Votemos un programa y candidatos socialistas

Los políticos profesionales, los banqueros internacionales y hasta el FMI advierten las señales de derrumbe del gobierno liberticida (destructor de las libertades públicas y de los derechos sociales) de Caputo y de Milei. Asistimos al tercer colapso de una política de ajuste capitalista, luego de Macri y de los Fernández (Alberto y Cristina), Massa y Kicillof. Incluso cuando Cristina Fernández dejó el gobierno, en 2015, Argentina registraba un crecimiento cada vez mayor de la pobreza y se encontraba al borde de un nuevo default. Han pasado cincuenta años del Rodrigazo, cuando el gobierno peronista desató un violento ataque económico contra los trabajadores. Pero los capitalistas y sus gobiernos han insistido con programas de ajuste cada vez más violento contra los trabajadores, sin ofrecer ninguna salida.

Con excepción de bancos y financieras, la economía de Argentina continúa en recesión. La desocupación se acerca al 10 % de la población activa, al igual que el trabajo intermitente –un 20 % de desempleo funcional-. Los titulares informan, sin saltarse un solo día, de quiebras y salidas de capitales. La casta liberticida ha recurrido a devaluaciones, blanqueos de capitales, endeudamientos a tasas usurarias, hipotecamiento de las reservas de oro, cierres de organismos económicos y sociales del Estado, reducción de impuestos a los ricos y aumento a los trabajadores (impuesto al salario), sólo para terminar, de nuevo (como lo hicieron Macri y los Fernández), bajo la carpa de oxígeno del FMI. El ritmo del aumento de los precios ha disminuido, pero sólo de modo artificial y sin mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Han sido metidos en una olla a presión, por medio del aumento de la deuda pública y del Banco Central a plazos cortos, y el auxilio (20.000 millones de dólares) del FMI. Una ‘calma’ que anuncia las inevitables tempestades.

Todo esto ha contado con la colaboración del Congreso Nacional y de la burocracia de la CGT, o sea, el peronismo. Ha contado con la colaboración de los gobernadores de todos los partidos, que han aplicado este ajuste colosal en las provincias, incluidos los peronistas. Jaldo, Sáenz, Jalil y también Kicillof. El gobernador bonaerense se ha destacado por sobre todo por su complicidad con las patronales en cuanto a la ola de despidos injustificados en las fábricas y violación de la “conciliación obligatoria”, y el castigo a las huelgas docentes, con el corte de pago a los días de huelga. La casta de los gobernadores se ha plegado a las exigencias de los acreedores nacionales e internacionales y del FMI; no ha ofrecido ni ofrece ahora, tampoco, un programa alternativo que desbarate y derrote el ajuste liberticida contra el pueblo trabajador. Ha votado la mega Ley de Bases y la cesión de poderes discrecionales al Poder Ejecutivo.

Con una demora insuperable, la expresidenta Cristina Kirchner ha advertido que la crisis nacional se ha convertido en “estructural” y ha insinuado que el derrumbe que se avecina obligará a los poderes establecidos a convocarla para operar un rescate. La crisis no es nacional ni estructural, sino del capitalismo, como lo prueba la feroz guerra económica, política y militar que amenaza al conjunto de la humanidad. La vocación por rescatar al capitalismo es sencillamente reaccionaria e incluso fuera de lugar: el kirchnerismo estuvo 14 años en el gobierno. Pagó los vencimientos de la deuda usuraria, por unos 200.000 millones de dólares, tomando nueva deuda en el mercado público y privado local, contribuyendo de ese modo al deterioro de la infraestructura del país y a la inauguración de un período de incremento sin precedentes de la pobreza.

