El Gobierno decreta la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior

Milei firmó un decreto junto con los ministros Luis Petri, de Defensa, y Patricia Bullrich, de Seguridad, que plantea la “cooperación interinstitucional”, según la cual el Ministerio de Seguridad puede solicitar el apoyo, no sólo de las policías provinciales y de CABA, sino de las Fuerzas Armadas, para la protección de “Objetivos de valor estratégico”, que serían instalaciones de valor vital para el Estado. Este mismo decreto le permite a Milei definir cuáles son las instalaciones o los bienes a proteger.

Lo más relevante de esta medida es que habilita la acción de las Fuerzas Armadas en la represión interna.

El decreto plantea: “Las amenazas y agresiones pueden proceder de fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”. Al agregar “paraestatales o criminales”, se modifica la norma que hasta ahora sólo habilitaba a las Fuerzas Armadas a actuar en caso de amenaza de “actores estatales”, es decir, de los Estados de otros países. Ahora pueden actuar contra cualquier organización que el gobierno califique de criminal o terrorista.

Consciente de que ni la motosierra ni la licuadora son inocuas en una paciencia popular que no va a durar para siempre, el gobierno se prepara para la represión con todos los cartuchos y sin rodeos.

Bullrich viene instalando esto desde que asumió -el último intento había sido la crisis con los narcos en Santa Fe, a la que respondió con el envío de tropas federales y militares-. Pero justamente, la principal resistencia provenía de las mismas Fuerzas Armadas que no estaban dispuestas a correr el riesgo de nuevas acusaciones y juicios sin garantías.

La visita de los diputados al pabellón penitenciario donde se alojan los genocidas era parte del entramado para lograr la domiciliaria para todos los represores, por un lado, pero también del propósito de devolverles a los militares mayor capacidad operativa y protagonismo político. El repudio general que generó “la visita” obturó la maniobra, al menos momentáneamente. Apenas asumió, Milei promovió un recambio en las cúpulas, pero los mandos medios siguieron renuentes a reprimir sin garantías de impunidad.

Es claro que el único delito que se proponen ´perseguir´ es el de las luchas sociales.

Patricia Bullrich ha intentado emparentar las movilizaciones populares con el terrorismo de manera recurrente, desde el Gobierno de Macri a esta parte. A los detenidos por la movilización contra la Ley Bases les quiso endilgar “sedición” y después fabuló sobre grupos terroristas en la Triple Frontera y en Chile que le valieron diversos conflictos diplomáticos. El gobierno viene de lograr terminar con el Ministerio de Derechos Humanos y todos los programas con los que estaba vinculado. El gobierno apoya estratétgicamente a la guerra de la OTAN y el sionismo, y pretende instalar un régimen acorde. Los ´demócratas´ del Congreso han agachado la cabeza frente a este atropello.

Como en su momento el 2x1 a los genocidas, la intervención de los militares en la represión interior bien merece una respuesta popular.

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La reforma de la “ley de seguridad interior” Un Estado policial en construcción. Por Lucas Giannetti, 29/08/2024.