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Cuando se creó el impuesto País durante el gobierno de Alberto Fernández -tributo que este año recaudó más que las retenciones a las exportaciones– se aprobó con una cláusula de distribución.
La misma establecía que la recaudación se destinaría en un 70% a la ANSES –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI– el 9% se debía reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debía ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas. El último 1,5% debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.
Apenas asumió Milei saqueó esos fondos. Mediante el decreto 193 eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregarle esa diferencia a obras públicas. Pero la mayoría del dinero de las obras públicas no se ejecutó, y para blanquear que en realidad se lo quedó el Tesoro -para pagar deuda e intervenir en los mercados paralelos de dólares- apareció un pagaré con 12 ceros. “Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial (La Nación 23/12).
El “préstamo” se hizo el 18 de diciembre mediante un pagaré gratuito cuyo vencimiento es el 18 de marzo de 2025, pero nadie espera que se devolverá entonces, sino que se va a patear indefinidamente hasta que pierda su valor a fuerza de inflación. A Milei-Caputo no les alcanza con tener a su disposición todos los fondos excedentes que les brinda el presupuesto devaluado del 2022, sino que meten mano en fondos asignados con un destino específico como los préstamos del BID y el impuesto PAIS. Una malversación de fondos lisa y llana que se publica en el Boletín Oficial sin que el Congreso ni el Poder Judicial abran la boca.
Es un default que cuesta vidas. El parate de la obra pública tiene incidencia directa en el aumento de accidentes viales. Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), de Santa Fe, alertaron que este año en la ruta 34 “murieron siete personas cada 100 kilómetros” y este dato “supera las víctimas fatales de los últimos seis años”. En algunas localidades, como en Mercedes, se están realizando movilizaciones a los peajes en reclamo por el mal estado de las rutas que, además de los muertos y heridos, ocasionan daños severos en los vehículos.
La desregulación de la obra pública
El Gobierno eliminó el artículo 13 de la ley de Obra pública, el cual determina que las empresas ejecutoras deben figurar en el “Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento”, y reemplazó este requisito por una declaración jurada.
Esto perjudica en primer lugar a la “casta” de empresas que están en el Registro. Las principales están implicadas en la causa Cuadernos por pagar sobornos para conseguir asignaciones de obra.
Pero el hecho de que se deje de lado cualquier tipo de reglamento y que cualquier empresa sin ser del rubro y sin tener pruebas de idoneidad se haga cargo de la obra pública, pone en juego no solo la calidad sino la seguridad de la infraestructura. Porque, además, el principio que prima en la desregulación es la reducción de costos, lo que también pone en riesgo la seguridad.
La semana pasada, el accidente del avión en San Fernando que costó dos muertos puso en cuestión nuevamente la desregulación del transporte aéreo.
El gobierno ya ni se gasta en discutir que la privatización del financiamiento de buena parte de la obra pública es inviable. Los argumentos son innecesarios: no hay oposición que le reclame algo. De lo que se trata es de saquear los fondos del erario público para destinarlo a dibujar un superávit fiscal que no existe a fuerza de defoltear pagos y compromisos del Estado, a costa de la seguridad vial y las vidas de los trabajadores.
