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El gobierno anunció el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de un organismo recaudatorio, dependiente del Ministerio de Economía.
Ese nuevo organismo, denominado Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), debutará con despidos masivos. La Casa Rosada anunció que el cambio consiste en “una estructura simplificada”. Se va a reducir 45% las autoridades superiores y un 35% los niveles inferiores de la estructura actual. En total se eliminarán el 34% de los cargos públicos. Se reubicarán y pasarán a disponibilidad unos 3.100 empleados.
Con este propósito, el Ejecutivo recicló en los cargos jerárquicos del nuevo organismo a viejos funcionarios: ¿ex? kirchneristas y albertistas serán los encargados de llevar adelante el plan de “reestructuración”. Florencia Misrahi seguirá al frente del nuevo organismo, que tendrá dos divisiones: la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas. José Velis estará a cargo de la DGA en reemplazo de Eduardo Mallea y Andrés Vázquez quedará a cargo de la DGI, este segundo fue quien estuviera a cargo del operativo contra Clarín durante el Gobierno de CFK y encargado de la fiscalización de las empresas de Cristóbal López.
El anuncio contempla la eliminación de la “Cuenta de Jerarquización” un mecanismo vigente desde la gestión De La Rúa- Cavallo por la que los empleados cobran una suma extra todos los meses que se nutre de la recaudación impositiva y se reparte entre sus cerca de 21.410 empleados.
Según el vocero oficial Manuel Adorni la AFIP “funcionó como una caja de la política que sometió a muchos argentinos a persecuciones absolutamente inmorales” -en cambio, a los evasores, Milei los llamó “héroes”. Adorni continuó: “Lo que es de cada argentino es suyo y de nadie más. Ningún burócrata del Estado tiene por qué delegar el poder de decirle a un argentino qué hacer con su propiedad”. La única propiedad sobre la que los burócratas del Estado van a decidir es sobre el salario de los y las trabajadoras, a través de la confiscación, los despidos, el techo paritario y la depreciación de la capacidad de consumo.
El mismo 22 de octubre se realizaron asambleas masivas en los organismos afectados. Ante el cántico de centenares de trabajadores y trabajadoras, la conducción propuso un “apagón informático de dos horas diarias hasta el fin de semana”. Las voces de los laburantes fueron tapadas por los bombos y las trompetas, una vieja estrategia de la burocracia sindical para ningunear la voluntad de lucha. El argumento por el que no se sometió a votación la moción de parar fue que no hay nada firme excepto un comunicado… Los antecedentes de despidos y cierres de organismos deberían alcanzar para darle veracidad a la información que circula y que fue difundida por la cuenta semioficial de X “Oficina del Presidente”.
Más que nunca las autoconvocatorias son el camino para organizar la lucha contra los despidos y el recorte salarial. No se puede descansar en la misma burocracia que avaló la reforma laboral de forma activa y que dejó pasar la Ley Bases, el veto a la jubilación y al presupuesto universitario. El reclamo de paro tiene que masticarse en cada sector y ser impuesto desde ahí hacia la asamblea general.
