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Este sábado 16 de mayo, los gobiernos de Ciudad y Nación, convocaron a las organizaciones barriales de la Villa 21 a la presentación del programa Detectar.
La reunión se abrió “agradeciendo la colaboración de las organizaciones y vecinos”, e invitándolos una vez más, a "sumarse a la tarea de cuidar la salud del barrio".
El Gobierno de la Ciudad presentó el Detectar como un programa de testeo de coronavirus, que será aplicado sólo para vecinos sintomáticos. El relevamiento de estos casos estaría a cargo de los Centros de Salud (CESAC), los equipos de salud del Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) y las organizaciones barriales. El resto de los aspectos -como protocolos de derivación, traslados y aislamientos-, habrían de estar a cargo de los organismos gubernamentales y “se irían solucionando, con paciencia, sobre la marcha”.
Luego de la escueta presentación del Detectar, las primeras intervenciones emplazaron al gobierno de la Ciudad para que entregase urgentemente cajas de mercadería a las familias del barrio que no pueden sostener su alimentación en el contexto de la pandemia. Asimismo, exigieron un freno a los desalojos crecientes en el barrio por el no pago de los alquileres.
El Gobierno de la Ciudad respondió que esta reunión no era para hablar de los alimentos, ni de desalojos, sino de la salud. A los gritos, las organizaciones y vecinos respondieron que todo era parte de una misma crisis. Ninguno de los gobiernos respondió a esas exigencias.
El Gobierno nacional retomó la reunión en torno al Detectar, y aunque las organizaciones y vecinos presentes eran mayoritariamente cercanas al peronismo, no demoraron en cuestionar el programa. Se cuestionaron que los equipos del CEMAR que saldrían a terreno, en realidad son sólo quince profesionales para toda la villa; se cuestionó que convocaran a las organizaciones a ser parte del relevamiento sin estar garantizado el equipamiento sanitario necesario, como barbijos, guantes, y alcohol gel; y se cuestionó también que los vecinos que presentaran síntomas de coronavirus, luego de ser relevados por la organizaciones y notificados por éstas a los recintos de salud del barrio, tuvieran que acercarse caminando hasta el CEMAR para ser testeados, en lugar de ser trasladados en ambulancias.
Otra exigencia fundamental fue la de un comedor que exigió un testeo semanal para los vecinos encargados de cocinar, y así evitar que ese espacio se transformase en foco de contagio. Frente a esta exigencia, los funcionarios del gobierno de la Nación contestaron que este programa no era un plan de testeo masivo, porque testear sin síntomas no estaría indicado en ningún lado. Por nuestra parte, planteamos la necesidad de que toda la infraestructura de la Ciudad, como hoteles y estadios, fuese puesta a disposición de la crisis sanitaria. Frente a esto, los funcionarios contestaron que la infraestructura disponible en este momento es de dos mil camas, y que son “más que suficientes” para el aislamiento de los enfermos y los vecinos pertenecientes a grupos de riesgo.
Algunas organizaciones, que también están presentes en otras villas donde el coronavirus ha avanzado, desmintieron esta “disponibilidad” de dos mil camas, señalando que compañeros contagiados en Bajo Flores o en la Villa 31, cumplen el aislamiento en absoluto hacinamiento.
Los gobiernos buscaron apoyarse en las organizaciones del barrio, pero no pudieron responder a los reclamos por testeos masivos, camas disponibles para el aislamiento, y la entrega de alimentos. Se puso de manifiesto el abismo que hay entre los programas sanitarios gubernamentales, y un verdadero plan sanitario acorde a las necesidades objetivas de la población y la pandemia.
La pretensión de los gobiernos de designar y distribuir las tareas que las organizaciones deben cumplir de manera zonal al interior de la villa durante la pandemia busca reforzar la idea de que las organizaciones deben funcionar como un brazo de los gobiernos. Asimismo, la apelación que ambos gobiernos le hacen a las organizaciones para que se sumen al relevamiento de contagiados, sin implementos de seguridad sanitaria, significa extender a los vecinos de las organizaciones la misma precarización a la que someten a los trabajadores de la salud.
Frente a estas pretensiones, las organizaciones debemos poner en pie un comité barrial que se transforme el brazo del conjunto de los vecinos, y exigirle al Estado bajo términos de independencia política, la inmediata solución a las demandas sanitarias, alimenticias y habitaciones agudizadas por la pandemia, y de la que el Estado es responsable con anterioridad.