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Rosa Sulca era docente y tenía 48 años. Residía en una vivienda de Villa Mitre, en la zona sudeste de la capital salteña, y el pasado 28 de abril fue brutalmente asesinada a manos de dos jóvenes que entraron a robarle. Su crimen volvió a colocar a la policía en el banquillo de los acusados y llevó a la remoción de la cúpula de la Comisaria Cuarta, ya que Rosa había logrado comunicarse al 911 en el momento del ataque pidiendo ayuda. Dos uniformados fueron enviados al domicilio, pero como nadie atendía decidieron retirarse. Hoy se encuentran imputados. Su cuerpo fue hallado sin vida más tarde, después de una segunda alerta enviada por una vecina.
No se trata del primer caso en el que la policía desprecia una denuncia y la vida de una mujer en peligro. El aparato de seguridad del Estado vuelve a quedar al desnudo como factor de inseguridad de la población, al que se suma un historial de atropellos, detenciones arbitrarias, amenazas y torturas, motivo por el cual los vecinos exigieron la renuncia de las autoridades de la Comisaría de la zona. Fue de la Comisaría Cuarta que salieron los policías asesinos de David Alfonzo, vecino de Villa Floresta asesinado en una represión por defender a una familia en un desalojo.
El Ministerio de Seguridad y la Procuraduría avanzaron en detener también al director del Centro de Operaciones, lo que ya ha desatado una crisis con el personal político: el presidente de la Comisión de Seguridad de Diputados ha iniciado una campaña para exonerar a los policías porque “cumplieron correctamente el protocolo”. De cualquier manera, las acusaciones individuales pretenden encubrir la responsabilidad política del conjunto del Estado, pues no estamos ante un caso de “inoperancia” policial, sino frente a una policía descompuesta hasta la médula, que pasó de estar bajo el mando de Urtubey a ser sostenida hoy por el gobernador Sáenz.
Es por eso que la sola remoción de la cabeza de la Comisaría no garantiza que los nuevos efectivos o Comisario no sean parte del entramado que denuncian los vecinos. Es necesaria la renuncia de todo el personal policial y un debate a fondo de parte de los vecinos para quebrar un régimen vertical que coloca a la institución policial fuera del control de la población. Esto implica que la policía deje de obedecer a sus superiores y pase a rendir cuentas directamente a los vecinos.
La deliberación es el punto de apoyo para arrancar la justicia por Rosa y juicio y castigo a todos los responsables, incluidos los policías que no actuaron debidamente ante el pedido de auxilio. En este sentido el Partido Obrero de Salta convoca a poner en pie una Asamblea vecinal.
Por el desplazamiento de todo el personal policial y su control y veto por parte de los vecinos sobre quien la compone y dirige. Apertura de los libros de guardia y prohibición de la represión a toda manifestación popular.
