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Esta semana nos enteramos de la resolución judicial de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que autoriza al Intendente Genusso de Juntos Somos Rio Negro a firmar el contrato con la empresa Capsa que ya tiene la concesión del Cerro Catedral y que continuaría con ella hasta el 2056.
El escándalo que se produjo consiste en que es una resolución de la Justicia de Rio Negro producida en plena cuarentena mientras miles de juicios laborales y hasta penales están paralizados por el aislamiento social obligatorio. Para este enorme fraude la Justicia se habilitó a sí misma.
El crimen incluye la burla a la negativa popular manifestada en las movilizaciones masivas en 2018 al conocerse los términos del nuevo contrato con Capsa, cuyos dueños son ni más ni menos que los mismos de Vía Bariloche. En ese contrato tan repudiado se mantiene la concesión directa hasta 2056, a cambio de un canon anual equivalente al valor de 13500 pases, en dos cuotas. Una cifra irrisoria– se expiden 15000 pases diarios de esquí. Por otra parte, la nueva urbanización y el complejo hotelero que planifican demandaría millonarias inversiones para asegurarle los servicios de electricidad, gas, agua y saneamiento, cuyo costo recaería sobre el Estado y no sobre los particulares beneficiados.
En aquel momento se reunieron y se presentaron a la justicia miles de firmas de barilochenses que planteaban un referéndum que definiera si el pueblo de Bariloche quería ese contrato o no ya que se consideraba inconstitucional la ordenanza 2929 dictada por el intendente Genusso que le permitía prorrogar ese contrato y entregar el patrimonio local a esa empresa a partir de 2026 por ¡treinta años!
La resolución judicial actual es fundamentada en que el legislador del Frente de Todos Alejo Ramos Mejía desistió de la acción judicial y en que dos ex concejales, Ana Marks y Daniel Natapof también del Frente de Todos, eran solo adherentes. Ramos Mejía había recurrido a la Justicia hace casi dos años para impugnar esa prórroga y consiguió una medida cautelar que mantiene trabado hasta hoy la firma del contrato.
Es decir que estos legisladores lograron en aquel momento encauzar el repudio popular conduciéndolo hacia la Justicia. Se bloqueó el referéndum y se impuso un amparo que ahora queda sin efecto.
El entramado político estatal queda expuesto en este episodio con toda su podredumbre. El legislativo engaña, el ejecutivo entrega y la justicia avala.
Solo la movilización y organización de los trabajadores logrará un Cerro Catedral que al mismo tiempo que produzca ganancias para costear las necesidades populares permita que las masas laboriosas puedan recrearse en ese lugar privilegiado de la naturaleza.
