La reforma de la “ley de seguridad interior”

El miércoles 21, el ministro de Defensa, Luis Petri, presentó en la Comisión de Defensa, encabezada por el diputado de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, el proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Interior con el que busca habilitar la inserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Este “operativo” político se conecta con la visita a genocidas de la última dictadura militar por seis diputados libertarios, las “relaciones carnales” con los EE. UU, el pedido del gobierno libertario de que la Argentina sea socio global de la OTAN y las reticencias de la jerarquía de las FF. AA sobre la línea de mando que se establecería con la modificación de la Ley de Seguridad Interior.

La Ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada en 1991 luego del último levantamiento militar contra el gobierno de Menem, establece que las Fuerzas Armadas pueden accionar en apoyo a las Fuerzas de Seguridad, en dos situaciones específicas. La primera, definida en su artículo 27, establece las acciones de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y la segunda, se contempla en el artículo 31, que regula el empleo de elementos de combate, que debe estar antecedido por la declaración del estado de sitio. El gobierno quiere modificar ambos artículos con la finalidad de contar con el personal de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Como adelantó el vocero Adorni, cuando el proyecto ingresó al Congreso, la reforma "se propone que las Fuerzas trabajen de forma coordinada con las fuerzas de seguridad para enfrentar el terrorismo” y las intervenciones serian "por tiempo limitado” (Ámbito, 2/8). El proyecto en cuestión le da vía libre a las Fuerzas Armadas, en caso de hechos de carácter terrorista a "restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia". También estarían habilitados a realizar allanamientos a pedido de un fiscal y/o de un comité de crisis, que, en principio, estaría integrado por los gobernadores. El proyecto de ley, dijo Petri ante la Comisión de Defensa, propone una nueva alternativa para que las Fuerzas Armadas actúen en hechos que tengan "por fin (sic) causar conmoción social, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”. En síntesis, con Petri como punta de lanza, el gobierno quiere imponer un estado de sitio permanente contra la protesta social.

Una reforma de este tipo representa claramente un reforzamiento del aparato represivo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó a la movilización contra la Ley Bases como un intento de golpe de Estado y tildó a los manifestantes de “terroristas”.

En los fundamentos del proyecto de ley en cuestión, el gobierno intenta justificar la reforma propuesta, aludiendo a que en “muchos países las Fuerzas Armadas se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, como son los casos de EE. UU, Francia, Alemania, Reino Unido e Israel, entre otros. El gobierno libertario también se vale, para esta reforma, del tratado firmado en Barbados en junio de 2002, al que Argentina adhirió y en el que establece la “cooperación y el intercambio de información con el objeto de mejorar las medidas de control fronterizo y aduanero para detectar y prevenir la circulación internacional de terroristas y el tráfico de armas u otros materiales destinados a apoyar actividades terroristas.” La cooperación a la que hace referencia Petri, no es más que dar libertad a los servicios de inteligencia, como la CIA y el MOSSAD a que intervengan en territorio argentino, reforzando las “relaciones carnales” que se vienen desarrollando desde el comienzo del mandato Milei.

El gobierno, por intermedio del ministro de Defensa, ha realizado un pedido a la OTAN para ser considerado como socio global de la organización militar del imperialismo y en esta línea, el texto también hace referencia al “Concepto Estratégico - OTAN 2022”, suscripto en diciembre de 2022 por los países miembros y en el que se hace foco sobre la lucha contra el “terrorismo”. Los liberticidas, que durante su campaña electoral han hecho de la “destrucción del Estado” (en clave reaccionaria) su leitmotiv, propugnan que el “Estado debe actuar, ocupando un rol central en la lucha contra el terrorismo, para proteger y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.”

