Se suicidó otro trabajador del Hospital Garrahan: postal de la catástrofe social y sanitaria en curso

Un trabajador del Hospital Garrahan, enfermero, se quitó la vida. Sus compañeros y compañeras se encontraban realizando un paro por sus reivindicaciones cuando se enteraron de la noticia. El compañero, dicen, se encontraba agobiado. Tenía tres trabajos, era el único sostén del hogar y trabajaba como enfermero desde hacía 35 años. "Nosotros estamos pasando por una situación muy triste. Perdimos a un compañero de trabajo, se quitó la vida y sabemos que no pudo pagar el alquiler y estaba pasando por una situación de mucha presión en nuestro hospital. Todo esto lo llevó a tomar una decisión porque el compañero se sentía solo", relataron otros trabajadores del hospital (El Destape, 19/9). Una trabajadora denuncia que, en los últimos cinco años, se presenta un caso por año en el hospital. “La tasa de suicidios acá es casi el doble que la nacional”, refiere.

El suicidio como hecho social es un fenómeno muy complejo al que no se le puede adjudicar una sola causa, sino que se debe a una multiplicidad de condicionantes. No obstante, bien puede decirse que una situación económica acuciante, sumados estrés laboral, violencia institucional y el desborde por no poder dar respuestas a las necesidades de la población asistida, son factores de riesgo para la salud mental. Algunas investigaciones sostienen que los trabajadores de la salud están expuestos a un riesgo mayor de padecer algún tipo de trastorno o patología en su salud mental.

La salud pública se encuentra en terapia intensiva desde hace varios años. Los motivos son por todo el mundo conocidos: ajustes y recortes sistemáticos desde hace décadas, salarios de pobreza y modalidad de contrataciones precarias; sobrecarga laboral para llegar a fin de mes; instalaciones abandonadas y sin mantenimiento; etc. En estas condiciones, la calidad en la atención no puede ser otra cosa que deficitaria.

Del otro lado del mostrador, la población acude a los servicios en condiciones de alta vulnerabilidad social, con problemáticas cada vez más graves. Por estas horas, Milei y su runfla están afilando la motosierra para quitar las Pensiones No Contributivas por Invalidez. Las personas con discapacidad, en la gran mayoría de los casos, necesitan de ese único ingreso miserable, de 160 mil pesos mensuales, para comer. Un verdadero ataque contra las condiciones sociosanitarias de la población más vulnerabilizada perpetrado por los criminales gobiernan.

Durante la gestión de Milei, la cantidad de profesionales de la salud pública que renuncian para dedicarse con exclusividad a atender en el sector privado (ya sea en instituciones privadas o consultorio particular) va en aumento. Por ejemplo, en el Hospital Garrahan, durante estos últimos meses las renuncias superaron, en promedio, a las de los últimos años. Los usuarios pululan de hospital en hospital buscando ser atendidos. En el mejor de los casos, reciben un turno por el que tienen que esperar varios meses. En salud mental, muchos de quienes se acercan a las guardias suplican por atención ambulatoria y espacios terapéuticos. El sistema, en su colapso crónico, no puede dar respuesta alguna. En el mejor de los casos, esto es el preludio de nuevas internaciones que podrían evitarse.

Trabajadores de la salud pública, debemos ponernos de pie y luchar.