Resolución Política

El presente documento, presentado en el periodo preparatorio, fue debatido y aprobado por los delegados al III Congreso Nacional de Política Obrera, celebrado los días 29 y 30 de junio de 2024.

1. Al cabo de seis meses de gobierno, la burguesía no ha logrado establecer un régimen político definido; asistimos a una etapa de transición. La votación de la Ley Bases, en realidad un paquete que envuelve unos doscientos artículos de diversos proyectos de leyes, ha sido una operación política por parte del Congreso para rescatar al Gobierno del escenario de disolución política que ofrecía la crisis ministerial y un principio de corrida cambiaria. El saldo del voto favorable del Congreso no representa todavía un régimen político de coalición ‘sui generis’ entre el Ejecutivo, los gobernadores y el Parlamento. Una expresión de esa transición es la votación de una delegación de poderes al Ejecutivo de carácter parcial, por capítulos específicos y el lapso de un año. En pocos meses más, sin embargo, el Gobierno no podrá valerse de la discrecionalidad que entraña la falta de Presupuesto 2024, porque deberá votarse el Ejercicio 2025. Diputados se apresta a insistir en el proyecto de ley original, luego de las modificaciones y rechazos en el Senado, a pesar de la prohibición constitucional que establece que los artículos rechazados no pueden ser revalidados por la Cámara iniciadora. En sentido contrario, el Senado daría aprobación a la ley jubilatoria que votó Diputados, que seguramente será vetada por Milei. Refuerza el carácter transitorio de la situación política y del régimen, la división y en algunos casos la ruptura en casi todos los partidos políticos – como el Pro, la UCR y el peronismo. El próximo paso en el desarrollo de esta transición política será la nominación de dos candidatos a la Corte Suprema, cuya aprobación requiere los dos tercios de los senadores presentes.

El saldo político fundamental de la Ley Bases ha sido el paquete laboral. Estamos ante una derrota de la clase obrera, impuesta sin resistencia. Esta derrota, en el marco de la mayor ofensiva política del capital contra los trabajadores en los últimos 30/40 años, representa un aval político para el gobierno liberticida. Afianza la tentativa de establecer un régimen semi-bonapartista, por encima de las instituciones políticas. La variante de un frente de partidos oficialistas, como desearía Macri, no es la más probable de aquí en más, porque supondría poner en marcha enseguida un gobierno de coalición. La LLA seguirá gobernando en solitario con la mirada puesta en las elecciones de 2025, lo que deja abierto un escenario de conflictos ininterrumpidos entre los protagonistas políticos patronales y entre las instituciones del Estado.

2. La reprogramación del vencimiento del ‘swap’ de China es también una gran operación de rescate del gobierno liberticida, en especial si se tiene en cuenta el obstáculo que representa el antagonismo entre China y Argentina en el plano internacional. El rescate de China relevó al FMI de esa tarea. Este rescate deberá re-adaptar la relación política con Pekín y enfrentar nuevos episodios de crisis. El alineamiento internacional de Milei en el campo de la OTAN significa poner a Argentina en la cadena de producción de las potencias imperialista de ‘Occidente’ y Japón. A eso apunta, fundamentalmente, la aprobación del Régimen de Grandes Inversiones, que apuntar a atraer a los pulpos mineros y petroleros, y a las grandes tecnológicas norteamericanas. La pugna entre Estados Unidos y China ha cobrado mayor fuerza en América Latina. Asume un carácter estratégico en Venezuela, ante la posibilidad de una victoria electoral de los Milei en el Caribe el mes que viene. El desarrollo de la transición del régimen político, en Argentina, no depende exclusivamente del desenvolvimiento de las contradicciones internas sino, en gran medida, del de la guerra mundial. Aunque Milei se identifica con el fascismo europeo, un avance de la crisis de los regímenes de Macron, en Francia y de Scholz, en Alemania, o sea de la UE y de la OTAN, serán factores de desestabilización política local. La lucha contra el alineamiento de Argentina con la Otan es un aspecto decisivo para la lucha de la clase obrera contra el presente gobierno liberticida.

3. El gobierno ha aprovechado las luchas populares -todavía minoritarias y parcializadas- para desarrollar los métodos de un estado policial, desde el día de su asunción. El Protocolo de Bullrich ha sido la primera manifestación de este propósito; la AFI ha desarrollado a fondo el método de la provocación y el matonaje. Luego de la manifestación contra el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, Bullrich ha ordenado la creación de una fuerza de intervención rápida contra piquetes fabriles y ocupaciones de empresas, en nombre de “la protección de la propiedad”. Es lo que plantea, precisamente, el capítulo laboral de esa ley: la ilegalización de los métodos de acción directa y, en última instancia, de la huelga. La Legislatura porteña ha votado la violación del debido proceso al establecer la prisión preventiva para reincidentes, o sea sin haberse comprobado la existencia de un nuevo delito.

