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El gobierno de Javier Milei les dio un zarpazo más a las libertades democráticas, a la libertad de expresión, a la confrontación de ideas, al derecho a aprender y a unos cuantos más. Por un lado, prohibió por decreto la “propaganda política” en los edificios públicos dándole cobertura legal al retiro de bustos, estatuas, afiches y otros elementos, que ya sucedieron en varias dependencias.
También creó un marco legal para el reiterado hostigamiento de los trabajadores estatales que desde el inicio de la gestión padecen la inaudita prohibición de colgar carteles sindicales, volantes o elementos con textos de esas índoles. En algunas oficinas, la prohibición alcanza hasta las fotos personales de los trabajadores o los dibujos que suelen hacer las criaturas para estar de algún modo presentes en la jornada laboral de la madre o el padre.
A mediados de noviembre, el Ministerio de Capital Humano encabezó un "proceso de reordenamiento en sus espacios públicos" al retirar afiches, fotos, y bustos de Eva Perón de sedes gubernamentales. También despegó del escritorio de trabajadores estatales fotografías de marchas de derechos humanos, de las Madres, de las comunidades de pueblos originarios o de defensa del aborto legal, entre otras.
La invitación a la delación es una constante del gobierno liberticida, como lo fue durante el gobierno del PRO. Cualquier ciudadano “podrá denunciar el incumplimiento de las normas antes precisadas, sin costo, a través de la plataforma Trámites a Distancia –TAD”.
También modificó a través de dos decretos la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, aprobada en 2006. En agregados a tres artículos se dice que “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político-partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, constituyendo un trato que afecta su integridad personal”. Y “vulnera el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes (…) así como su libertad de conciencia”.
La redacción no deja en claro en qué consistiría “la imposición de una manera de pensar” -el adoctrinamiento- ni, como apunta con cierto desencanto La Nación, como se castigará a los infractores.
En realidad, el gobierno le ha dado formato legal a una amenaza largamente repetida de actuar contra los docentes que acometan el “adoctrinamiento” de sus alumnos.
La reivindicación de la “neutralidad ideológica” en las aulas es una impostura. El gobierno quiere desterrar la posibilidad de enseñar proponiendo una mirada crítica sobre la sociedad e imponer -ellos sí- su versión fascistizante, antiobrera, anticientífica, misógina y homofóbica. Pretenden que se eduque en esos postulados como si tuvieran carácter inmutable y pertenecieran al orden de la naturaleza.
En medio del jolgorio indecente de todo el arco derechista, el subsecretario de Políticas Educativas, Alejandro Álvarez, corrió la intromisión hasta el absurdo. La censura, anticipó, regirá también para la educación universitaria. “Desde hoy, por decreto del Presidente @ JMilei, el adoctrinamiento en educación está tipificado”, escribió en X.
Durante un memorable discurso en el Colegio Cardenal Copello, donde se educó, Milei descargó una andanada violentísima y procaz ante un auditorio estudiantil, pasando por encima de toda legalidad. Habló de “los asesinos de pañuelos verdes”, se refirió al aborto como “un asesinato agravado por el vínculo”, se despachó contra el marxismo, sostuvo que “mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre”. Y reclamó que sancionaran a una docente de la Universidad de Belgrano porque “perseguía” a uno de sus alfiles digitales, Iñaki Gutiérrez.
Los decretos intentan imponer la censura en nombre de la defensa de derechos de la infancia, pero Milei ha repetido varias veces que, a su juicio, la educación no es un derecho y ni siquiera debería ser obligatoria.
Nada nuevo bajo el sol. En 1977, un decreto militar prohibió el libro “Un elefante ocupa mucho espacio”, de Elsa Bornemann, acusado de contener “cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento".
Más recientemente Jair Bolsonaro, cuando era presidente del Brasil, promovió las “Escuelas sin partido” mientras los evangélicos aturdían en la puerta de los colegios.
En junio de este año, el gobierno de Buleke prohibió toda referencia a “la ideología” -en realidad, la existencia LGTTB- en las escuelas de El Salvador. Y los republicanos en Estados Unidos han logrado vaciar de libros incómodos las bibliotecas escolares y establecer un cruel sistema punitivo -que incluye el despido fulminante- contra los docentes que osen hablar de sexualidad, de género, del genocidio de los pueblos originarios o de la infamia de la esclavitud.
La pretensión de Milei es regimentar férreamente la vida social, construir un índice de lo que se puede ver y lo que se puede decir, incluso en las aulas. Cuando se trata de avasallar las libertades públicas, los propagandistas de la destrucción del Estado se valen de toda la capacidad intimidatoria y punitiva del aparato estatal.
