Escriben Silvia Allocati y Leandro Granado
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Luego de denunciar a funcionarios del gobierno de los Fernández de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por presuntos "otorgamientos truchos" de Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC), el gobierno de Milei intimó a los beneficiarios -vía carta documento- para que presenten toda la certificación actualizada (médicas, sociales, económicas, ANSES, etc.) bajo apercibimiento de la quita del beneficio de no ser presentada.
El tiempo que tienen para esa presentación es harto escueto, ya que algunas recibieron la intimación muy pocos días antes de la citación. En otros casos, recibieron la C.D. con el plazo ya vencido. También, las intimaciones llegaron a los centros de salud donde alguna vez fueron asistidas en su cuadro de salud. Ante esto, las personas peregrinan por los centros de salud, con una gran angustia, en busca de profesionales que en tiempo récord puedan volver a realizar todas las evaluaciones y estudios necesarios que ratifiquen la necesidad y pertinencia del sostenimiento de la PNC. En los casos de salud mental, esta situación coloca a la personas al borde de nuevas descompensaciones psiquiátricas y, por ende, al filo de nuevas internaciones involuntarias, agudizando el colpaso del sistema sanitario.
Según Clarin (24/9), el gobierno planea asignar PNC sólo a personas que cerifiquen una discapacidad total y absoluta. De esta manera, abandona y castiga a personas que, por cuestiones de salud, no tienen acceso a un trabajo aunque reúnan condiciones. El Gobierno incumple así con su responsabilidad de brindar protección a las personas con discapacidad, conforme lo establecen acuerdos internacionales que tienen jerarquia constitucional.
El Ministerio de Capital Humano decidió endurecer los requisitos para el acceso o el mantenimiento de las PNC de madres con más de 7 hijos. Estableció incompatibilidades (con otras prestaciones) que colocan un rasero de 470.000 pesos mensuales, monto a todas luces insuficiente para un adecuado desarrollo integral de una familia numerosa. En julio, el instituto de estadísticas de la Ciudad estableció que una familia tipo necesitó, para no ser pobre, $929.845,19 mensuales. La PNC para madres de 7 hijos equivale al haber jubilatorio mínimo y se ajusta por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes a la fecha de cobro. Por eso, en septiembre el básico ascendió a $ 234.540,23 junto a un bono de $ 70.000. Muy por debajo de la línea de pobreza.
Esta avanzada contra las personas más vulnerabilizadas por el régimen capitalista tiene la pretención de dar una señal política de complacencia para con los grandes inversores y tenedores de deuda que reclaman, por un lado, avanzar con el ajuste como garantía de cobro de esas deudas y, por el otro, abrir una veta de negocios para los fondos de inversión (similar a las AFJP) montado sobre la base de la destrucción de las jubilaciones y pensiones, hoy convertidos en "subsidios" de subsistencia ruinosa a la vejez y la discapacidad. Así, el trabajador que pretenda mejorar sus futuros ingresos jubilatorios deberá destinar parte de su sueldo a colocaciones financieras administradas por estos mismos fondos de inversión. Misma intencionalidad política tiene el veto de Milei contra la movilidad jubilatoria que luego celebró con un asado en Olivos.
Los y las jubiladas están dando una valiosísima lección de lucha. Sigamos el ejemplo. Llamamos a las y los pensionados y sus familias, a trabajadores de la salud y de organismos asistenciales del Estado, a movilizar con los jubilados al Congreso de la Nación, para frenar este y todos los atropellos.
Milei le pasa la motosierra a las pensiones por discapacidad Por Leandro Granado y Silvia Allocati, 22/08/2024.