El establecimiento de un estado policial cuenta con el apoyo de un vasto espectro de la política patronal. Es apoyado, por sobre todo, por la gran prensa y su reclamo de ‘orden’ y ‘seguridad’. En las redes sociales opera una banda organizada desde el gobierno para apoyar la represión y descalificar a los opositores sistemáticos y circunstanciales; es una matriz típica que precede y acompaña a la formación de bandas de acción. Aunque los principios del ‘orden’ han sido fuertemernte incorporados al sistema democrático formal, y en el caso de América Latina fueron incorporados por el liberalismo contra negros e ínidígenas, son esencialmente fascistas; la sociedad ‘ordenada’ y ‘segura’ fue el gran tema de propaganda del nazismo. La consigna del Orden es incompatible con las libertades individuales. Las denuncias contra la manifestación del 12 de junio como “terrorismo” y tentativa de “golpe de estado”, constituyen una coartada anticipada para practicar el terrorismo y el golpe de estado, como ha ocurrido con Trump y Bolsonaro. Milei y sus secuaces han emprendido un proceso de rearme y militarización con el propósito de devolver a las Fuerzas Armadas y a las legiones policiales y parapoliciales (los infiltrados) la capacidad para dar o apoyar golpes de estado. Todavía en fase prematura, el policiamiento y el militarismo son respuestas preventivas a una agudización de la lucha de clases. La campaña de los liberticidas para convertirse en partido político no debe entenderse en clave de arribismo electoral sino de un aparato de características fascistas; la fase del arribismo electoral ha concluido en expulsiones, deserciones y exclusiones en el gabinete de gobierno, y rupturas en el bloque parlamentario de LLA. Para los Milei y compañía, la organización de un partido sería la forma de superar el caos y el desorden administrativo de su gestión atropellada de gobierno; la crisis reciente, que se llevó puesto a Posse y desató una serie de escándalos en el ministerio de Capital Humano, dejó al desnudo que el mileísmo no reúne las condiciones de un partido fascista, ni de cualquier otra forma de partido. Se parece mucho al partido del francés Macron, seleccionado entre candidatos que debían ofrecerse por medio de las redes, y que nunca alcanzó estructura ni estatura política.

4. Las sucesivas crisis de gobierno, con centenares de purgados y vacancias llenadas por funcionarios de los Fernández, no reflejan solamente la improvisación y el arribismo que acompañaron la formación del gobierno, sino el choque de intereses y planteos económicos que consumió todo el intervalo entre el ballotage y la asunción del Gobierno. Reflejan el estado de default de la economía, con una deuda pública y privada, indexadas, equivalente a 700 mil millones de dólares. Desechada provisionalmente la dolarización, se implementó un un plan de confiscación contra los trabajadores. El propósito de la mega devaluación de diciembre pasado fue dar un golpe económico contra los jubilados y asalariados y los gastos sociales, y el corte de la obra pública. Se declaró al déficit fiscal único responsable del estado de bancarrota. La devaluación -un aumento del 112% de la cotización del dólar respecto a los pesos- aumentó en proporciones equivalentes la deuda pública, casi toda ajustada al dólar o la inflación.

Un aspecto relevante de la política económica ha sido convertir a la deuda del Banco Central con los bancos, por cerca de 100 mil millones de dólares, en deuda del Tesoro. La súper tasa de interés que el Central pagaba a los bancos, se transformó, progresivamente, en ajuste por inflación del Tesoro a los mismos bancos. Lo que importa es que la deuda pública creció en forma exponencial. El Central, por su lado, contrajo nueva deuda -con los importadores- a los que entregó bonos en lugar de divisas. El Central tiene créditos incobrables al Tesoro por cerca de 100 mil millones de dólares, en forma de letras intransferibles, o sea sin valor de mercado. Para sacar al BCRA de la quiebra sería necesario transformar las Letras en Bonos Públicos, aumentando en la misma medida la carga de la deuda estatal. La pretensión del Gobierno de mantener está deuda pública fantástica en estado de pago corriente, es sencillamente inviable. En los próximos cinco años tiene vencimientos por 200 mil millones de dólares, sin reservas en el Banco Central. En un escenario internacional de deudas públicas impagables, la inminencia de una declaración de bancarrota de Argentina sólo depende de un detonante. Por de pronto, supone mantener el cepo en el mercado de cambios y evitar otra devaluación. Este impasse ha desatado todo tipo de conflictos comerciales y financieros en la burguesía, dentro y fuera del país. El ajuste fiscal que acompaña a este default en estado de expectativa, ha desatado una recesión industrial extraordinaria y un gran crecimiento de la pobreza. La deuda pública crece al equivalente a 15 mil millones de dólares al mes, y ha hundido la recaudación impositiva en términos reales, lo que conduce al actual proceso económico a un callejón sin salida. La ejecución de privatizaciones a cambio de deuda externa no tiene el alcance que permita siquiera atenuarla en relación al PBI. La deuda nacional es un obstáculo objetivo insalvable para un desarrollo de las fuerzas productivas.

