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El 5 de junio un grupo de padres de la escuela primaria Nº68 convocó, por redes sociales, a otros padres a concentrarse al día siguiente en las puertas de dicha institución para denunciar un presunto abuso ocurrido dentro de la escuela. Presuntamente, alumnos de 6º grado habrían agredido y abusado de otro alumno de 5º en el baño.
En este contexto, el martes 6 de junio se desplegó un fuerte operativo policial con el fin de proteger los accesos de ingreso a la escuela. Algunos de los padres, en forma violenta, gritaban e insultaban a los trabajadores docentes, en especial a la directora, porque los responsabilizaban del presunto abuso.
La violencia social envuelve a toda la sociedad y crece al ritmo del empobrecimiento en masa de la población trabajadora. Ninguna institución social queda al margen del tsunami de violencia creciente, incluso la institución escolar. Por el contrario, la escuela es una caja de resonancia de todas las violencias y abusos que sufren sistemáticamente los niños y adolescentes. Entonces, esta situación de violencia que envuelve a la escuela no cambia su naturaleza según el niño haya sido abusado en el ámbito escolar o en el ámbito familiar (esto debe investigarse a fondo). Si el niño hubiese sido abusado en el baño del colegio por sus pares, el hecho es tan o más aberrante que si hubiese sido abuso en el ámbito familiar. El capitalismo en su estadio de descomposición abre paso a este tipo de violencia que denota la pérdida de toda moralidad, solidaridad y valoración por el otro. Lamentablemente, este tipo de hechos violentos no son excepcionales. En 2022, también en la localidad de Mariano Acosta, dos niños-adolescentes asesinaron perversamente a otro niño.
Mientras los manifestantes gritaban e insultaban frente al colegio, los trabajadores docentes seguían dictando clases. Las maestras pudieron salir del colegio en medio de un fuerte operativo policial. Sin embargo, la directora recién se pudo retirar a la medianoche protegida por la policía y asediada por una multitud que quería lincharla.
El presunto abuso, es objeto de una investigación administrativa por parte de la DGCyE y de una investigación penal por parte del poder judicial.
Varias familias presentes en la concentración señalaron, ante los medios de comunicación presentes, que la responsabilidad por el presunto abuso no era de los docentes porque los cursos están abarrotados de alumnos y ello dificulta el acto educativo y, también, el cuidado de los niños. Otros padres denunciaron que en el edificio conviven dos instituciones educativas (una escuela primaria y una escuela secundaria) y que la disposición edilicia no es la adecuada para una eficiente tarea de cuidado. Algunas secundarias funcionan arriba de una escuela primaria y los baños de la secundaria están abajo. O sea, cuando los alumnos de la secundaria necesitan ir al baño es imposible observar qué hace el estudiante. En ese caso, el estudiante debería ir acompañado de un preceptor y esto también es imposible porque cada preceptor debe asistir a tres y hasta cuatro cursos al mismo tiempo.
Los sucesivos hechos de violencia ocurridos en el gran Buenos Aires en las últimas semanas ponen en evidencia la impotencia del acuerdo paritario de “resguardo y reparación” firmado por el FUDB a espaldas de la docencia. Evidentemente no hay "protocolo" que nos blinde del proceso de degradación social en el cual está sumida la sociedad toda. Sin embargo, hay que luchar, en principio, para que los costos judiciales por denuncias sobre presuntos abusos sean costeados por nuestro empleador (gobierno provincial) y que la ART asista inmediatamente al trabajador hasta que sane física y psíquicamente y, en el mientras tanto del proceso judicial, se paguen íntegros los salarios tenga o no tareas el docente. Esta cuestión central fue puesta de relieve por los activistas antiburocráticos en las reuniones de delegados convocadas recientemente por SUTEBA. Por otro lado, otro eje fundamental es emplazar al PoderJudicial a actuar con celeridad para que se sepa la verdad y proteger a las niñeces. Una investigación y un juicio por estos hechos no debe demorar más de seis meses. Finalmente, necesitamos más escuelas y reformar a fondo las existentes, desdoblar cursos y crear cargos docentes y de los EOE, más y mejor calidad de alimentos para los comedores escolares.
Para impulsar estos reclamos y la pelea por mejoras salariales y condiciones de trabajo es indispensable desarrollar las autoconvocatorias y coordinar con todas las luchas en curso en la perspectiva de la huelga general educativa.
