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El miércoles pasado en horas de la tarde un grupo de madres de alumnos de la institución atacó con golpes de puño, patadas e insultos a la profesora de inglés de 6º grado de la Escuela Primaria N°17 porque, presuntamente, habría maltratado a los estudiantes.
El ataque se perpetró en las puertas del colegio, delante de estudiantes y ante la mirada impávida de docentes y auxiliares que lograron, luego de una golpiza que duró tres minutos, ingresar a la docente a la escuela para proteger su vida. La profesora fue golpeada con saña, incluso por madres que tenían a sus hijos en andas y mientras estaba en el piso totalmente desprotegida.
Estos hechos de violencia dejaron de ser anormales para convertirse en hechos cada vez más frecuentes. A mediados de 2023, cerca de la EP 17, se produjo otro hecho de violencia contra docentes de la EP 68 de Mariano Acosta, a quienes se agredió verbalmente y se pretendía hacerlo físicamente. Un mes antes, el Jardín 907 de San Antonio de Padua fue copado por una turba que quería golpear a los docentes a como dé lugar, porque presuntamente en esa institución se habrían producido abusos contra menores.
No podemos dejar de señalar que el tsunami de violencia social que azota a la sociedad y al sistema educativo en particular está motivado por la fuerte suba de la tasa de pobreza e indigencia, a consecuencia de la política de ajuste y agresión social contra los trabajadores del gobierno de Milei. Esta es la mayor de todas las violencias, luego de la guerra. El aumento de la pobreza impacta de lleno en las familias de nuestros alumnos y en los docentes dejando campo orégano para la proliferación de todo tipo de violencias. Al mismo tiempo, la violencia contra los docentes es promovida por todo el régimen político que ataca a los docentes cuando nos movilizamos por más y mejor calidad de alimentos para los comedores escolares, por infraestructura o aumento salarial. Recientemente, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires en una carta dirigida a las familias plantea que los responsables de que no haya clases son los docentes, “que no utilizan en forma responsable la posibilidad de tomar licencia”. Este ataque a la docencia pretende enfrentar trabajadores contra trabajadores (docentes contra las familias de nuestros alumnos).
El común denominador de todos estos hechos violentos contra los docentes y las instituciones educativas es el siguiente: acusar a los docentes de algún hecho y declararlos culpables en el mismo proceso de acusación. Se pretende erradicar un proceso judicial y administrativo que constate la verosimilitud de la acusación, sopese evidencias, etc.
Paro y movilización
Inmediatamente conocido el hecho, los activistas con el SUTEBA a la cabeza llamaron a un paro distrital con movilización en repudio al brutal ataque contra los trabajadores de la educación. Esta acción de lucha contrasta con la política de la Celeste, que plantea encapsular y ocultar al conjunto de los trabajadores de la provincia este tipo de hechos. La burocracia Celeste tiene como norma, ante estos hechos violentos, llamar a “jornadas de reflexión” y convocar a los docentes a “habitar las escuelas” juntos a los agresores.
La movilización se dirigió a la Jefatura Distrital de Marcos Paz para exigir el inmediato cumplimiento de la resolución de “Resguardo y Reparación”, a fin de proteger a los docentes y abordar estas situaciones conflictivas, y logró arrancar un pronunciamiento del Concejo Deliberante en el cual se exige a la Justicia un rápido esclarecimiento de los hechos.
La barbarie capitalista promovida por Milei y los gobernadores, con su secuela de empobrecimiento en masa de la población trabajadora, pone en el tope de la agenda reivindicativa luchar a nivel provincial y nacional contra la violencia que asalta las escuelas con todos los métodos de lucha de la clase obrera, incluida la huelga general.
