Bullrich reloaded

La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cena de despedida de año de Apertura Republicana (agrupación política de liberales dentro del PRO), aseguró que durante el gobierno de Macri, “yo quería dar un paso y venía alguien y me frenaba. Quería dar otro paso y me frenaban. Y ahora no me frena nadie”, en referencia a Milei: “Poder llevar adelante lo que uno piensa, lo que uno cree, sin que alguien te diga ‘no pará, no tanto, no me saques tantos policías a la calle, ponelos un poquito más lejos’. Todo no, no, no... ¡No las pelotas!”

A un año de gobierno liberticida y del inconstitucional protocolo contra los piquetes trabajadores, movimientos sociales, jubilados y estudiantes, la envalentonada ministra cierra el año con una serie de iniciativas: el “servicio cívico” para jóvenes que no estudian ni trabajan y tareas de limpieza de carácter obligatorias para presos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Trabajo forzado en las cárceles

A través de la Resolución 1364/24, el gobierno nacional, por iniciativa del Ministerio de Seguridad lanzó el programa “Manos a la obra” que establece “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”. El ‘auto financiamiento’ carcelario. Se trata de tareas gratuitas, que pueden llegar hasta las cinco horas diarias. La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, 24660/96, en su artículo 58 establece que es obligación del régimen penitenciario atender las condiciones ambientales e higiénica de los establecimientos con el objetivo de “asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos.”

La normativa vigente estipula que, si bien, “el trabajo constituye un derecho y un deber del interno.” (Art. 106), este no puede ser utilizado como forma de castigo, ni tampoco puede revestir el carácter de forzado. De todas formas, trabajar en un empleo remunerado no exime al preso de realizar tareas generales del establecimiento que se determinen en los reglamentos internos. Estas prestaciones no son remuneradas, “salvo que fueren su única ocupación”. (Chequeado 22/10/2024)

La ley estipula que el sueldo de un interno se desagrega de la siguiente manera: 10 % para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito; 35 % para la prestación de alimentos; 25 % para costear los gastos que causare en el establecimiento; y 30 % para formar un fondo propio que se le entregará a su salida. También la legislación establece que “si los bienes o servicios producidos se destinaren al Estado o a entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las 3 cuartas partes del salario mínimo vital y móvil. En los demás casos o cuando la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será igual al salario de la vida libre correspondiente a la categoría profesional de que se trate”.

Desde el Ministerio de Seguridad aseveran que el 34 % de los internos del SPF realizan trabajos y quieren llevar esa cifra al 60 %. Pero los datos vertidos por la administración liberticida chocan con el informe del 2023 del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución Penal (SNEEP), que relevo que, de los 12.000 presos de SPF, el 72 % tienen un trabajo remunerado.

La iniciativa de Bullrich, cae rápidamente en saco roto, cuando se toman los datos de las condiciones de vida de los internos de las cárceles argentinas. Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación de 2023 arroja que, a la alimentación deficiente, la falta de salud, abusos y torturas, se le suma “la alarmante situación de hacinamiento.” Según el informe, las personas detenidas en celdas colectivas equivalen al 73 % de la población carcelaria, lo que se traduce en un amontonamiento en los calabozos.

Julián Curi, subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, señaló que, el objetivo del programa es que “todos los hábitos de cuidado y mantenimiento es para la reinserción. Cuidar la celda, el pabellón y patios, son cuestiones básicas y no estaba reglamentado. A partir del programa Manos a la Obra lo ordenamos.” Con la cantinela de la reinserción, el gobierno liberticida deposita la responsabilidad del hacinamiento y la insalubridad carcelaria en los internos, cuando es el Estado el que, por el articulo 18 de la Constitución Nacional. debe garantizar las condiciones necesarias de alojamiento en los centros penitenciarios. A la precariedad en la que los internos realizan trabajos, se le suma, a partir de esta resolución, las tareas de carácter forzado, que el gobierno busca maquillar con el argumento de que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia (....) y resulta funcional a una subcultura carcelaria (...) contraria a la legalidad y a los fines de reinserción social.” La sobrepoblación carcelaria es la expresión, por un lado, de la falta de inversión del Estado, a través de los sucesivos gobiernos, en el servicio penitenciario, y por el otro, de la descomposición de las relaciones sociales en su conjunto.

Servicio Cívico

El otro anuncio rimbombante de Patricia Bullrich, es el de la vuelta del Servicio Cívico para jóvenes de ente 18 y 24 años que no trabajan ni estudian, como si esto último fuera una situación de la esfera personal, cuando es la responsabilidad de todo un régimen político. En 2019, cuando Bullrich ocupaba la misma cartera en el gobierno de Mauricio Macri, se implementó este programa y fue eliminado por la gestión Alberto Fernández. El programa, de carácter voluntario, busca, según el Ministerios de Seguridad, “Formar valores cívicos, disciplina y respeto”, bajo la batuta política de Bullrich, que cuenta en su prontuario la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel, la represión a jubilados y niños y tantas otras tropelías.

La iniciativa de Bullrich no es nada novedosa. El Servicio Cívico fue debatido en el Congreso, a instancias de un proyecto presentado por el entonces vicepresidente de la Nación, Julio Cobos y contó con la venia de Cristina Fernández de Kichner. La “colimba” voluntaria de Bullrich se pondrá en marcha con la colaboración de Gendarmería Nacional y el Ministerio de Capital Humano. La misma Gendarmería, que está en el ojo de la tormenta por el asesinato del bagayero Fernando Martin Gómez en la ciudad de Orán con un tiro en el pecho. La ministra de Seguridad justificó el operativo de Gendarmería con el argumento de la lucha contra el narcotráfico.

A partir de 2025, el Servicio Cívico se implementará en 11 ciudades de todo el país. Uno de los lugares elegido para desarrollarlo es Campo de Mayo, ex centro clandestino de detención. El Ministerio de Capital Humano estará encargado de llevar adelante la convocatoria a través de Subsecretaria de Empleo y Formación Laboral. Pettovelo, que se ha encanutado millones de toneladas de alimentos destinados a comedores populares, será una de las encargadas de brindar “herramientas y capacitación educativa” a los jóvenes que se inscriban en el programa, para sacarlos de “la calle y alejarlos del delito y las drogas.”

La agenda que impone Bullrich es la confesión de partes de un gobierno que, por un lado, busca regimentar a una juventud cruzada por la precariedad laboral y la pobreza y, por el otro, a través de medidas de carácter punitivo, acentúa las condiciones de precariedad hacia dentro del sistema penitenciario. Sin poder (ni querer) resolver la cuestión de fondo, que implicaría una reorganización social sobre nuevas bases, los liberticidas se han esforzado en el año de gobierno, de aceitar todo el andamiaje represivo del Estado para poder descargar un plan de guerra sobre los trabajadores.