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El Gobierno avanza sin freno ni resistencia -por parte del sindicato- hacia el plan de privatización del Correo Argentino.
La primera etapa comenzó con retiros voluntarios, es decir, despidos encubiertos, a los cuales accedieron 3.700 trabajadores. Además, hubo 570 despidos directos, sobre una plantilla total de 16.858 trabajadores. Ahora continuará con el cierre de sucursales, presentado como "un achicar para ser más grande". La mayoría de las 1.452 sucursales de todo el país serán reemplazadas por más puntos de retiro, los cuales serán box o stands en el mejor de los casos, o puestos en almacenes, estaciones de servicio o kioscos, por ejemplo. A esto se suma, además, el cierre de la plataforma de venta digital, Correo Compras, acción que despeja camino para Mercado Libre y otras empresas de venta online.
La complicidad
Al frente de la ejecución del ajuste en el correo está Camilo Baldini, uno de los funcionarios del Frente de Todos que continúa como presidente y director de la empresa.
"Baldini llegó a la compañía estatal durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, cuando La Cámpora controlaba el Ente Nacional de Comunicaciones y el Correo Argentino estaba en manos de la militante Vanesa Piescirovski" (La Nación 22/06). Baldini cuenta con la complicidad del sindicato que lidera Alberto Carlos Cejas, la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt), quien le permite llevar sin sobresaltos su misión. El gremialista declaró que le resultaba "sospechoso que quieran privatizar la empresa cuando funciona bien y se trabajaba para que sea más rentable", mientras ante los despidos se excusaba de no haberse opuesto a los que fueron como retiros voluntarios "por no afectar la operatividad" (La Nación, 22/06): tampoco se opuso a los despidos directos.
Qué hay detrás de la privatización
El Correo Argentino cumple una función esencial para la comunicación de todo el país. La cobertura que representan las 1.452 sucursales le permite llegar a los lugares más remotos, es decir, une en una red de comunicación logística a toda la Argentina. Algo a lo que además está obligado por la Ley 20.216 conocida como la Ley de Servicios Postales que obliga a prestar el servicio básico universal, que es llegar a todo el territorio nacional de manera frecuente y a un precio accesible, algo que se perdería definitivamente de la mano del cierre de sucursales con la tercerización de la prestación del servicio a negocios particulares, como los ejemplos antes mencionados.
El Gobierno invoca razones de carácter económico: el correo es deficitario afirman, a pesar de que el correo desarrolla la actividad económica que más creció en los últimos años. Si da pérdidas, no es porque el correo esté pereciendo ante el avance tecnológico, ya que la actividad mutó del envío postal al de paquetes. En ese sentido por el lado económico sería muy rentable, además de conveniente. Sin embargo, el envío de paqueterías por el Correo Argentino ha sido tercerizado en su totalidad a la empresa privada Flecha Log, que además es dueña del correo postal OCA. Dato nada menor, ya que si en el correo ahora sobran empleados no es por falta de trabajo, sino porque a los que se los mantuvo en el área postal, que está decreciendo, no se los trasladó en una readecuación de tareas para el que está creciendo, el de la paquetería. El planteo deficitario es una estafa.
Una cuestión más que coloca al Correo Argentino con ventajas para mejorar su rentabilidad es que "es el representante argentino en la Unión Postal Universal (UPU), un organismo que acordó mediante un convenio la prestación del servicio postal universal. Esa pertenencia lo ayudaría a que sea la opción preferida a la hora del comercio electrónico con el exterior" (La Mañana 16/07).
La privatización apunta a allanar el camino para acrecentar la rentabilidad de la actividad postal a costa de la precarización laboral maquillada de modernización y a aumentar la injerencia privada en la logística. Llevado el Correo Argentino a su mínima expresión, la actividad postal y de paquetería queda libre para el sector privado, más adelantado en materia de precarización laboral. En ese sentido, las grandes empresas de correo privado -Andreani, OCASA y OCA- fueron reemplazando a su personal por trabajadores monotributistas y de contratos temporales por agencia.
El gobierno nacional avanza con la privatización del Correo Argentino, a pesar de haber retirado el artículo 7 de la Ley Bases.
