Santa Fe: a 13 años de la muerte de Ana María Acevedo, el derecho al aborto más que nunca

Escribe Marilyn Gómez, enfermera

Tiempo de lectura: 3 minutos

Este 17 de mayo se cumplen 13 años del femicidio de Ana María Acevedo, la joven de 19 años que fue obligada a continuar con un embarazo reciente aun padeciendo cáncer. A los seis meses de gestación le realizaron una cesárea que llevó a la muerte a la criatura y a ella. Desde el 2007 hasta el día de hoy, la lucha por el aborto legal en la provincia sigue vigente.

Salud sexual y pandemia

Las y los trabajadores de la salud diariamente denunciamos el vaciamiento sistemático de las últimas décadas de la salud pública. Ahora se presenta el agravante de esta pandemia, que es utilizada como excusa para cerrar los accesos a la atención integral de la salud, en la que se contempla la salud sexual.

En efecto, el Estado responsable de la muerte de Ana María Acevedo, continúa diciendo no al aborto seguro, empujando a las mujeres a la clandestinidad, la penalización y la muerte, como lo hizo el Comité de Ética que condenó a la joven santafesina. Hoy, en ese mismo Hospital Iturraspe, con el nombre de "ateneos", deciden la suerte de las mujeres, y con la participación del repudiado jefe de ginecología Samuel Seiref, quien parecía ser un alto costo político para el Frente Progresista y hoy es amparado por el PJ.

Quienes en soledad o conformando equipos, garantizamos la accesibilidad a la consulta por ILE y su concreción efectiva en Santa Fe, venimos advirtiendo que las acciones de gobierno no acompañan nuestra intención de avanzar en la garantía de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Los enunciados progres no alcanzan: en la acción concreta el Frente de Todos, desde el día cero de su gestión en la provincia, pretende imponer un retroceso a las conquistas del movimiento de mujeres y disidencias, como la no implementación del cupo laboral trans, el freno en la hormonización y la distribución de anticonceptivos, la ESI e ILE.

La lucha por los derechos

El personal de salud “amigable”, como se suele denominar a quienes bregamos por la garantía de estos derechos, es el recurso que se ha colocado en la primera línea contra el contagio de Covid. La frazada corta del Estado para pasar el invierno llegó a su colapso anunciado, y se combina con un ajuste brutal contra las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, que se traduce en despidos, suspensiones, rebajas salariales y más precarización. Es común que bajo amenazas y hostigamientos se nos sobre exponga a control de sintomáticos febriles durante 12 horas, a la toma de hisopados en los diferentes centros de salud, a cumplir tareas en diferentes efectores ajenos a nuestros servicios. En la provincia de Santa Fe, se expone a quienes representan un recurso único para acceso a ILE y anticoncepción en zonas extensas y por demás vulnerables, como a quienes forman el único equipo para ILE de segundo trimestre en la zona centro sur de la provincia.

El Estado y los gobiernos son responsables

Los “amigables” somos quienes denunciamos que son los hospitales de alta complejidad quienes tienen la responsabilidad de garantizar abortos de más de 12 semanas de gestación. Para ello, junto al movimiento de mujeres venimos reclamando el apartamiento de los “objetores de conciencia” de las jefaturas, direcciones y coordinaciones de los servicios de Salud. Por el contrario el Ministro de Salud, Carlos Parola, ha nombrado más de un “obstaculizador a conciencia” en cargos de ese tipo, como es caso de la dirección del Hospital de Vera, quien fuera uno de los responsable de filtrar los detalles del caso de ILE de la niña de 12 años a quien apuntaron los antiderechos a nivel nacional hace un par de semanas.

Con tantas barreras y limitaciones impuestas, las personas con capacidad de gestar que requieren una consejería y acompañamiento específico de salud sexual, se encuentran dando vueltas sin respuestas, sufriendo maltratos y enfrentando la maternidad obligada o la clandestinidad y sus riesgos. El movimiento de mujeres debe reforzar la lucha por la efectiva implementación del protocolo ILE e imponer que el proyecto de Ley que se discuta en el congreso sea el de la Campaña por el Aborto Legal, y ligar esto con las reivindicaciones más inmediatas de todo el personal de salud por sus derechos laborales y el aumento del presupuesto para el sector. Para esto, en Santa Fe tenemos el gran desafío de consolidar un movimiento de mujeres independiente de los gobiernos, el Estado y las iglesias.

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