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El debate por la adhesión de la provincia a la Ley Micaela puso nuevamente al desnudo el carácter oscurantista y reaccionario del régimen provincial. De manera inmediata, los voceros y representantes de la Iglesia comenzaron con maniobras para postergar su tratamiento y negociar modificaciones que preserven el dominio clerical.
Si bien la posición más extrema la encarnó el bussismo, con un proyecto de rechazo a la adhesión, en nombre de la objeción de conciencia y afirmaciones negacionistas sobre los femicidios, el oficialismo terminó firmando un proyecto por mayoría que modifica la autoridad de aplicación (Secretaría de la Mujer) y deja vía libre para que cada poder del Estado decida.
Este proyecto del oficialismo surgió luego de que quedara al descubierto la interna del PJ, entre Manzur y el vicegobernador Jaldo, con acusaciones cruzadas de un lado y otro y la intervención del gobierno nacional. La falsa defensa de la ley por Manzur y sus principales funcionarios no responde a un cambio de orientación sino al intento de encolumnar detrás de sí a sectores del peronismo que levantan determinadas banderas progresistas y por posicionarse frente a Fernández para recibir fondos. Por su parte, Jaldo denunció que quienes ahora pretenden apurar a la legislatura, en todos estos años solo mostraron desinterés para que se le diera tratamiento a la ley.
La adhesión de Tucumán a la Ley Micaela, en los términos no modificará la situación las mujeres y disidencias. Manzur y Jaldo seguirán gobernando para las iglesias católica y evangelista y garantizando su injerencia en la educación, la salud, la justicia y la asistencia social. Manzur se ha destacado por promover todas las campañas y movilizaciones de la Iglesia tucumana a favor de las banderas de los “pro vida”, marchando en primeras líneas con los representantes de la reacción en Tucumán, con el bolsonarista Bussi, o la cavernícola senadora de la UCR, Silvia Elías de Pérez.
En Tucumán, se enseña religión en las escuelas públicas. En los hospitales, los comités de ética están copados por ´objetores´ y tienen designados capellanes a sueldo. Los casos de Belén y Lucía mostraron el ensañamiento de jueces y fiscales contra mujeres y niñas, principalmente de la clase trabajadora. Claramente, no es un problema de capacitación sino de política; de un régimen que opone la “defensa de la familia” a la defensa de las mujeres y los niños. En ese marco, la política oficial apunta a perpetuar toda la orientación dirigida a sostener las condiciones de doble opresión en sus formas más extremas para las mujeres trabajadoras.
Como ya se expuso en otro artículo, la ley tampoco erradicará la violencia porque es otra herramienta de sometimiento. En el resto de las provincias del país donde ya rige la ley, no se produjo ningún cambio. La capacitación que se hizo en el senado no impedirá que el abusador Alperovich retorne a su banca luego de seis meses de licencia.
La única manera que Tucumán deje ser la avanzada de la reacción, y que se enfrente la violencia de género, es la separación de la Iglesia del Estado, el aborto legal, la educación sexual laica y científica, el fin de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, casas refugios, subsidios a las víctimas de violencia equivalente al costo de la canasta familiar, no a los despidos, suspensiones y reducciones salariales, salario igual a la canasta familiar, pase a planta permanente, no al pago de la deuda externa.
Este 28 de mayo y 3 de junio se vienen jornadas nacionales de lucha que deben servir para promover asambleas en los sindicatos, organizaciones barriales y estudiantiles para discutir este programa y la puesta en pie de comités de lucha contra la violencia de género.
