Aceros Zapla, ante la amenaza de su cierre definitivo
Escribe Iñaki Aldasoro
Años de vaciamiento y negociados.
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La crisis de Aceros Zapla ha llegado a un punto límite. Bajo el gobierno de Milei ha sido una de las miles de empresas que se ha sumado al PPC (Proceso Preventivo de Crisis) para achicar, especialmente, los salarios y las indemnizaciones.
Hace seis meses, la actual patronal (Taselli) llegó a un acuerdo con la UOM regional Palpalá para acordar una reducción salarial al 85 % (unos $550.000 aproximadamente) y un plan de suspensiones rotativo del personal. Todavía se adeuda un porcentaje de los salarios de octubre a los 240 obreros que quedaron.
La planta, que venía trabajando al mínimo, decidió cerrar la sección Acería, suspendiendo a casi un centenar de obreros. Sólo dejó en actividad a la sección laminados y mantenimiento. El PPC finaliza a fin de mes y no hay ningún tipo de certeza de cómo continuará funcionando la empresa.
Altos Hornos Zapla llegó a tener más de 5.000 obreros y ser el motor de toda la ciudad. El complejo industrial contaba con escuelas, un hospital y un complejo deportivo y vacacional para los trabajadores.
Con la privatización de Menem quedaron aproximadamente 700 obreros y empezó un desguace sistemático de toda una producción diversificada de la empresa. Negociados, vaciamiento, falta de inversión, desmantelamiento de producciones alternativas al acero y la venta de 1200 hectáreas de eucaliptos para el desarrollo inmobiliario marcaron el ritmo de una política de desguace del gigante de la siderurgia en Jujuy. A este cuadro, se sumó la liberación de importaciones de acero por parte del gobierno nacional y la suspensión de obras públicas.
El eventual cierre de la planta siderúrgica contrasta con el déficit habitacional y de infraestructura social en la provincia y en todo el norte del país.
Lo que está planteado es la defensa de los puestos de trabajo, sobre la base de un debate más amplio que contemple esas inmensas necesidades de urbanización en todo el Gran Jujuy, a partir de un plan de obras públicas, viviendas, escuelas y centros de salud. Un proceso de estas características es inviable de la mano de los vaciaderos seriales de la empresa, lo que plantea su estatización bajo control de sus propios obreros.
