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A principios de octubre, sin que lo levantaran los medios, Diputados dio media sanción a la “ley antimafias" impulsada por Patricia Bullrich. Falta que lo trate y apruebe el Senado.
El proyecto de ley -que se denomina “de abordaje integral al crimen organizado”- es la carta de acción para implementar un estado policial violatorio de derechos civiles, políticos y humanos consagrados -hasta ahora- en la legislación argentina y en los tratados internacionales que tienen carácter constitucional. Tal como está redactada la ley, con tremenda vaguedad acerca de lo que considera “criminal” -ya que la normativa propuesta no lo define-, esta puede aplicarse a cualquier tipo de organización social, gremial o política.
El primer artículo de la norma expresa: “La presente ley tiene por objeto brindar al Estado [en rigor, se refiere al Ministerio de Seguridad y al Poder Ejecutivo] herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de tres o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Como para Patricia Bullrich circular por la calle en una movilización es un delito mayúsculo, a cualquier grupo que se manifieste en la calle se le aplicaría esta ley.
De manera más explícita, en otro artículo, la ley establece una serie de supuestos bajo los cuales se podría presumir la existencia de una organización criminal. Entre ellos, cuando “estuviere amenazada por las acciones de miembros de una o más organizaciones con objetivos similares la propiedad inmueble del Estado nacional o el personal que presta funciones en ella”, algo que claramente hace pensar en cualquier protesta cerca de un edificio público y no el narcotrafico ni en la trata de personas.
Estado de sitio
La cuestión es que, bajo la presunción de la existencia de una organización delictiva, la ley permite crear un estado de sitio acotado a una zona seleccionada arbitrariamente en la cual quedan suspendidas garantías constitucionales que incluso serían respetadas en un estado de sitio normal.
La ley permite detener por 48 horas y realizar allanamientos basándose en la presunción de delito. Las detenciones son prorrogables por 15 días, con posibilidad de extenderlas por 15 más, en el caso de delitos complejos con el solo requerimiento de notificar al Ministerio Público Fiscal.
Como el gobierno liberticida suelta gratuitamente acusaciones de “terrorismo” y “traición a la patria” con total liviandad, todo esto implica que la Policía va a tener la potestad de detener durante un mes a cualquier persona a discreción, sin intervención judicial, sin acusación y, por lo tanto, sin derecho a defensa.
La ley permite además allanamientos encadenados, por lo cual un teléfono celular, una agenda o un mensaje en una red social puede desatar un vendaval de detenciones arbitrarias provocadas a partir de un primer allanamiento. La ley habilitaría a que los allanamientos secundarios puedan realizarse sin orden judicial y estos a su vez pueden generar otros y multiplicarse.
Normativa para reprimir
Esta ley forma parte del conjunto de leyes disposiciones que caracterizan la formación de un estado policial.
La reforma del Código Penal para endurecer las penas -incluidas resistencia o atentado a la autoridad, intimidación pública y prepotencia ideológica, que comúnmente se aplican en las detenciones en protestas-, la baja en la edad de imputabilidad, la consideración de la reiterancia, la legalización del gatillo fácil, la prohibición a las familias de las víctimas de gatillo fácil del derecho a querellar, todas estas reformas, forman parte del mismo marco normativo para redoblar el aparato represivo hasta la asfixia.
Desde ya nada dice el proyecto de Ley sobre investigar los capitales espurios blanqueados recientemente, o de allanar las financieras que se reprodujeron por doquier en Rosario o ejercer controles sobre los puertos privados en los que mercaderías de todo tipo entran y salen, ellas sí, con plena libertad.
El gobierno, con Patricia Bullrich a la cabeza, viene implementando un estado policial como lo demuestran los allanamientos a las organizaciones piqueteras, las detenciones y la represión en las manifestaciones, el recurso del espionaje y el asedio por las redes sociales –que la reflotada SIDE y la DGI, en manos de la camarilla presidencial, potenciarán exponencialmente-.
El antecedente de este marco legal es la ley antiterrorista, impulsada por el kirchnerismo y utilizada, por caso, para perseguir a militantes ambientalistas qué cortaban rutas.
El marco legal le es necesario a Milei para ir a fondo con una intentona fascista que de momento no logra hacer pie -no logra movilizar- entre quienes dicen apoyarlo.
Solo han logrado la acción de grupos muy marginales como los que provocaron en la Universidad de Quilmes o la “Liga patriotica sionista” que jugo al tiro al blanco con gente que vive en la calle.
Fisuras en el aparato represivo
La intención de Bullrich de meter a las Fuerzas Armadas en la seguridad interior no avanza por ahora por la doble desconfianza de los efectivos sobre su futura seguridad jurídica y sobre los responsables civiles que siempre salen indemnes e impunes, mientras que ellos no siempre.
La miseria salarial que también afecta a las fuerzas armadas no ayuda y la afinidad ideológica no siempre alcanza, sobre todo cuando el gobierno inició con mucha verborragia castrense, pero en los hechos desenganchó sus salarios del de las demás fuerzas represivas, dejándolos atrás y virtualmente congelados.
Perspectiva mundial
Esta preparación para escalar en la represión y la persecución política, se da al mismo tiempo que el triunfo de Trump, quien ha prometido una persecución política en regla contra el “comunismo” que -según él al igual que el presidente argentino- engloba a todos sus opositores.
Milei, al igual que Trump, se propone terminar con los derechos civiles, sindicales y políticos. Que lo logré o no, depende de que podamos estructurar una reacción popular, solo viable con la superación de la burocracia sindical –tantas veces dispuesta a estar en las filas de los grupos parapoliciales– y del peronismo de la triple A, de Berni, Felipe Sola, la ley antiterrorista, y cuyo último candidato a Ministro de Economía no se cansa de elogiar el modelo económico que ya llevó a la pobreza a más de la mitad de la población.