5. La sanción del paquete laboral de la Ley Bases, testimonia el reflujo político de la clase obrera. Expone, de un lado, la caducidad política de la burocracia sindical y sus organizaciones, que han apoyado esta derrota de los trabajadores. Pero por sobre todo expone el impasse y la crisis de las fracciones del movimiento obrero que emergieron como una vanguardia a partir del Argentinazo; la mayor parte de estas fracciones han sido reabsorbidas por la CGT, a partir de su alineamiento con el kirchnerismo, por un lado, y el FITU, por el otro. El factor decisivo en una crisis política y social de gran envergadura es la claridad de acción de los elementos más avanzados de la clase obrera y de sus organizaciones. La burocracia obrera opera sobre el terreno que deja libre la confusión de esa vanguardia.

El desarrollo más ilustrativo de esta situación en su conjunto ha sido el conflicto en la rama siderúrgica de la UOM, donde se encuentra la clase obrera más concentrada y mayor capacidad de acción; lo ha demostrado en varias moviizaciones parciales, incluso dentro de las fábricas (Siderca). Además de esto es un núcleo industrial que domina una periferia de empresas y localidades importantes -como Villa Constitución, Campana y San Nicolás-, envueltas en una gran crisis social. Del otro lado tiene a las patronales más representativas y poderosas de la burguesía – Techint y Arcelor-Mittal. La dirección de la UOM está en manos de una fracción emergente integrada al kirchnerismo, que encabeza Abel Furlán. En siete meses de conflicto, está dirección huyó espantada de una huelga general; ha tolerado despidos hormigas, suspensiones y la no renovación del convenio colectivo de trabajo. La rama siderúrgica es un fiel de la balanza del conjunto de la clase obrera y del antagonismo con los intereses patronales. Las patronales respaldan su conducta en que enfrentan una recesión, pero esa recesión sería doblegada por una lucha victoriosa de los trabajadores, que habría demostrado la inviabilidad politica de esa recesión. En el caso del Subte, la dirección se ha volcado hacia la CGT; en el caso de fracciones combativas como en las seccionales de SUTEBA o en AMSAFE, se ha impuesto un completo inmoviliismo y la aceptación de las políticas de Kicillof y Pullaro. En el SUTNA hay un proceso en desarrollo – despidos en las tres empresas, y ahora especialmente en Fate, y una crisis de la paritaria. En 6 meses, sin embargo, hemos asistidos a enormes movilizaciones: el 8 de marzo, el 24 de marzo y la Marcha Universitaria del 23 de abril. Se podría afirmar que más que un reflujo político de la clase obrera existe un reflujo político de los sectores políticos que reúnen a una parte de los obreros más activos. La tarea más importante que se ha asignado nuestro partido, Política Obrera, es impulsar un renacimiento de la vanguardia de los trabajadores y desarrollar la acción y la organización de las nuevas generaciones de activistas. Esto por medio de la propaganda, la agitación y la organización, y mediante el desenmascaramiento del conservadurismo electoralista de la izquierda democratizante y faccionalista. Su repetido seguidismo a la burocracia de la CGT, a la cual otorga la dirección de “un plan de lucha” que sólo convocaría para llevar al fracaso, para luego denunciarla por sus capitulaciones, en una repetición eterna y fatigante, confirma esta caracterización. Por primera vez en años fue incapaz de organizar y luego realizar un acto del 1° de Mayo en Plaza de Mayo, para no chocar con la burocracia que convocó a una concentración sin acto enfrente de la sede gremial. Luego de tres años de guerra, la mayoría de esta izquierda continúa yendo a la cola de la OTAN, sin por ello conmover la colaboración del ala que se auto declara internacionalista.

6. Vista en su conjunto, la experiencia liberticida debe acabar en una situación pre-revolucionaria o revolucionaria. Esto ocurre cuando, con independencia de las opiniones políticas que se han formado los protagonistas políticos, el impasse estratégico en las alturas del poder se combina con una situación definitivamente insoportable en los estratos más amplios de los trabajadores. Numerosos observadores han señalado que el número de lo que llaman estallidos sociales y políticos, y rebeliones populares, es el más alto de la historia del capitalismo. No cuentan a las guerras, que envuelven a millones de personas y a centenares de miles que empuñan las armas. Incluso el FMI ha advertido al gobierno argentino a mejorar la calidad social del ajuste si quiere evitar una conmoción popular.

