Desregulación del transporte de media y larga distancia: Milei el precarizador

Sturzenegger logró la completa desregulación del transporte vehicular de media y larga distancia y así deja éste de ser un servicio público.

La medida, que se comenzaría a aplicar en unos 60 días, representa un cambio total en las actuales reglas del juego del sector -que datan de 1992- y permite, entre muchas otras cosas, una apertura total del mercado a nuevos operadores, que solo tendrán que darse de alta en el nuevo Registro Nacional del Transporte de pasajeros mediante un trámite online, y esperar 5 días para comenzar a prestar servicios (DiarioAr, 8/10).

El nuevo decreto firmado por Milei estipula que las empresas, en palabras del ministro de Desregulación, “podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, generando una mayor oferta de servicios y precios que beneficiará al usuario y generará competencia entre prestadores”.

La normativa actual, que está a punto de derogarse, establecía “barreras de entrada” más altas para los prestadores del servicio -como cierta escala, un patrimonio mínimo y limitaciones sobre los tipos de vehículos empleados-, que se suponían necesarias para garantizar condiciones de calidad y seguridad en el servicio. También era el Estado quien asignaba permisos para cada tramo, con una lógica de compensar destinos más y menos rentables, de modo que el servicio llegue a todos lados. A partir de ahora, los operadores podrán establecer sus propias frecuencias, rutas, precios, tamaño de sus vehículos y paradas. Y como se eliminan las clasificaciones vigentes -transporte público de pasajeros, servicios ejecutivos, de transporte para el turismo-, simplemente con una combi y una inscripción al monotributo, ya se puede competir por el mismo mercado de media y larga distancia con grandes empresas como Chevallier, Plusmar, Flecha Bus o incluso Tienda León (Idem).

Otros cambios sustanciales incluyen la posibilidad de que estos nuevos operadores accedan a espacios anteriormente restringidos, como los puertos y aeropuertos, y los exime de tener que pasar obligatoriamente por las terminales asignadas en cada localidad.

A pesar de que el ministro argumenta que las normas de seguridad seguirán rigiendo, es claro que con estas medidas es imposible de controlar, ya que no están obligadas a pasar por una terminal donde se efectúen los controles, tanto sobre los vehículos como sobre los choferes. Otra medida que pone en alto riesgo la seguridad vial es que deje de existir el requerimiento de que viajen dos choferes arriba del vehículo, limitando al mínimo los tiempos de descanso y eliminando la posibilidad de alternar.

Además, el Decreto no especifica las condiciones mínimas que deben cumplir los vehículos y conductores, sino que deja este tema supeditado a las determinaciones que tome la Autoridad de Aplicación, es decir, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

El decreto ni siquiera deja contento al sector empresarial. El vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) declaró que “no pedíamos la desregulación; sí pedíamos actualización y cambio de normas en el marco regulatorio porque algunas normas sí habían quedado muy antiguas”. Las patronales abren el paraguas porque la principal consecuencia que se espera de esta flexibilización es un aumento de la oferta a través de combis y micreros, lo cual aumenta la competencia con servicios baratos pero de dudosa seguridad. De todas maneras no van a poner reparos en sacrificar medidas de seguridad para obtener competitividad, como ya vienen haciendo con el transporte urbano e interurbano de corta distancia.

La otra consecuencia es que los servicios se concentren en las zonas más demandadas y rentables, con una potencial baja de los precios, pero con un efecto opuesto en los demás destinos, incluso con riesgo de desconexión para algunos de ellos que son poco o nada rentables.

Por lo tanto la desregulación no es un beneficio para las empresas , ni para los usuarios ni mucho menos para los trabajadores, los cuales se van a ver obligados a defender sus condiciones de trabajo. La UTA no solo no expresó ni un reparo ante el decreto, sino que fue el principal operador para abortar el paro del transporte conjunto de todos los sindicatos del sector reiteradamente postergado.

La desregulación en el mundo

En lo que sí tiene razón el ministro es que la desregulación es tendencia, incluso en Europa. Pero olvida aclarar que ahí las normas de seguridad siguen cánones estrictos controlados por el Estado y que, además, la consecuencia de implementarlo fue justamente la contraria a la supuestamente buscada, ya que se fue dando una concentración en pocas empresas -como la francesa BlaBlaBus o la alemana Flixbus- con una posición casi monopólica en el mercado. Esto no provocó una subida excesiva en las tarifas solo gracias a que la competencia con el gran sistema ferroviario siempre marca un techo regulador en los precios.

La otra cara de la desregulación es Perú. Prácticamente sin servicio ferroviario y con un acceso al automóvil particular mucho más limitado, el transporte público automotor en el país andino es la forma más habitual de trasladarse. (Idem) Pero la falta de controles estatales hacen que el sistema formal esté fagocitado por el sector informal, que provoca un servicio de pobre calidad y -sobre todo- la tasa de siniestralidad más alta de Sudamérica para el transporte en carretera.

Dada la política del gobierno nacional de debilitar al Estado, la perspectiva que le queda a la Argentina es Perú, ya que debilita y desfinancia a las agencias y organismos de control y certificación, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Lo mismo pasa con la desinversión en infraestructura vial, elemental para la seguridad del transporte automotor.

Dada las postura de las patronales del transporte, que demuestra que la desregulación así planteada no beneficia a nadie, este decreto es de los más ideológicos del gobierno, decidido a precarizar todos los aspectos de la vida de trabajadores y usuarios. Los que puedan pagar seguirán teniendo un servicio con ciertos estándares de seguridad y el que no, que se agarre fuerte.