Las elecciones de este año no podrán disimular el desafío de una nueva crisis de poder, que empequeñecerá a las de Alfonsín, Menem-De la Rúa-Cavallo, Macri-Dujovne y de los Fernández y Massa. Advertido de ello, el gobierno liberticida ha salido a reforzar la alianza internacional con el imperialismo norteamericano, encabezado por el candidato a dictador Donald Trump, en el escenario de una guerra mundial y de masacres extraordinarias, como en Gaza, Cisjordania, Irán y Ucrania. Milei le ha dado plenos poderes a las fuerzas represivas, un presupuesto enorme a los servicios de espionaje y se apresta a autorizar bases de la OTAN en el Atlántico Sur. Lo hace con la impunidad que le ofrece el Congreso, como ha ocurrido con la Ley de Bases y la cesión de facultades extraordinarias. La lucha contra la guerra imperialista internacional ha entrado en la agenda de los ‘asuntos nacionales’.

Ni las elecciones legislativas y municipales en las provincias, ni las parlamentarias a nivel nacional, van a cambiar de manos el poder político en el país y, como consecuencia, no evitarán una nueva crisis de poder. La alternativa es votar por candidaturas obreras y socialistas, con el propósito de reforzar la capacidad de la clase obrera para luchar contra los ataques criminales a sus condiciones de vida y para desarrollar una vocación de lucha de los trabajadores. La agitación y la propaganda electoral, así como el uso de la banca parlamentaria para denunciar la explotación social y la opresión política, son esenciales para que la clase obrera construya una perspectiva independiente.

Las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se presentan como una polarización entre el Frente Liberticida de LLA, de un lado, y el Frente “atrapatodo” de la galaxia peronista (desde Kicillof y Massa hasta Grabois y Moreno, “todos en el mismo lodo”). También son vistas como un prólogo a las elecciones nacionales de octubre de este año y una preparación de las presidenciales de 2027; el cronograma electoral es la única guía del carrerismo político, que reserva las grandes crisis económicas y las guerras imperialistas internacionales para gabinetes cerrados. También servirán para medir la conciencia política de las masas en un marco de luchas en crecimiento, en cuanto a número y métodos de acción.

Pero la polarización electoral oculta una estafa política. Ambos, liberticidas y kirchneristas, representan, desde sus lugares, intereses y contradicciones, una política de ajuste; los gobernadores peronistas han trasladado el ajuste liberticida a los presupuestos provinciales. Axel Kicillof ha añadido al ajuste contra la docencia y contra la educación un agravio de su propia cosecha: descontar salarios por acciones de huelga, como lo haría un Caputo cualquiera. La infraestructura social de la provincia de Buenos Aires es una zona de desastre, una calamidad humana ambiental; el gobierno provincial mantiene a los médicos y a los residentes con salarios que orillan la canasta de pobreza. El “Estado presente” del peronismo ha destinado los recursos públicos a los pagos parciales de intereses de la deuda pública provincial. La cuestión fundamental, cómo resolver el problema integral de la vivienda y los barrios, de las condiciones de empleo, salarios y derechos laborales, no puede encararse sin un ataque a fondo a la oligarquía capitalista.

Es altamente probable, como ha ocurrido hasta ahora en las elecciones ‘desdobladas’, que exista una tendencia al ausentismo electoral, que no llega a ser una abstención o boicot político declarado. Esta tendencia representa, por sobre todo, un repudio a la llamada ‘oposición’ por su complicidad con el gobierno liberticida y por su manifiesta incapacidad de ofrecer una salida a las mayorías populares. El ausentismo pone de manifiesto, asimismo, el agotamiento temprano (“infantil”) de la izquierda electoral (el FITU), que desde que consiguió algunos escaños se ha convertido en una colectora del kirchnerismo, animada por la expectativa de capturar a una parte de sus despojos electorales. Esta misma pseudoizquierda, en el campo de las luchas sindicales, no ha sacado los pies del plato de las “conciliaciones obligatorias” del Ministerio de Trabajo de Kicillof, y ha llevado a los trabajadores a una seguidilla de retrocesos y derrotas. Por otro lado, se ha convertido en una furiosa enemiga de la propaganda a favor de una huelga general, como si la huelga general no fuera el arma histórica de los trabajadores contra las ofensivas grandes y estratégicas del capital y de su Estado, como las de Milei y la ultraderecha internacional.

