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Después de dos meses de silencio, Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso, de nuevo en funciones, su proyecto de legalización del aborto – cuyos términos siguen sin ser conocidos. La pandemia ha convertido al aborto legal, seguro y gratuito en un derecho esencial. La derecha celeste ya anunció una movilización en contra de él.
Bloqueos
Todas las trabas para detener un embarazo no punible se multiplicaron al infinito estos dos meses.
El gobierno nacional, al comienzo de la cuarentena, aprobó un protocolo de prestaciones médicas esenciales e incluyó la anticoncepción y la Interrupción legal del embarazo (ILE). Habilitó un teléfono gratuito. Hasta ahí llegó el afán de garantizarlos. Las funcionarias reconocen que es casi imposible acceder a un ginecólogo, y ni hablar de uno dispuesto a interrumpir un embarazo. Es complicado salir de los barrios, no funciona el transporte interurbano y las mujeres temen acercarse a hospitales y centros de atención primaria -el primer lugar al que apelan habitualmente- infestados de Covid-19. Pero las que se acercan, poco logran. Las Socorristas en Red son feministas que acompañan el aborto medicamentoso “autogestionado”, muchas trabajan dentro del sistema público de salud. Tienen un recursero que se actualiza diariamente. De allí surge que no hay información de los servicios en casi todo el conurbano. También en Rosario. Es fácil imaginar lo que ocurre en otros lugares.
En CABA, algunos centros de salud atienden un día cada 15 y con turno previo, telefónico o por mail. Otros, como el “Hospital” Grierson de Villa Lugano, están cerrados porque los profesionales fueron derivados a las unidades febriles para Covid-19 o porque no tienen equipos de protección. En los hospitales pediátricos, claves para interrumpir el embarazo adolescente, una epidemia nacional, se atiende con turno otorgado por teléfono o por mail.
Entre el tiempo en que tarda una mujer en darse cuenta de que está gestando y conseguir un turno con un equipo que practique ILE, se exceden todos los plazos de un aborto legal.
En la Ciudad, los abortos no punibles en el sistema público crecieron 3.800 por ciento entre 2014 y 2019. Solo en el primer semestre de 2019 se efectuaron 3.577, incluido a 31 nenas de entre 10 y 14 años y 514 adolescentes.
¿Qué pasó estos meses en los que los embarazos siguieron, pero la atención se detuvo? ¿Qué pasa en las provincias donde no hay ni estadísticas, ni recursos, ni equipos médicos que se animen a enfrentar al clero, a los evangélicos y a las autoridades políticas y hospitalarias que les responden? Aciera -la central evangélica- se felicita de que en las últimas elecciones colocaron más de 200 militantes evangélicos como candidatos de distintos partidos.
Al cierre de los servicios que suelen entregar Misoprotol -la droga indispensable para el aborto medicamentoso- se sumó su falta hasta en las farmacias. La caja de pastillas en Mercado Libre supera los 7.000 pesos, una suma imposible para una trabajadora. Debemos subrayar que los riesgos de la interrupción de un embarazo medicamentoso en el hogar se multiplican en condiciones de hacinamiento, falta de higiene y problemas de conectividad para pedir ayuda. Una vez efectuado, ¿dónde se puede hacer una ecografía para controlar si el aborto fue completo?
El 40 por ciento de las mujeres retiran sus anticonceptivos de los centros de salud. Otra consecuencia del cierre de los consultorios públicos es que tampoco pueden hacerlo. ¡Unas píldoras baratas rondan los mil pesos y un DIU cuesta lo mismo que da el IFE, 10.000 pesos!
Estamos ante un retroceso gravísimo de derechos ya adquiridos con la excusa de la pandemia. Una vez más, se corrobora que el derecho al aborto es cuestión de vida o muerte para las mujeres trabajadoras, y una reivindicación central que no puede ser sometida a ninguna cortapisa.
Aborto legal, ya
Es cierto que la pandemia ha conducido a la postergación de diferentes tipos de atención médica. Pero el aborto no puede esperar. Su dilación –agravada por todos los obstáculos descriptos- es en la práctica la conculcación de un derecho, incluso al aborto no punible. . El 28 de mayo y el 3 de junio debe presidir los reclamos del movimiento de mujeres.
Defendemos el proyecto de la Campaña, construido en 20 años de debates en los Encuentros Nacionales de Mujeres. El gobierno debe garantizar la provisión de anticonceptivos gratuitos de calidad y sin receta y garantizar el suministro de misoprostol.
Se deben habilitar de inmediato centros barriales donde se atiendan en condiciones de seguridad las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo y acceder a los métodos de anticoncepción.
Se debe cumplir el fallo FAL de la Corte Suprema -que permite el aborto por causales en el más amplio sentido- hasta tanto el Congreso vote la legalización.
Aciera (la central de los evangélicos), reclamó que Fernández no envíe en proyecto y le recordó que “ya hay demasiada sangre derramada en la Argentina” (sic). El obispo auxiliar de La Plata, Alberto Bochatey, el amigo que Bergoglio designó para encubrir las violaciones en el Instituto Próvolo, también mostró los dientes. Si el gobierno no cede, dijeron, romperán la cuarentena y se tomarán las calles.
El movimiento de mujeres debe hacer añicos estos obstáculos con la fuerza de su propia movilización, autónoma de cualquier variante patronal.
La experiencia de la Marea Verde, que puso a millones en la calle, debe dar un paso adelante, avanzando en la independencia política del movimiento de mujeres y en el esfuerzo porque la clase obrera tome nuestras reivindicaciones como propias, como parte integral de su programa.
Vamos a un 28 de mayo y a un 3 de junio que se escuche en todos los rincones del país.