El gobierno libertario mantiene un hilo conductor con los gobiernos que le precedieron: la lucha “contra el terrorismo”, doctrina de seguridad impuesta por el imperialismo yanqui luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El kirchnerismo puso en pie la ley antiterrorista y el macrismo, por medio de la reforma de la Ley de Defensa Nacional otorgó funciones de seguridad interna a las Fuerzas Armadas. Este giro apuntó a justificar un mayor andamiaje represivo al interior de cada país y un enorme despliegue bélico en Medio Oriente (Irak, Afganistán).

Esta política comenzó a ensayarse muy pronto. En Rosario, y con el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Bullrich y Petri anunciaron cambios en lo que se refiere a seguridad interna. El gobernador Maximiliano Pullaro quien exhortó al resto de la dirigencia a “ser muy prácticos para resolver un problema muy grave que estamos teniendo en este momento en la ciudad de Rosario. Que venga el Ejército, que vengan fuerzas federales, que venga el acompañamiento de fuerzas tácticas de otros gobiernos provinciales para que a los rosarinos le podamos dar un poco de paz”. Se hizo eco del pedido de Pullaro Axel Kicillof, quien mandó patrulleros, reforzando la militarización de la ciudad.

En esta cruzada el gobierno busca el apoyo de los gobernadores. En este sentido, el proyecto prevé que sean los gobernadores los que integren el comité de crisis, que juzgará si se está en presencia de un acto “terrorista” y en definitiva tendrán la sartén por el mango para involucrar a las FF. AA en la represión interna. Asi los mandatarios provinciales, juntamente con la ministra de Seguridad, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, articularían las operaciones con las fuerzas de seguridad provinciales y las Fuerzas Armadas.

Por pedido de la, autopercibida, oposición dialoguista al gobierno de Milei, el proyecto dictamina que en caso de que el comité de crisis requiera de la intervención de las FF. AA “se deberán especificar las posibles acciones a desplegar, el área geográfica específica de actuación y el tiempo de duración”. La oposición dialoguista quiere oficiar como síndico en la represión interna que emprenda el gobierno nacional contra “el terrorismo”.

Uno de los puntos cruciales del proyecto es el que califica el accionar de los militares como “no punibles” y “en cumplimiento del deber”. Concretamente está planteado la impunidad para los militares que repriman, asesinen o lleven adelante vejaciones contra las personas. A pesar de las garantías de acción que le da el gobierno y el apoyo de las altas jerarquías de las FF. AA a la reforma, los jefes de las fuerzas opusieron objeciones de carácter jurídico y buscan un paraguas legal. La duda principal de los jefes de la FF. AA pasa por la línea de mando y sobre el uso concreto del poder de fuego, ya que el texto del proyecto de ley no queda definida "una autoridad de aplicación, ni quien ejercería el mando en el terreno durante una actividad de ese tipo". Estos contrapuntos fueron presentados a través del jefe del Ejército, general Carlos Pestri, que hizo hincapié en que la reforma debe salir, pero exigen que sea tratado por el Congreso. Los altos mandos militares no quieren asumir el costo político de una instancia de represión interna. Es aquí donde se encuadra la visita “humanitaria” de diputados libertarios a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad, que ha creado una crisis hacia dentro del bloque libertario. Durante la campaña electoral del año pasado, Villarruel puso de relieve su deseo de revalorizar el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Cuando el gobierno llevó adelante la militarización de Rosario, encabezado por Bullrich, Villarruel salió al cruce públicamente contra la ministra de Seguridad, señalándole que las FF. AA no están facultadas para combatir contra civiles. Las reticencias de la vicepresidente tienen que ver con que los militares terminarían rindiendo cuentas en tribunales civiles y no ante una corte integrada por militares. Oficiando de vocera de los cuarteles Villarruel sentencio que “ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes.” (Pagina/12, 13/3)

El gobierno de Milei, con Petri y Bullrich a la cabeza, quiere vender gato por liebre en la puesta en pie de un Estado policial por medio de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La ampliación del aparato represivo y de inteligencia, la restricción de libertades democráticas y la persecución de los activistas y luchadores son el complemento de fuerza para hacer pasar un brutal plan de ajuste contra la clase trabajadora.