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En los artículos de la Ley de Presupuesto 2025 que presentó Milei, se destaca que el gobierno suspenderá por un año la obligación que tiene el Estado -esto es, Nación más provincias- de invertir en educación el 6% del PBI (artículo 27), establecido en la Ley Nacional de Educación. También suspende la obligación de invertir el 0,45% del PBI en ciencia y tecnología y el 0,2% del PBI en educación técnica profesional.
“En el marco de la emergencia pública declarada por el artículo N°1 de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos, suspéndese para el Ejercicio 2025 el cumplimiento del artículo 9 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias”, determina el artículo 27. Javier Milei se basa en el Ley Bases que fue acompañada por diputados y senadores de distintas fuerzas políticas para darle otro golpe a la educación pública.
La obligación de invertir el 6% del PBI en Educación rige desde el año 2006. En rigor casi nunca se cumplió, con la única excepción en 2015, cuando se llegó a ese porcentaje. En los años restantes, lejos de aplicarse, el Estado Nacional fue acumulando una deuda con la Educación que, hasta 2020, sumaba más de 26 mil millones de dólares, es decir más de la mitad de la deuda con el FMI (Clarín, 16/9). Esta deuda del Estado con la educación pública no recibe el mismo trato que la que tienen los bonistas y los tenedores de títulos extranjeros. Javier Curcio, economista e investigador de la UBA y el CONICET, alertó que este año el ajuste en educación será del 40%: el doble que en el sector público en general.
No hay un solo ítem del presupuesto educativo que no se vea afectado. Las acciones de formación docente (-63%), la construcción de jardines de infantes (-97%), becas estudiantiles (-64%), infraestructura y equipamiento (-69%), entre otros. El Plan Conectar Igualdad, el fortalecimiento territorial y el mejoramiento de la calidad educativa, directamente desaparecen del presupuesto 2025. En el mismo presupuesto, el gobierno le incrementa a la SIDE fondos en un 98% más que el corriente año.
El objetivo del gobierno liberticida es muy claro. El único objetivo que se prioriza es el pago de una deuda impagable, mientras la población se hunde en la miseria social, la desnutrición infantil y se liquidan las jubilaciones, la salud y la educación pública. En 2025 se deben pagar 25.000 millones de dólares que Argentina no posee. En ese contexto, Milei pretende desfinanciar hasta el último centavo a la educación pública para allanar el camino a una privatización completa del sistema educativo. A este objetivo también apunta la declaración de la educación como “servicio esencial” que pretende quitarle a la docencia su derecho a huelga, como recientemente lo han aplicado contra los pilotos.
Ante semejante ataque a la escuela pública, los sindicatos nacionales docentes se han limitado a manifestar su “preocupación” con un comunicado de prensa. Finaliza así: “Desde CTERA sostenemos que se necesita más financiamiento del Estado Nacional y de los Estados Provinciales” (17/9).
Cuando el gobierno de Milei acaba de anunciar la liquidación del presupuesto educativo, la CTERA le pide a ese mismo gobierno “más financiamiento”. Una tomada de pelo.