El gobierno de Milei forma parte de una tendencia internacional del imperialismo capitalista. La emergencia de tendencias ultraderechistas y fascistizantes es la expresión del agotamiento de la conciliación de clases como método de gobierno (“estado de derecho”, “alternancia política regular”). Son el emergente de grandes crisis y bancarrotas capitalistas, y de la tendencia a solucionarlas por medio de guerras económicas y militares. La bancarrota económica del Estado abarca a todas las grandes potencias, abrumadas por la emisión de rescates financieros por montos sin precedentes, como consecuencia de crisis económicas gigantescas y una pandemia que sigue vigente y asoma la cabeza en todo momento; Japón, China y Estados Unidos suman, respectivamente, una deuda pública equivalente al 280 %, 220 % y 140 % del PBI. La solución de los problemas nacionales con los métodos convencionales es imposible en este marco de derrumbe internacional y de guerras mundiales. Quienes cacarean lo contrario, simplemente estafan al pueblo y a ellos mismos. La cuestión es “socialismo |o barbarie”.

Nuestro Programa, el de Política Obrera, para las elecciones legislativas de septiembre es el siguiente:

Un aumento de salarios, jubilaciones y asistencias sociales del 100 %, y una remuneración mínima igual al costo de la canasta familiar.

Un vasto programa de obras públicas (vivienda e infraestructura barrial, asfaltos, rutas y autopistas, corredores de transporte) bajo el control de comisiones obreras electas y revocables.

Creación de un sistema único de Salud gratuito. Gestión estatal de todo el sistema sanitario, bajo control de los protagonistas activos (médicos, investigadores, enfermeras, etc.).

Defensa del derecho laboral; reincorporación de despedidos, reparto de horas de trabajo, jornada legal (8 y/o 6 horas). Defensa del derecho a huelga sin otra condición que la voluntad expresa de los trabajadores.

En el cómputo de los años para jubilarse, integración a los años de trabajo de los períodos de desocupación y de trabajo no registrado; para financiarlo: impuesto extraordinario al capital, responsable de la evasión y el trabajo en negro.

Abajo el protocolo represivo, defensa incondicional del derecho a manifestarse. Abajo el gatillo fácil y la persecución a las disidencias sexuales. Defensa de la juventud, contra los capitalistas del narcotráfico y sus socios en el aparato estatal.

Por los derechos de la mujer trabajadora a la maternidad, al aborto legal, a igual trabajo por igual salario.

Por un Estado realmente laico: separación del clero y la educación clerical de la enseñanza nacional. Por una educación pública estatal y gratuita.

Un impuesto progresivo a los ingresos, a partir de cuatro canastas familiares; apertura de las cuentas de bancos, empresas, pool de siembras. Eliminación de los impuestos al consumo.

Desconocimiento de la deuda pública. Nacionalización de la banca y las finanzas; impuesto extraordinario a las grandes fortunas; tasación progresiva de ganancias y dividendos; garantía estatal a los pequeños ahorristas. Monopolio estatal del comercio y transacciones externas. Ruptura con el FMI.

Ruptura de relaciones con el Estado sionista de Israel; juzgamiento de todos los criminales de guerra; indemnización a las familias de los masacrados en Gaza y Cisjordania; por una Palestina socialista y ciudadana o laica; por el derecho al retorno de la población palestina expulsada por sucesivas guerras coloniales del sionismo.

Por la defensa integral de los migrantes en todos los países; por el derecho político de los trabajadores a atravesar todas las fronteras y residir en el país de elección, y a votar y a ser electos. Por una campaña mundial contra las deportaciones trumpistas.

Abajo la guerra de la OTAN y Rusia en Ucrania. Por la unidad de los trabajadores de Rusia y Ucrania contra Zelensky y Putin. Por una Ucrania independiente y socialista. Por una Federación Internacional de Repúblicas Socialistas.

Los salarios de los directivos del Estado y de los representantes electos no deben superar el valor de dos canastas familiares. Política Obrera, nuestro partido, se valdrá de la Legislatura como una tribuna de agitación en defensa de la democracia y en apoyo a las luchas obreras, y desarrollará una propaganda y educación socialistas.