Ninguna situación de crisis política, pre-revolucionaria o revolucionaria es un fenómeno instantáneo – se desarrolla como una etapa. Al lado de las grandes movilizaciones y huelgas, se desarrollan procesos electorales de características especiales, como choques de poder y desequilibrio político. Tampoco serán súbitos, por lo menos para quienes acompañen el espíritu que prevalece entre los trabajadores, aunque no hay fechas aseguradas. Es necesario intervenir en todas las fases del desarrollo y advertir acerca de sus peculiaridades. El amortiguador político que representa el peronismo ha entrado en reparaciones en múltiples ocasiones, y hoy debería buscar reparo de nuevo en los talleres, más deteriorado que en el pasado. Para que la vanguardia revolucionaria palpite la situación concreta y a las masas, debe desempeñar un rol activo en cada fase de la crisis, y mostrar su capacidad para discutir los acontecimientos y actualizar las caracterizaciones. Una resolución política mecanicista, que se adjudique la hoja de ruta de numerosos virajes en diversos sentidos, sería lo mismo que una hoja muerta.

En estas circunstancias, aflora la posibilidad, en el desarrollo de la presente crisis, de que emerja un Frente Popular. Se trata de una alianza pluriclasista, que ofrezca una salida en los marcos capitalistas. Surgiría como la consecuencia de una ruptura en la crisis en que esta embarcado el kirchnerismo, y la formación de un agrupamiento combativo, dispuesto, recíprocamente, a una alianza con el FITU. Fue una solicitud que Massa hizo expresamente en el último debate presidencial, y que animó acercamientos entre la Unidad Piquetera con el Evita y la UTEP. El FITU ha propuesto realizar un acto de unidad política con el kirchnerismo, incluida la burocracia cegetista, el 24 de Marzo pasado, que los K rechazaron para asegurarse la presenciade la burocracia de la CGT. De un modo general, los Frentes Populares encubren la colaboración de clases con el pretexto de la necesidad de “la unidad” frente al “enemigo común”, representado por la ultraderecha. La enajenación de la independencia obrera condena a los trabajadores a servir de nuevo como furgón de cola de un eventual gobierno ‘populista’. Todas las fracciones del kirchnerismo se han pronunciado por una derrota electoral de la LLA en 2025 y 2027, sin importar los golpes que éste inflinja a la clase obrera en ese tiempo, ni la voluntad que expresen los trabajadores de terminar con el despotismo capitalista cuando haya madurado para ello.

7. Lo que se desprende de esta situación de conjunto es la necesidad de captar la atención de los trabajadores respecto del desarrollo de la crisis, sus manifestaciones, contradicciones y los espacios que se abren para una intervención política independiente, que arrastre a la lucha a todas las clases oprimidas por el capital.

Una comprensión del escenario de conjunto mostrará nuevas grietas para un ascenso de masas y, al mismo tiempo, la necesidad de estructurar una vanguardia obrera organizada en un partido revolucionario de la clase. La agitación debe ser sistemática, buscando extraer todas las conclusiones de cada etapa política de la crisis y de las tareas que emergen de ella. La agitación de un partido revolucionario debe dirigirse a las masas, no a los aparatos, donde debemos actuar para desenmascarar a sus direcciones burocráticas (el trabajo en los sindicatos colaboracionistas).

Esa agitación hacia las masas debe, de todos modos, evitar un error fatal – convertirse en una suerte de ultimatismo a los trabajadores, o bajada de línea, ni debe estar sujeta a una acción inmediata. La agitación es tal cuando apunta a la consciencia política de los explotados, cuyo desarrollo no debe ni puede ser salteado. Son las masas, no los aparatos ni las direcciones, las que deciden cuándo y cómo actuar. Las consignas generales, vinculadas al desarrollo de las crisis políticas, sirven como perspectiva y objetivos estratégicos concretos. Consignas como “abajo el gobierno antiobrero” o “por una huelga general” forman parte de este método.

La militancia en los sindicatos es una tarea obligada, para despertar una corriente de lucha, una corriente independiente y un reclutamiento de activistas. Es así como se prepara, metódicamente, una huelga general y una acción histórica independiente de las masas.

Las redes sociales son fundamentales para una agitación política socialista; la revolución en los medios de comunicación ofrece una gran oportunidad a la agitación socialista. La cuestión de la prensa teórica y del periódico sigue siendo fundamental, para un verdadero trabajo de propaganda y como tribuna del activismo combativo.

La propaganda y la agitación en los medios escolares y universitarios debe ser netamente política; es un medio que favorece la asimilación y el debate de las cuestiones estratégicas. Lo mismo vale para el movimiento de la mujer, para organizar en forma independiente a la mujer trabajadora.

Llamamos a enriquecer esta Resolución Política, con propuestas concretas que abarquen la dimensión variada de las formas de lucha y de actividad de las masas explotadas.