El Congreso le da un guiño al mayor negociado financiero de Milei-Caputo

Si, como ocurriera en la frustrada sesión de este martes 12, el Congreso deja en pie al decretazo que libera las manos del gobierno en relación a una futura renegociación de la deuda pública, los liberticidas se habrán anotado una significativa victoria política. El DNU 846 deroga la ley de administración financiera en un punto crucial – el que establecía que, en caso de emprender un canje de deuda, el gobierno estaba obligado a mejorar dos de estas tres condiciones: la tasa de interés, el monto o los plazos de vencimiento de los compromisos. El decreto libera a Caputo de esas restricciones para ofrecer una carnada a los acreedores extranjeros para atraerlos a un canje de deuda con mayores tasas de interés o valor técnico más alto de los bonos. Sería una repetición agravada del megacanje que, con esas características, realizaron Cavallo y Sturzenegger en 2001, para precipitar a Argentina a un default y a una renegociación de deuda mucho más elevada. Argentina tiene vencimientos de deuda por 17.000 millones en 2025 – el 55% con acreedores privados y el 45% con organismos de crédito, y 8 mil millones de intereses.

Las posibilidades de cancelar estos vencimientos son más que inciertas, más aún cuando la apreciación cambiaria anticipa una fuerte salida de dólares del país y un menor caudal de exportaciones. Pero los fondos acreedores sólo aceptarán correr el horizonte de vencimientos si el gobierno les ofrece un interés superior. El canje, por lo tanto, implicará un nuevo y jugoso operativo financiero para los bancos emisores y una operación especulativa igualmente redituable para los acreedores, pues los altos intereses permitirán que los nuevos títulos suban de precio rápidamente. A cambio de liberar el panorama de vencimientos de 2025-26, el canje caputiano llevará al endeudamiento público externo a condiciones todavía más abultadas y explosivas. La garantía de esta operación, una vez más, será el brutal ajuste sobre salarios estatales, gastos sociales y jubilaciones.

Pero el decreto en cuestión no se limita a habilitar este cheque en blanco. Además, prevé una amplia “flexibilidad” para reemplazar deuda en una moneda por otra -por caso, la deuda pública en pesos por otra en dólares. La convergencia cambiaria hacia el dólar a 1.000 pesos pavimenta el camino para este otro negociado, que permitirá que los bancos -antiguos acreedores del Banco Central y actuales de títulos en pesos del Tesoro- reemplacen esos compromisos por deuda en moneda “dura”. Finalmente, el decretazo amplía del 50 al 70% el límite para que el Fondo de Garantía del ANSES integre títulos de deuda pública. Por decreto, Caputo fabrica una demanda “intraestatal” garantizada para las nuevas operaciones de deuda, en este caso, con los recursos de los jubilados.

Según los diarios, la discusión con la oposición por este DNU en el Congreso aparece condicionada al tratamiento del Presupuesto 2025, pero sólo en parte. Los gobernadores, que orientan el voto de numerosos diputados y de casi todos los senadores, tienen también sus propias deudas a “reestructurar”. El canje de Caputo actuaría como una referencia para eventuales canjes de esas hipotecas provinciales. La tendencia del voto del Congreso es muy clara: no solamente los radicales tienen su subloque mileísta. El peronismo saca del clóset, todos los días, más diputados colonizados por el gobierno liberticida. Por esta vía, el Congreso, que ya es un avalista de hierro del gobierno de decretazos y vetos, se prepara a remachar el último clavo que acomoda a la Argentina en el ataúd del endeudamiento a perpetuidad.

En la campaña electoral, Milei anticipó que su previsible precariedad política tendría como contrapeso la imparable desintegración de los grandes bloques que fungirían como su oposición parlamentaria, algo que no pasó desapercibido en estas páginas. Pero la base social de este bloque de fuerzas es el compromiso de toda la clase capitalista con una política de “golpe de estado” económico, que estaba presente en los planteos de Bullrich, Massa o Schiaretti. Los liberticidas y la casta concertan así un negociado financiero y un hipotecamiento nacional sin precedentes, que conducirá a una nueva cesación de pagos más temprano que tarde. La confiscación salarial y previsional que exigirá la nueva “cadena al cuello” será la premisa de una acción obrera de características históricas.