como factor de denuncia, pero incurría en un defecto conceptual. El primero es que toda deuda contra una nación soberana es ilegítima cuando alcanza un monto que convierte a los acreedores de una potencia dominante, en el gobierno real del país deudor, históricamente dominado, al que le impone sus planes y su estrategia. De otro lado, no existe un árbitro internacional con capacidad, autoridad y legitimidad para definir un resultado entre dos fuerzas desiguales en disputa. Un destacado representante de la corriente que rechaza el pago de la deuda ‘ilegítima’, Claudio Lozano, es director del FdeT en el Banco Nación, que acumula una pila de créditos ‘ilegítimos’ a clientes poderosos.

La FUA forma parte del “Comité de Crisis Universitario” -junto a los rectores del CIN, las dos Conadu, Fatun. Este “comité de crisis”, presiona por el levantamiento de la cuarentena: el retorno al trabajo en las condiciones pactadas por la UIA y la burocracias de la CGT. Una semana atrás, en un texto público, se pronunció por “pensar colectivamente y debatir las condiciones del posible regreso paulatino a la presencialidad”. La izquierda, en un verdadero acto de “co-gobierno”, ha pactado este acuerdo con los seguidores de Yacobitti.

Abandono de un programa

En una nota posterior a la resolución, publicada en Prensa Obrera, Federico Casas, representante del PO oficialista en la reunión, hace caso omiso de este voto unánime (no lo menciona siquiera) junto a “las agrupaciones de las autoridades y el gobierno”. En el mismo periódico, se califica a la propuesta de Guzmán-Fernández a los buitres como “una farsa completa” (Prensa Obrera, 7/5). Casas se consuela porque la FUA aprobó “una campaña por el aumento a $10.000 de la beca Progresar”. Es decir, canjeó los principios por una beca. Pero incluso esta “beca” es presentada como un proyecto legislativo - “generar un marco legislativo”. A Casas lo entusiasma porque el FIT-U ha presentado “un proyecto en la Cámara de Diputados a través de la diputada del PO-FIT Romina Del Plá” (PO, 7/5).

En el apartado “situación social”, se postula “implementar un consejo social para que se pongan en marcha acciones para articular con instituciones locales para generar respuestas a la crisis”. Según Izquierda Socialista, se aprobó una moción suya en apoyo a la lucha del frigorífico Penta, que ni siquiera figura en el comunicado final de la reunión. Probablemente, porque el apoyo a la lucha de los obreros es contradictorio con la “articulación” con las patronales y los gobiernos locales. El Consejo Económico y Social es una vieja consigna corporativa, que han implementado, en general, los “regímenes de excepción” (Mussolini, Franco) o sus sucedáneos (De Gaulle) o Perón-Gelbard.

La resolución de la FUA, además, está plagada de ambigüedades respecto de la virtualidad. Pide “capacitaciones sobre el manejo de herramientas digitales destinadas al aprendizaje en el ámbito educativo para todxs lxs docentes”, pero donde se han brindado capacitaciones docentes, en ningún caso fueron contempladas como horas de trabajo. Sin empacho, Casas acusa a Franja de se promotores de la “virtualización forzosa” y el “apriete a los docentes”.

El aparato del PO se pliega gustoso al reclamo de reuniones de Consejos Directivos, pues es un planteo que viene reclamando en todas las facultades, y que pretende desconocer la historia de lucha por la democratización por parte de nuestra corriente. Existe una diferencia crucial entre denunciar las causas reaccionarias para que no funcione un organismo del sistema, y apelar al mismo como una salida para los estudiantes. En el Consejo Superior de la UBA, con la participación del PO (O), se consumó, recordemos, el reparto discrecional de las rentas para los docentes ad honorem.

Los y las militantes del PO (O) y del FIT-U, tienen la obligación de pronunciarse, no solo los universitarios. Son demasiadas ‘agachadas’ en cadena.