Escribe Dayana Yapura
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Luego de 8 años de proceso judicial, el pasado 3 de julio un “jurado popular” declaró culpable por abuso sexual agravado por el vínculo a Eduardo Jorge Torres. La víctima, su hija, Micaela Torres sufrió los abusos durante 14 años, desde los 6 años hasta los 19. Sin embargo, a la hora de determinar la condena, el juez la fijó en 3 años en suspenso, un regalo judicial en beneficio del abusador, garantizando de hecho total impunidad pues la condena le va permitir que siga en libertad. En contraste, la sobreviviente ha padecido constantemente la revictimización por parte de la justicia y ahora enfrenta este cuadro de total impunidad. En su denuncia, Mica ha tenido que revivir los más de 14 años de abuso sexual, así como las constantes amenazas que le permitieron perpetrar estos atropellos.
Ante este cuadro, la compañera ha decidido recurrir a las redes sociales y comenzar una campaña que dé visibilidad a esta condena irrisoria. A través de un video en sus redes sociales, relata los abusos sufridos, como así también el tortuoso proceso judicial. En sus palabras dijo: “Yo no siento que haya recibido justicia. ¿Qué clase de justicia es esta, que le da garantías a un abusador, a un pedófilo?”, remarcando que la condena en suspenso le permite seguir gozando de libertad, “hacer su vida normal, trabajar, salir, solo una mancha en sus antecedentes”, y que, además, está se le permite que siga a cargo de su hermana menor.
Su denuncia ha tenido gran repercusión en los principales medios de la provincia.
No es la primera vez que la justicia catamarqueña dicta condenas como esta. Es constante la lucha de las sobrevivientes de abuso sexual, que deben peregrinar durante años por los diferentes estamentos del poder judicial. Como retratamos anteriormente con los casos de abusos eclesiásticos, las maniobras de los abogados defensores y el encubrimiento por parte de la justicia burguesa permiten y garantizan la impunidad de abusadores y violentos, dejando a sus víctimas desprotegidas, a merced de encontrárselos en la calle. Así ocurrió con el cura Juan De Dios Gutiérrez, quien paseaba en cercanías del domicilio de quien lo había denunciado, incluso después de haber sido condenado.
Durante 8 años, Mica tuvo que reconstruirse para poder enfrentar todo este proceso, y la culminación no ha sido la que esperaba. La movilización del movimiento de mujeres ha denunciado constantemente el rol que desempeña la justicia en la perpetuación de la impunidad de violentos y abusadores que someten a mujeres, disidencias y niñeces a este régimen.
Desde Política Obrera nos sumamos a la campaña que viene llevando adelante la sobreviviente y vamos con fuerza a acompañar el proceso de apelación que está encarando.
¡Basta de impunidad! ¡Justicia por Mica!